El Consejo de Administración de Mercasevilla rechazó ayer despedir de nuevo al que fuera director adjunto de la firma, Daniel Ponce, cuyo primer despido ya fue declarado improcedente por el Juzgado de lo Social número 11, que obligó a la empresa a readmitirlo. La sentencia, de febrero, declaró improcedente el despido y condenó a la empresa a readmitirlo en sus mismas condiciones laborales o indemnizarlo con 239.585,7 euros y los salarios dejados de percibir.
El consejero apoderado de la sociedad mixta, el concejal socialista Alfonso Mir, explicó que, si bien el último consejo de administración había acordado que los servicios jurídicos de la empresa y del PP del Ayuntamiento estudiasen conjuntamente las posibles causas para una nueva ruptura de la relación contractual con Ponce, la "conclusión" de la primera de las partes resuelve que "no hay ninguna aportación nueva que haga posible ese despido", indicó el edil a Europa Press.
No fue ésta una opinión compartida por el PP. El también consejero de Mercasevilla y portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, advirtió de que los informes de los servicios jurídicos de su partido ven "legal y viable" el nuevo despido de Ponce. Pérez atribuyó el fracaso del primer despido a supuestos defectos de forma en los que la empresa habría incurrido de forma intencionada a cuenta de lo que el PP bautizó en su momento como un "despido impostado". Los populares defienden que se trató de una maniobra para contentar a la opinión pública pero garantizar la permanencia de Ponce en la plantilla.
"COBRARÁ 200 EUROS AL DÍA". El concejal popular recordó también que Daniel Ponce es "uno de los mayores responsables" de la trama que investiga la juez Mercedes Alaya, quien le ha imputado en las tres causas incoadas, y recordó que, en función de su salario, seguirá cobrando en torno a "200 euros al día".
Beltrán mostró también su rechazo a la propuesta del vicepresidente de la firma y portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, de reducir "drásticamente" el volumen del consejo de administración. "Tras esto se esconde una posible eliminación de personas molestas" en dicho órgano de gobierno de la empresa, según abundó el concejal popular, que propuso que el consejo de administración prescinda del alcalde, porque pese a figurar como presidente de dicho órgano, "no está" en las sesiones "ni se le espera", criticó.
En cuanto a Ponce, ha elevado a la vía Social una demanda contra la negativa de Mercasevilla a incluirlo en el recién expirado expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007 y permitir así su prejubilación.
Mir, con todo, aseguró que Mercasevilla "no está contenta" con la inclusión de Ponce en su plantilla, pero se remitió a la mencionada sentencia que obligó al reingreso del ex directivo.
El presidente del comité de empresa de empresa, Rafael Domínguez (CCOO), consideró, por su parte, que la idea de someter a un nuevo despido al ex director adjunto de la empresa "no tenía ni pies ni cabeza", porque después de que el Juzgado de lo Social número 11 declarase improcedente su primer despido, un nuevo intento podría haber desembocado en el "blindaje" de esta persona imputada en las tres causas incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis en cuanto a la anterior gestión de la compañía. El presidente del comité de empresa respaldó la decisión de no emprender un nuevo despido disciplinario contra Ponce, medida cuyo estudio había aprobado el anterior consejo de administración.
Domínguez rememoró las imputaciones que pesan sobre el ex director adjunto y advirtió de que "mientras no haya sentencia firme en el plano judicial, en el plano laboral no se puede actuar".
