PP e IU acusaron ayer al Gobierno andaluz de tener una "agenda oculta" de ajustes basada en un "hachazo al gasto social" y un recorte a los derechos y servicios de los ciudadanos que la Junta insistió en negar. La oposición pidió un pleno extraordinario en julio en el Parlamento para aclarar lo contenido en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio que la Junta llevó al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que no fue facilitado ni por el Gobierno central ni por el autonómico sino que, ante la sorpresa del PSOE y de la Junta, lo sacó a la luz el PP el jueves.
Tanto el presidente José Antonio Griñán como la portavoz y consejera de Presidencia, Mar Moreno, insistieron ayer en la tesis mantenida durante el pleno parlamentario:que el documento sólo retrasa objetivos marcados en el programa electoral socialista y el discurso de investidura de Griñán en materia de recursos e infraestructuras educativas, sanitarias o de servicios sociales, pero "no hay recortes sociales a día de hoy en Andalucía", dijo ayer Moreno, ni se "va a quitar ningún derecho social ni prestación", subrayó Griñán.
Mientras, PP e IU cifran el recorte del gasto social contenido en el plan en 1.700 millones de euros.
El coordinador de IU, Diego Valderas, criticó el "retroceso en materia educativa, sanitaria y de dependencia". Para el líder popular, Javier Arenas, los planes del Gobierno socialista pasan por la subida de impuestos, el recorte de inversiones y del gasto social y al mismo tiempo "mirar para otro lado". A su juicio "se trata de una estrategia suicida en términos económicos y sociales" y ha encargado a su grupo parlamentario contrarrestarla con la elaboración de una propuesta "concreta y minuciosa" para rebajar el gasto corriente en la administración andaluza.
