La escuela de hostelería de Castilleja de Guzmán ha costado tres millones de euros de fondos públicos y estaba previsto que abriera este mismo año y que formase a entre 60 y 80 desempleados cada curso. Sin embargo, tras cuatro años de litigio, finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le ha dado la razón a los 22 vecinos que emprendieron una batalla contra el edificio por estar en zona verde y lo ha declarado ilegal, considerando "procedente" su derribo. Junta y Ayuntamiento recurrirán la sentencia, según avanzó el alcalde, Carmelo Ceba (PSOE).
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA dictó el 3 de mayo una sentencia por la que estima el recurso presentado por 21 vecinos y la abogada Lourdes Caraballo que ya en 2008, cuando se iniciaron las obras, pidieron su paralización. El tribunal asegura que el cambio en la normativa urbanística aprobada por la Junta para legalizar el inmueble es "nula de pleno derecho" y ordena la demolición.
Eso sí, ante esta sentencia cabe recurso de casación en el plazo de diez días, derecho que ejercerán la Junta y el Ayuntamiento según comentó Ceba. El alcalde apuntó que así lo acordaron tras una conversación con responsables del Gobierno andaluz, ya que "no entendemos nada". El regidor subrayó que la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) "tenía los informes favorables de los técnicos locales, de la Junta y del Consejo Consultivo andaluz" y que estaba justificado porque no había otro solar de propiedad municipal para levantar el proyecto, impulsado por la Junta, el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán y la Mancomunidad del Aljarafe.
"¿Cuál es el interés general? ¿El de cuatro particulares que impugnaron porque el edificio les estorba en las vistas de sus casas? Es un equipamiento municipal público, no son viviendas en Marbella", sentenció. En la misma línea, el gerente de la Mancomunidad, Tomás Botín, lamentó la sentencia y dijo esperar "que se pueda revocar". "El edificio está en una zona que estaba baldía y no está la situación para tirar tres millones, para desperdiciar proyectos que generan empleo y que no suponen perjuicio ni impacto", defendió.
El Consistorio modificó el PGOU y legalizó el edificio cambiando la calificación de la parcela, que dejó de ser zona verde, y contó para ello con el visto bueno de la Junta. De ahí que los vecinos recurrieran la resolución de la comisión provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo del 23 de octubre de 2009 que aprobaba, definitivamente, tal modificación del PGOU. La finalidad de dicho cambio, según la sentencia, fue "espuria". "No obedeció a la búsqueda y satisfacción de intereses generales, sino a intentar enmendar una actuación de ilegalidad", señala. Los jueces definen como "evidente ilegalidad" la construcción de un edificio de 2.000 metros cuadrados en una parcela de 15.420 destinada mayoritariamente a espacios libres y jardines de los que sólo 238 metros podían destinarse a "quioscos, bares, equipamientos culturales". Por eso considera que levantar un edificio de 2.000 metros cuadrados es una infracción "manifiesta, por ser patente, notoria y apreciable".
La Fiscalía de Sevilla llegó a denunciar en 2009 al alcalde de Castilleja de Guzmán, al arquitecto municipal y al autor del proyecto por la construcción ilegal del edificio, pero meses más tarde el juez archivó la causa penal a petición del propio fiscal.
Con el antecedente de la biblioteca del Prado
La sentencia del TSJA sigue la estela del fallo sobre la biblioteca del Prado de Sevilla, de hecho, recoge un extracto de la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal el edificio de la Universidad de Sevilla, a la espera de ser demolido. En concreto, estima el argumento de que el cambio del PGOU para modificar la calificación del terreno debió justificarse mejor. "El cambio de la calificación de unos terrenos para poder edificar sobre lo que era una zona verde, aunque se mantenga el uso público de la misma porque la construcción sea una biblioteca, sólo puede hacerse exponiendo las razones por las que ningún otro emplazamiento, que no liquide una zona verde, es posible".
Sin embargo, el alcalde de Castilleja de Guzmán, Carmelo Ceba, aseguró que en el municipio no había otro suelo público donde se pudiera levantar la escuela de hostelería y que, por ese motivo, el cambio en el PGOU sí está "justificado" en este caso.
La entonces Consejería de Obras Públicas inició una investigación que acabó en junio de 2009 con una orden al Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán de iniciar un expediente de revisión de oficio de la licencia de obras concedida en su día. Pero en vez de revocar la licencia, el Consistorio modificó el PGOU y legalizó el edificio cambiando la calificación del suelo, algo que aprobó la Junta. Los vecinos recurrieron esa resolución, que ahora el TSJA declara nula. La propia sentencia califica de "acertada" la decisión inicial de la inspección urbanística de la Junta y recuerda que la administración local ha de servir "con objetividad los intereses generales", no por su propio interés.
