Francisco Javier Hervás ha pasado por casi todos los empleos posibles dentro de la cárcel en sus 18 años como reo. / El Correo
Desde la limpieza de los módulos al economato hasta encargado del material de mantenimiento. Francisco Javier Hervás ha desempeñado todos esos trabajos en las 23 cárceles por las que ha pasado durante sus 18 cumpliendo condenas. Al salir definitivamente, en 2010, le quedaron 180 euros de paro mientras que si no hubiera trabajado en prisión, algo que reconoce que dentro se ve «como un privilegio» al que aspira el 80% de los presos el 40% de la población reclusa que puede trabajar lo hace hubiera tenido derecho a 426 euros mensuales durante 18 meses, el subsidio de excarcelación. Es una de las discriminaciones que denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), cuyo responsable de cárceles, Valentín Aguilar, deja claro como Hervás que, si bien el trabajo en prisión tiene un indudable beneficio psicológico para los reos por cuanto les permite pasar parte del día fuera del módulo residencial y en contacto con diferentes personas, existe una vulneración de derechos laborales que nadie denuncia por miedo a represalias penitenciarias y ante la que la Inspección de Trabajo y los sindicatos cierran los ojos.
El trabajo remunerado en prisión está «cotizado», admite Hervás. Y aunque existe unos criterios de selección para valorar las instancias de quienes lo solicitan, que prima a los penados sobre los presos preventivos, el comportamiento, las aptitudes labores y el tiempo de condena, lo cierto es que es la conducta «y las relaciones con el sistema» (funcionarios, asistentes sociales, educadores, etc
) lo que resulta determinante. «El problema es que se supone que al entrar te hacen un programa individualizado de tratamiento donde se indica qué te viene bien pero en la práctica eso no existe, te hacen una ficha al ingresar y no hay seguimiento», asegura Hervás, quien señala que, «como la metadona, el trabajo en prisión sirve para tenerte sumiso».
Existe una tabla salarial que regula el sueldo por horas y tarea (lavandería, limpieza, mantenimiento, cocina, economato, etc
) pero en prisión hay dos tipos de trabajo remunerado: las labores propias de mantenimiento y los talleres productivos, gestionados con empresas de fuera que piden que se les hagan productos de confección o carpintería allí. En el acuerdo que suscribe el reo, no es un contrato propiamente dicho sino un alta de destino, no aparecen especificados el horario y salario y en el caso de los talleres productivos, no tienen acceso al precio que se paga por producto y la contabilidad de las piezas las lleva la dirección, según denuncian Aguilar y Hervás. El resultado es que los presos llegan a cobrar 0,50 euros la hora y en caso como la cocina las jornadas son de 7 a 20.00 horas. «No están trabajando las 13 horas pero sí disponibles en las cocinas», dice Aguilar. Hervás relata que su sueldo más bajo fue de 60 euros al mes en limpieza y el más alto, los dos últimos años en la prisión de Córdoba, de 290 euros como encargado del material de mantenimiento en el que, curiosamente, llegó a ser responsable del almacén donde se guardaban las armas previstas para los funcionarios en caso de motín, «una responsabilidad que obviamente no me correspondía».
Para Hervás, es contradictorio que «te prepares dentro para adquirir una disciplina laboral y al salir no cuentes con un subsidio que te dé un impulso para rehacer tu vida». En su caso, capitalizó el paro para montar una microempresa en Córdoba pero comparado con el subsidio por excarcelación, «económicamente trabajar en prisión no compensa». APDH reclama un cambio legal que permita al reo al salir elegir qué prestación prefiere y que en la vida laboral no aparezca Instituciones Penitenciarias como empleador para que las empresas no sepan así si la persona tiene antecedentes. Pide a los sindicatos que entren en prisión para vigilar el cumplimiento de los derechos laborales ya que, legalmente, no hay impedimento y «ocurre que en un mismo centro de trabajo se protegen los derechos de unos trabajadores, los funcionarios de prisiones, y de otros no». Y también que actúe la Inspección de Trabajo. Según Aguilar, «en Andalucía, pese a nuetras denuncias, nunca lo ha hecho, en otras comunidades sí. Y eso que ha habido ceses que hemos recurrido en los juzgados y nos han dado la razón».
