El ex secretario general del PA y alcalde de Écija de 1995 a 2003, Julián Álvarez, es uno de los tres procesados para los que se piden tres años de prisión por un presunto delito contra la integridad moral de la ex directora del antiguo geriátrico municipal, un juicio que está previsto para hoy a las 9.30 horas en el Juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla.
Los otros procesados son Manuel Lazpiur, ex director de comunicación del PA y concejal de Interior en el último gobierno local del partido en Écija, y la concejal del PP Teresa Chacón, responsable de la desaparecida residencia de ancianos entre 1999 y 2002. También está citado a declarar el que fuera responsable de organización del PA, Javier Fernández Franco, para el que la acusación pide una pena de dos años de prisión por el mismo motivo.
La condena solicitada lleva inherente la pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, según José Ramón Fernández, abogado de la ex directora del asilo, María José García, que, según su letrado, fue acusada sin fundamento de quedarse con dinero de los ancianos, con el objetivo de “menoscabar su integridad moral, humillarla y poner en duda su honor”.
Han pasado casi cuatro años de instrucción en el juzgado de Écija, con hasta tres jueces diferentes e innumerables recursos después de haberse presentado el auto de procesamiento.
Tanto los andalucistas como la popular fueron acusados por la Fiscalía de Sevilla en octubre de 2009 de emprender una campaña contra la directora del geriátrico municipal, que fue despedida en 2002. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consideró nulo este despido. La condena de año y medio de cárcel para cada uno de los encausados fue recurrida por la acusación particular.
Fuentes del caso expusieron que el Juzgado de Instrucción número 2 de Écija remitió las actuaciones a Sevilla para celebrar el juicio, una vez que el ex alcalde y los otros tres procesados depositaron un aval de 9.850 euros para hacer frente a las futuras responsabilidades civiles.
Según las mismas fuentes, el despido de la directora del geriátrico municipal generó “un clima de tensión” entre el Ayuntamiento de Écija y los trabajadores por la voluntad de privatizar la gestión. En ese contexto, el ex concejal de Interior aseguró en un pleno que se había iniciado una investigación que revelaba que en el asilo se habían producido 30 caídas en un año e irregularidades con el dinero de los internos. No fue lo único.
En abril de 2002, en una circular a afiliados del PA, el que fuera responsable de organización del partido exigió “responsabilidades” a la directora del asilo y le pidió cuentas por el hallazgo de una caja de zapatos con 2.900 euros.
