PSOE e IU eligieron ayer no rebajar la tensión que ha desatado el anunciado viaje del vicepresidente Diego Valderas a los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia), agravada ahora por el aviso de la presidenta Susana Díaz a sus socios, de que no permitirá que los militantes de IU decidan en un referéndum sobre su Gobierno. «Antes decidirán los nueve millones de andaluces», advirtió, sugiriendo un adelanto electoral.
Los socios del Gobierno de coalición acaban de aprobar los presupuestos autonómicos para 2015, principal instrumento de estabilidad política. Esto significa que, aunque ahora vengan aguas revueltas a cuenta de la cercanía de las elecciones municipales, la Junta ya tiene en su mano la ley que garantiza la ejecución de sus políticas para los próximos 12 meses. Con el presupuesto aprobado, Díaz puede agotar la legislatura, con o sin sus socios dentro del gabinete. La pregunta que trasladó ayer el número dos del PSOE-A, Juan Cornejo, fue: «¿Quieren estar dentro o fuera del Gobierno?».
Si la tensión con IU continúa, la presidenta puede romper el pacto y seguir gobernando en minoría. O puede disolver el Parlamento y convocar elecciones anticipadas (tiene de margen legal hasta fin de mes, porque entre unos comicios y otros debe haber dos meses de diferencia, y las municipales son el 24 de mayo). Pero los socialistas se sienten «comodísimos» en el marco del acuerdo que firmaron hace tres años, y no se inclinan por la ruptura. Tampoco lo quiere IU, que intenta equilibrar su papel institucional dentro del gabinete con un discurso crítico que le diferencie del PSOE ante sus militantes y ante la base crítica que se aleja hacia Podemos.
Lo que genera electricidad entre los socios son cuestiones en apariencia menores que están al margen del pacto, como el viaje al Sáhara o el referéndum sobre la permanencia de IU en el Ejecutivo. La consulta está programada para junio, y para no llegar a ese extremo, el coordinador regional, Antonio Maíllo, puso como condición que de aquí a junio, el Parlamento apruebe cinco leyes «prioritarias»: la banca pública, la renta básica, la ley de agricultura, la reforma de la ley de igualdad y contra la violencia doméstica y el decreto de suministros vitales. Díaz sintió que le imponían un ultimátum, que achacó al mayor protagonismo en la cúpula de IU de Alberto Garzón, alguien muy cercano a Maíllo, que admite que el pacto de Gobierno andaluz contradice su estrategia de convergencia con Podemos. Maíllo replicó ayer a Díaz con ironía: «seguramente la presidenta se explicaría mal», dijo desde Córdoba, «a nosotros nadie nos va a decir cuáles son los instrumentos que desarrollamos de consulta entre nuestra gente o entre la dirección».
La irrupción de Podemos en el tablero electoral andaluz explica, en parte, que se haya agudizado la tensión entre los socios. Los sondeos advierten de que Podemos le restará apoyos tanto al PSOE como a IU, y según con quién se hable de uno u otro bando, la formación de Pablo Iglesias se ve más dañina para socialistas o para comunistas. Lo que sí parece claro y así lo asumió este fin de semana la propia Díaz es que difícilmente se repetirán las mayorías absolutas: ni en las municipales ni en las generales ni en las autonómicas. Los ayuntamientos y los parlamentos quedarán más fragmentados con la entrada de nuevos partidos, y habrá que pactar tras los comicios. Ante esta disyuntiva, el PSOE-A envía guiños a sus socios para que elijan, antes de las municipales, si les renta más seguir junto a ellos en el Gobierno, o si prefieren distanciarse para converger con Podemos. Ninguna de las dos fuerzas se inclina por romper el pacto, pero ambos tienen lista su estrategia electoral en caso de que ocurra.
