«Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social», reza en nuestra Constitución. Una teoría a la que ponen cara María, Miguel, Joaquín o Pedro, cuatro de los 67.062 reclusos que a día de hoy ven pasar sus días tras la rejas de su celda aferrados a la que para ellos es una «oportunidad» que les ha dado la vida para cambiar su torcido rumbo. Es el fin de nuestro sistema judicial, incomprendido por gran parte de la sociedad que le reclama algo más cercano a la venganza que a la recuperación de estas personas, con debates como el de la instauración de la cadena perpetua revisable o el endurecimiento de la Ley del Menor. La pregunta que aquí nos planteamos es si en nuestras prisiones se cumple este derecho, si las posibilidades de cambiar a una persona son reales, cómo es la vida en la prisión y qué le espera a un preso cuando cumpla su condena.
Para contarlo y desmenuzar una realidad tan desconocida para la mayoría de las personas, no hemos podido visitar uno de los centros penitenciarios de la provincia, como nos hubiera gustado si Instituciones Penitenciarias no nos hubiera denegado sistemáticamente cada una de nuestras peticiones. Desde esta institución sólo se han limitado a remitirnos a su página web y a la información que en ella se recoge. Sin embargo, esto no ha sido un obstáculo para que hayamos podido conocer a personas que han pasado parte de su vida entre rejas o haber convivido durante unas horas con unos internos que han podido saborear brevemente la libertad gracias a la peregrinación que cada año se organiza desde el Centro Penitenciario de Huelva hacia la ermita de El Rocío. También hemos podido acompañar a menores infractores en su rutina diaria en un centro de reforma, cuyos índices de reinserción son muy elevados, pues la Justicia juvenil puede presumir de que el 80 por ciento de los menores no vuelve a reincidir. En el caso de los adultos no hay cifras oficiales, pero sirva como ejemplo que el 66 por ciento de la población reclusa ha estado en más de una ocasión en prisión.
El proceso de reinserción social de una persona comienza en cuanto ésta cruza la puerta de una cárcel. El reo tiene que ser clasificado en uno de los tres grados en los que se divide la población penitenciaria. La dirección del centro tiene dos meses para llevar a cabo esta clasificación, para lo que es necesario realizar diversos estudios al preso. La clasificación, propuesta por la Junta de Tratamiento, tiene en cuenta la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de la pena, incluso el medio al que retornará cuando cumpla condena.
El primer grado es el más restrictivo y se aplica a aquellos internos de «peligrosidad extrema» o a aquellos que no se adaptan al régimen ordinario o que no quieren someterse a tratamiento terapéutico. Supone algo más de un millar de presos (1.101). El segundo grado es el más habitual, pues es en el que están clasificados 41.301 presos, y en él se encuentran todos los internos con unas circunstancias personales y penitenciarias de normal convivencia, pero que aún no pueden vivir en semilibertad. Éste es el caso de los internos clasificados en el tercer grado, al que se puede llegar una vez que hayan completado parte de su condena, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, o desde el mismo momento del ingreso en prisión en casos de condenas cortas y cuando concurran circunstancias personales adecuadas, como el apoyo familiar.
La vida en segundo grado, o régimen ordinario, es una rutina diaria que el preso tiene que aceptar y cumplir. La subdirectora de Tratamiento del Centro Penitenciario de Huelva, Esther Montero, explica que en su prisión hay hasta 14 módulos, de los que seis son de respeto y otros dos son las llamadas Unidades Terapéuticas y Educativas (UTE). Los módulos de respeto son «pequeñas comunidades» en las que los internos acaban interiorizando las normas de la prisión. La organización se realiza a través de comisiones en las que «ellos mismos toman decisiones» y por pequeños grupos que se encargan del cuidado de las instalaciones. «Funcionamos por un sistema de puntos, en el que el grupo que obtenga más punto es el que elige qué parte del módulo se encarga de limpiar a la semana siguiente. Todos quieren limpiar los cristales y ninguno quiere los baños», bromea Montero. Para implicar y crear conciencia de grupo tanto los negativos como los positivos que cada preso obtenga computan para todo el grupo, «así si alguno de ellos lleva una conducta errónea sus propios compañeros se lo recriminan porque perjudica a todos».
La jornada de los presos comienza a las 7.45 de la mañana con el recuento en las celdas, duchas y desayuno en el comedor a las 9 horas. Los reclusos del módulo de respeto comienzan poco después sus actividades en los diferentes talleres o servicios que hay que prestar en la prisión como es la cocina o la lavandería. En el caso de Joaquín su mañana la pasa en el taller de tarrinas para las fresas, en el que se dedican «a preparar los envases» para este producto y del que dice con orgullo que es el «encargado». Él lleva siete años en prisión y aún tiene pendientes otros cuatro años por un robo con fuerza y en este tiempo se ha arrepentido de la vida que llevaba, enganchado a las drogas. «Ahora no tomo nada y he tenido ya seis permisos y cuando vuelvo me hacen las pruebas y ven que no he consumido», un primer paso que él sabe que es fundamental «para tener esperanza» y cambiar su destino.
Tras la mañana en el taller, llega la hora de la comida a las 13 horas. Joaquín sonríe y aprovecha para destacar que los recortes «se notan» y que en los últimos dos años ha bajado la calidad de la comida, que siempre es probada por alguien de la dirección antes de ser servida. Luego se marchan a su celda hasta las 16.30 horas. «En mi caso vuelvo a trabajar por la tarde, pero eso no se lo conceden a todo el mundo, tienes que cumplir todas las normas y demostrar que colaboras», explica. El resto pasa la tarde en el patio o en otras tareas.
Además de los módulos de respeto, en prisión también hay otras unidades especiales que son las UTE. La web de Instituciones Penitenciarias explica que se trata de «módulos independientes que albergan a internos en programa integral de drogodependencias». La prioridad en estas unidades es evitar a toda costa que los internos consuman droga, no sólo en las salidas, sino en el propio centro, pues como reconocen todos los que trabajan en centros penitenciarios, en las cárceles españolas entra y se consume droga. De hecho, son los propios internos los que se controlan y si ven que un compañero tiene algún tipo de sustancia es comunicado a los funcionarios y si no desiste es expulsado del módulo. Es el caso de Pedro, uno de los internos que ejerce de encargado de la UTE y que tiene muy claro que quiere llevar «una vida normal, con mi mujer, trabajar y formar una familia», y que para ello lo primero «es dejar la droga porque no lleva a nada bueno». Él lleva ocho años en prisión y desde entonces están en esta unidad, en la que está «muy contento porque tenemos mucho apoyo». Allí son como una pequeña familia y si entra droga «todos ponemos de nuestra parte», y todos asumen las normas. Por ello, en este módulo no se producen ingresos masivos, sino que en el mismo no entra ningún recluso nuevo «hasta que los anteriores no están integrados», señala Montero.
Alfredo y Eva forman parte del equipo socioeducativo de la UTE de Huelva. Ellos explican que la primera tarea que tienen que hacer y la más difícil es «desengancharlos de la droga, si no es imposible comenzar a trabajar con ellos». Los dos coinciden en que tras la mayoría de los presos existen «importantes carencias afectivas», pues la mayoría provienen de familias desestructuradas o de barrios conflictivos. «Muchos de ellos incluso tienen o han tenido a sus padres en prisión y ellos han pasado ya por centros de menores», señala Alfredo. Para él, el problema está cuando el preso sale a la calle cuando cumple su condena «porque entonces no sabemos qué ocurre con él y si está encontrando apoyos en su casa y en su entorno». «Nosotros los desenganchamos de la droga y les damos las herramientas para seguir una vida normalizada, porque ellos no tienen hábitos horarios ni de trabajo», destaca Eva. Su compañero insiste en que la falta de apoyos en el exterior unido al hecho de no encontrar trabajo «hace que caigan de nuevo, y a lo mejor ya no consume, pero sí trafica con droga porque necesitan dinero y lo tienen fácil a la mano». Por eso una de las cosas que más les duele es ver «que alguien que creías que estaba preparado vuelva a los tres meses». «Nosotros damos el alta terapéutica, lo que ocurre después no lo sabemos», indica Eva. Los dos echan en falta más medios y critican «la doble moral» que existe desde la Administración. «No sé cómo hubiera actuado yo en su lugar, en sus mismas condiciones. Probablemente igual», dice Eva de unión Romaní, una de las ONG que trabaja en Huelva.
Asimismo, en las cárceles españolas se imparten diferentes programas dirigidos a personas que han cometido delitos concretos como agresiones sexuales o violencia de género. En el primer caso los índices de reincidencias son muy elevados, de ahí la importancia de estos programas que se dividen en agresores de adultos y de menores. Unas terapias grupales que se desarrollan semanalmente, durante aproximadamente dos años. Montero recuerda, entre las muchas actividades que organizan, los actos por el Día de la Mujer en los que «un violador hizo un relato en el que reconocía que no había valorado a su víctima, y que cuando se paró a pensar que su madre y su hermana son mujeres se sintió arrepentido y avergonzado de lo que hizo». La subdirectora sabe que es difícil trabajar con agresores y personas que han cometido delitos de sangre, «lamentablemente esto es lo que le llega a la opinión pública, pero esto son veintitantos casos entre más de 67.000 presos».
