Ocho hombres, los que forman el consejo de administración del Betis, tienen hoy en sus manos, en su voto, la posibilidad de volver a cambiar el futuro del club verdiblanco. El órgano sobre el que recae el poder en el club se reúne esta mañana en el estadio para decidir si definitivamente se celebra la junta extraordinaria de accionistas convocada para el 20 de agosto o si por el contrario la desconvoca. Si no se celebra, Luis Oliver continuará en la cúpula de poder hasta diciembre, cuando se celebre la junta ordinaria de cada año. Si la asamblea tiene lugar, el cambio de régimen está casi garantizado porque las acciones de Farusa aún estarán inhabilitadas para entonces.
El resultado de la votación es una incógnita. De los ocho consejeros, a priori, se puede intuir que el presidente, José León, y los dos hombres que llegaron con Bitton Sport, Oliver y Ángel Vergara, votarán en contra de la asamblea. Hasta ahí, todo claro. El vicepresidente Rufino González y el consejero Manuel Castaño, los que más acciones tienen de todos los que forman el consejo, deben de votar a favor de la junta. Por dos razones: la primera, que ninguno soporta que una persona con un par de acciones haya cogido el mando del club; y la segunda, que si quieren ser alguien de verdad en el Betis -sus acciones los legitiman para ello-, necesitan que haya un cambio.Si la junta de accionistas es desconvocada, quienes voten en el sentido contrario quedarían muy desautorizados... a no ser que todos voten contra la asamblea, planteamiento extraño pero no descartable porque a todo esto hay un recurso de Lopera y la Fiscalía contra la suspensión de las acciones de Farusa. A lo mejor Rufino y Castaño optan por no llevar la contraria a Oliver: si la Audiencia contradice a la jueza, el navarro recuperará el 51% del capital social, su mandato será irrebatible y la situación de quienes se hayan opuesto a él sería insostenible. El recurso de Lopera, apoyado en algunas de sus tesis por el Ministerio Público, hacen precisamente que todo en el Betis tenga carácter provisional. Hasta la junta del 20-A y sus consecuencias lo serían.Si Rufino y Castaño dan al fin ese paso adelante que ha sido solicitado hasta por los grupos de la oposición, necesitarán que tres de los cuatro consejeros restantes se adhieran a sus ideas para ganar la votación. Antonio Álvarez, responsable del área social, y José María Blanco, coordinador general, son hombres de Manuel Ruiz de Lopera al 100%, pero el primero, por ejemplo, no puede ver a León y hay quien asegura que hoy pedirá su dimisión. El voto de Jaime Rodríguez Sacristán, encargado de los servicios jurídicos y secretario del consejo, es incierto, como casi todo en general. Y hay un noveno consejero, Francisco Nuchera, pero por lo visto está de viaje y todo apunta a que no asistirá a la reunión. A León y Oliver les basta con un solo voto para ganar el referéndum (si hay empate a cuatro, decide el presidente). Pero si surge la sorpresa -"me sorprendería que el 20-A se celebre la junta", admitió ayer el portavoz de Béticos por el Villamarín-, ni siquiera es descartable que Rufino y Castaño exijan la dimisión de León. En ese caso, el nuevo presidente sería Castaño, para quien dirigir el club es una antigua aspiración. Pero claro, nada de esto será válido si la Audiencia devuelve las acciones a Farusa. Un lío, como todo en el Betis.
Los responsables de Por Nuestro Betis (PNB) y Béticos por el Villamarín (BXV) se reunieron ayer durante unas seis horas y de tan extenso encuentro salió un objetivo común: desbancar a Luis Oliver del poder, ya sea el 20 de agosto o en la junta ordinaria de diciembre si es que el consejo desconvoca hoy la del mes próximo. Esa meta no pasa por alcanzar un pacto con consejeros actuales, léase Manuel Castaño. El presidente de PNB, José Antonio Tirado, tuvo que dar explicaciones a sus compañeros por sus declaraciones del martes, cuando dio a entender que a su grupo no le importaría aliarse con el abogado. La asociación ya difundió una nota por la mañana en la que aclaraba que está dispuesta "a hablar con todo accionista significativo para tratar las alternativas de gestión del Betis de futuro," aunque con varias premisas, entre ellas la "negativa absoluta" a una ampliación de capital y sobre todo el "compromiso" de que el consejo de administración se persone en la querella contra Lopera. PNB, de todas formas, deja una puerta abierta: "En el caso de los actuales consejeros con paquetes accionariales relevantes, PNB jamás apoyará a una candidatura que los incluya si no existen las garantías suficientes de cumplimiento" de esas premisas. BXV es más tajante y anuncia que tarde o temprano pedirá responsabilidades judiciales "a todo el consejo". De ahí su rotundo rechazo a sentarse siquiera a hablar con Castaño o Rufino. "No sería coherente", dice su portavoz, Emilio Soto.
