El área de lactancia del Hospital de la Mujer de Sevilla. / Pepo Herrera
Son materias sensibles para la ciudadanía, la sanidad porque es una conquista asentada de la que incluso presume nuestro país en el extranjero y la atención a la dependencia porque fue el símbolo del progreso en derechos sociales en época de bonanza y la gran frustración cuando la crisis bloqueó su desarrollo. Los políticos se debaten entre marcarlas como líneas rojas a proteger de los recortes, en el caso de las fuerzas progresistas, y sacar la calculadora alertando de la dificultad de sostener un sistema que en Andalucía representa un tercio del gasto público (para 2015 hay consignados 8.427 millones la sanidad y 1.131 a dependencia) en un contexto de paro y falta de cotizantes, en el lado conservador, donde unos apuestan por centralizar competencias (como UPyD) y otros por auditar y racionalizar gastos de gestión (PPy Ciudadanos).
En estos tres años, el Gobierno andaluz de PSOE e IU y el estatal del PP han negado reiteradamente haber recortado en sanidad, pero el discurso no ha calado en los usuarios de hospitales y centros de salud donde esperan más a ser atendidos por unos profesionales saturados, les prescriben fármacos distintos a los habituales o les limitan pruebas. Y en estos años la percepción subjetiva achacable a un enfermo al que siempre le va a parecer que han tardado en atenderle se ha sumado la voz cualificada de los profesionales. Los trabajadores sanitarios han sido uno de los colectivos más crítico con la gestión del SAS, con el que han abierto varios frentes de movilizaciones e incluso en los tribunales y ha respondido indignado cada vez que oía decir que en Andalucía se gobierna de forma distinta a Madrid y no se recorta, o si se hace, es por culpa de las limitaciones de Rajoy que aquí se minimizan.
El PSOE ha tenido muy presente al colectivo y justo en precampaña la presidenta Susana Díaz anunció la devolución a 8.500 eventuales estructurales del SAS su jornada y sueldo íntegros (recortados desde 2012 al 75 por ciento en teoría para evitar despidos ante el límite a la cobertura de bajas y vacantes impuesto por el Estado) desde el 1 de marzo, y no progresivamente como había previsto. Además, tras años sin oposiciones, la Junta ha convocado en 2015 una amplia oferta pública de empleo con 3.232 plazas.
Pero lo cierto es que hay reivindicaciones que mantienen protestas en la calle como la devolución del 25 por ciento de la paga extra de 2012 que el Estado y otras comunidades ya han anunciado y extender los contratos al 100 por cien de la jornada y sueldo también a los 4.000 eventuales que cubren bajas y vacaciones cortas. Y tanto el PSOE como el PP lo incluyen en sus programas, además de promesas de estabilizar las plantillas. En este sentido, IU apuesta por ofertas públicas de empleo periódicas y coincide con Podemos en una progresiva eliminación de conciertos, subcontratas y servicios externalizados en sanidad, a diferencia del PP que mantendrá los conciertos.
Las medidas dirigidas a los usuarios se centran en la principal queja:las listas de espera y la calidad de los servicios más usados como son los centros de atención primaria y las urgencias.
PSOE y PP hacen propuestas muy concretas en materia de listas de espera. La Junta implantó hace años unos plazos máximos de 180 días para operarse (120 en el caso de las cirugías más comunes), 60 para consultas especialistas y 30 para pruebas diagnósticas que, en caso de superarse, obligan al SAS a derivarle a centros privados asumiendo el coste. Los últimos datos oficiales (de junio de 2014) fijan la espera media en 47 días para las operaciones más comunes, 42 para el especialista y 18 para pruebas, pero hay muchas diferencias entre provincias y centros y los sindicatos y la oposición siempre hablan de listas maquilladas. El PP promete acortar esos plazos. Podemos quiere impulsar el papel de la enfermería en Atención Primaria para reducir esperas y garantizar que el médico de familia pase más tiempo con el paciente y planificar con más antelación los recursos en épocas de picos para evitar colapsos como el de este invierno en urgencias pese al nuevo plan de reorganización de la Junta. IU apuesta más por incorporar nuevas coberturas al catálogo del SAS como la óptica, la ortopedia y el dentista.
Gasto farmacéutico Gran parte del gasto sanitario se va en farmacia, un ámbito en el que Junta y Gobierno mantienen una confrontación con el recurso estatal, de momento sin éxito, al sistema de subastas andaluza que saca a concurso los contratos con laboratorios. El PP se compromete a eliminarlo aduciendo que impide a los andaluces acceder a los mismos medicamentos que el resto. Todos hablan de centrales de compras e IU incluso de farmacia pública e impulsar a la larga la fabricación propia. Como Podemos y Ciudadanos, incluyen un rechazo expreso al copago.
Con la reciente polémica sobre los tratamientos innovadores de la hepatitis C sobre la mesa, el PSOE se compromete con estos pacientes y mantiene su apuesta por la investigación con células madre y el diagnóstico genético. En infraestructuras, anuncia nuevos chares y el PP un plan específico (se ha comprometido a poner el uso el Hospital Militar de Sevilla tras una década de abandono) y eliminar las habitaciones de tres camas.
El limbo de la dependencia En materia de dependencia, las listas de espera también centran las promesas. Durante la puesta en marcha de la ley, Andalucía presumió de desplegar el sistema a un ritmo mayor y atender a un porcentaje de usuarios por encima de su peso poblacional pero la crisis provocó un parón. El Gobierno del PP retrasó el acceso de nuevos usuarios moderados pero también en Andalucía se ralentizó la valoración del resto y hay un limbo de más de 50.000 dependientes que ya han pasado todos los trámites pero no reciben su prestación. Todos los partidos prometen agilizar los procesos, reducir las listas de espera y ese limbo, además de ampliar plazas de residencias y centros de día (actualmente hay 40.700 sostenidas con fondos públicos). También mejorar las condiciones laborales en un nicho que emplea a 27.000 personas. Podemos fija destinar el 1,2 por ciento del PIB al sistema.
