Los ayuntamientos gaditanos cada vez juegan un papel más importante en la lucha contra las viviendas ilegales. El último en adoptar una medida contundente sobre delitos urbanísticos es el municipio de Medina Sidonia que ha decretado el derribo de cinco edificaciones irregulares, que se encuentran en parajes naturales de especial protección en el núcleo rural del municipio.
El objetivo del alcalde, Francisco Carrera (PSOE), es frenar la "proliferación" de estas construcciones sin licencia en la localidad. Para ello está dispuesto a llegar hasta el final, de tal forma que si los propietarios se niegan a acatar la orden expresada por decreto, la administración local procederá a la demolición de forma subsidiaria. Carrera aseguró que cuenta con el "apoyo incondicional" de la Dirección General de la Inspección Urbanística de la Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Estas cinco viviendas ilegales, situadas en el núcleo de Malcocinado-Badalejos, son de segunda residencia y están ocupadas por personas que no viven en Medina. En total el Ayuntamiento tiene abiertos unos 220 expedientes urbanísticos, de los cuales algunos siguen su curso en los juzgados, otros están pendientes de un proceso de legalización y en algunos casos se han dictado ya órdenes de derribo.
Otro de los principales temores de las administraciones públicas en este ámbito es la adquisición de viviendas por compradores que desconocen su falta de legalidad. Para evitar estas situaciones que se están dirimiendo en los tribunales el alcalde recordó que a través de su delegación de Urbanismo se informa a todos los ciudadanos de las características del suelo en el que pretenden comprar cualquier parcela rústica.
