Los 30 jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo llevan acumuladas 16 horas maratonianas de deliberaciones sobre la controvertida asignatura Educación para la Ciudadanía. Los magistrados deben decidir si la materia, obligatoria y evaluable, invade el terreno de la moral de los alumnos, y si las familias pueden sacar a sus hijos del aula, amparándose en la objeción de conciencia.
Ayer fue el segundo día consecutivo de deliberaciones, desde las 10.00 a las 13.30 horas, por la mañana, y desde las 17.00 a las 20.30 horas por la tarde. La Sala Tercera la conforman jueces progresistas y jueces conservadores. Cualquier fallo de este tribunal suele tardar días en ver la luz cuando deliberan entre seis o diez magistrados. En esta ocasión hay 30 jueces debatiendo. Su decisión podría obligar al Gobierno a cambiar la ley, o a miles de padres a devolver a sus hijos a clase.
El Supremo trabaja sobre cuatro recursos contrapuestos, tres que han presentado varias familias de Asturias en contra del fallo del Alto Tribunal asturiano que les prohibe objetar a EpC, y uno de la Consejería de Educación andaluza, la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que fue el primero de España en consentir la objeción a esta materia. El trabajo de los jueces consiste en resolver una doctrina única que termine con el desorden jurídico que hay en los distintos tribunales autonómicos de España, algunos a favor de EpC, y otros en contra.
