Miles de funcionarios se concentraron ayer en diferentes ciudades andaluzas para protestar contra el recorte de los salarios y la congelación de las pensiones con el lema No a los recortes sociales y por la calidad de los servicios públicos.
En Sevilla, frente a la Delegación de Hacienda, protestaron unas dos mil personas, según fuentes policiales, entre ellas los secretarios regionales de UGT, Manuel Pastrana, y CCOO, Francisco Carbonero, y el presidente de CSIF Andalucía, Rafael Hurtado. Todos ellos coincidieron en señalar que esta concentración es "el primer aviso" al Gobierno y anunciaron una gran movilización para el próximo junio.
Pero no sólo en la comunidad se llevaron a cabo movilizaciones. Así, en Madrid, varios centenares de funcionarios públicos se congregaron frente al Ministerio de Economía y Hacienda, convocados por los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF, para protestar contra las medidas de recorte antes de que el Gobierno anunciara su aprobación definitiva ayer noche.
El secretario general de la Federación para la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, pidió al Gobierno la retirada de las medidas, que calificó de "absolutamente antisociales" y confirmó que los sindicatos continuarán con la convocatoria de huelga del 8 de junio.
Fossoul acusó a los bancos de estar "exigiendo el recorte de los empleos públicos", ya que el origen del aumento de las deuda pública surge de la "necesidad del Gobierno" de recuperar el sistema financiero "para insuflar" un dinero que "no ha llegado a las familias y empresas". "El Gobierno apostó por la vía más fácil, mientras que países como Francia y Portugal subían los impuestos. En España se opta por la misma vía de siempre, la de subir la contribución a los sectores más débiles", declaró.
Por su parte, el secretario de organización de la Federación de Servicios de UGT, Rafael Espartero, defendió la reducción del déficit "por la vía de los recortes de gasto y el aumento de los impuestos". "No entendemos cómo las grandes fortunas pagan un 1% por un dinero no productivo y los trabajadores por su nómina tienen que pagar un 20%", señaló.
Ante esta situación, y teniendo en cuenta que los sindicatos habían amenazado con la cercanía de una huelga general si el Gobierno aprobaba ayer dentro del paquete de medidas una reforma laboral "impuesta", el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, no quiso quedarse al margen. En este punto, aseguró que "el país no está para huelgas ni generales ni particulares", y que lo que hay que hacer es "aplicarse" para alcanzar un acuerdo en el diálogo social. "Y a partir de ahí, si no es posible que las tres partes nos pongamos de acuerdo, está el Gobierno, que es a quien corresponde gobernar", añadió.
«Quieren llenar la caja con una ‘pesetica' de cada español»
La posibilidad de una huelga general más allá de la que celebrarán funcionarios y pensionistas el 8 de junio dependerá del resultado de la reunión convocada el próximo 27 de mayo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal para abordar las medidas de ajuste como la reforma laboral. Así lo aseguraron ayer los secretarios generales de UGT-A y CCOO-A, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, respectivamente. Si no hay acuerdo "UGT y CCOO llamarán a la movilización a todos los trabajadores y ahí voy a ver a aquéllos que llevan insultando y acosando a los dos sindicatos escribiendo justo lo contrario, en contra de las movilizaciones, porque saben que una vez que se enciende el fuego de la movilización, nadie sabe dónde terminará el incendio," aseguró, para posteriormente añadir que "afectará a quien gobierne, claro, pero también a los que nos han llevado a esta situación, han robado la caja y ahora pretenden que se la llenemos, como decía Lola Flores, poniendo una pesetica cada español", concluyó tajante. Carbonero vaticinó que "habrá una campaña de desprestigio a los sindicatos porque somos molestos. Un día nos criticarán porque no convocamos huelga general, y cuando la convoquemos dirán que es tarde".
Pastrana quiso "poner cara a los funcionarios", una idea "muchas veces tratada de forma peyorativa" y lo hizo poniendo datos sobre la mesa: de los 257.294 empleados públicos de la administración andaluza, "sólo 27.000 trabajan detrás de un mostrador o ventanilla". Luego tradujo los números de forma personal. "Quienes a mí me salvaron la vida el pasado domingo 2 de mayo [estuvo hospitalizado por problemas de salud], quienes dan clases a mis hijos en la Universidad y quienes cuidan a mis familiares en residencias de ancianos son funcionarios".
