La Secretaría de Relaciones Exteriores de México indicó ayer a través de un comunicado de prensa que presentó un escrito como "amigo de la Corte" ante una Corte Federal en Phoenix (Arizona) en la causa. La figura de "amigo de la Corte" permite dotar de información al juez de la causa para enriquecer su criterio, según indicó el comunicado. Además, la cancillería precisó que entre los organismos que presentaron la primera demanda están colectivos como Mexican American Legal Defense and Educational Fund, National Immigration Law Center, y American Civil Liberties Union.
La nota emitida por México también agregó que el Gobierno del país pidió a la Corte Federal que se declare "la inconstitucionalidad de la Ley SB1070 -como se denomina oficialmente- y se impida su entrada en vigor".
También destacó como "fundamental e imperativo" que se reconozcan los derechos humanos y civiles de los ciudadanos mexicanos cuando estén en Arizona o en cualquier otro estado de ese país. "México tiene el deber de proteger a sus nacionales y asegurar que el origen étnico no sea utilizado como criterio para cometer actos discriminatorios", indicó el texto de la cancillería.
delito menor. La Ley de Arizona, promulgada el pasado 23 de abril y que entrará en julio, convierte en delito menor la presencia ilegal en ese estado y permite a la Policía detener a quienes considere sospechosos de ser inmigrantes ilegales. Según cálculos oficiales en Arizona residen alrededor de 460.000 inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos mexicanos.
Por su parte, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se mostró "decepcionada" con sus "vecinos y amigos" del sur al confirmarse que el Gobierno de México había respaldado la demanda. "A pesar de las falsas afirmaciones y las inexactitudes del Gobierno de México en su reciente escrito presentado ante el Tribunal Federal, la aplicación de las leyes de inmigración de Arizona son razonables y constitucionales", explicó Brewer en un comunicado. "Estas leyes reflejan lo que ha sido la ley federal por décadas en los EEUU y se han construido protecciones legales para los derechos civiles", agregó la gobernadora republicana.
Brewer agregó que el pueblo de Arizona se niega a aceptar que el Gobierno de Estados Unidos no sea capaz de proteger a sus propios ciudadanos en contra de la descarga diaria de peligrosos narcoterroristas y traficantes de humanos. Y aseguró que se aplicarán y se respetarán todas las leyes incluyendo aquellas que castigan la discriminación. "Hemos tomado pasos adicionales para poner al día el entrenamiento de nuestros oficiales para aplicar de forma legal nuestras nuevas leyes y prevenir específicamente el perfil racial", argumentó la gobernadora norteamericana Brewer.
