El alcalde de Sevilla acompañó ayer al presidente del Colegio de Administradores de Fincas en la presentación. / EL CORREO
La recientemente aprobada Ley de Propiedad Horizontal del Gobierno Central exige, entre otros asuntos, la declaración tributaria de cualquier actuación efectuada en una comunidad de vecinos que supere los 3.000 euros; un error en la formulación de una demanda judicial por morosidad de un propietario podría impedir el proceso, existen subvenciones para solicitar la instalación de un ascensor en un bloque de viviendas. Son estos sólo algunos de los asuntos a menudo muy desconocidos en las comunidades de vecinos. Para ayudarlas y asesorarlas, el Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla (CAFS) acaba de poner en marcha un turno de profesionales al servicio de las comunidades. Sin embargo, no todas podrán hacer uso de la oficina.
Tendrán que cumplir dos condiciones: no contar con un administrador de fincas y tener escasos recursos económicos, «aunque esta última es flexible y no dejaremos a ninguna comunidad sin administrador de fincas sin atender, en caso de que necesite nuestra ayuda», apuntaron ayer fuentes autorizadas del CAFS.
La nueva apuesta del colegio, «pionera en el ámbito de las comunidades de propietarios del país», fue presentada ayer en la sede del colegio ante la presencia del alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y del portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Juan Espadas. Según dijo el presidente del Colegio, Rafael del Olmo, la oficina de atención viene a «poner de manifiesto nuestro compromiso y responsabilidad social, además de nuestra vocación de servicio».
Esta iniciativa surge ante las dificultades económicas que afrontan numerosas comunidades de vecinos de la ciudad y cuyas situaciones, dado los elevados índices de morosidad, las han obligado a prescindir del papel desempeñado por los administraciones de fincas, a los que no pretenden sustituir. «La elevación del nivel de morosidad, la adquisición de inmuebles por entidades bancarias, la nueva regulación de la afección real de la deuda de los comuneros a los inmuebles, el recién aprobado régimen de los acuerdos de la asamblea de propietarios, las obligaciones fiscales impuestas a las comunidades o las modificaciones que se han producido en el tratamiento de las tasas municipales son sólo algunas de las cuestiones que provocan esa demanda de información», aseguraron.
Así, el naciente proyecto, que se presta desde hace algunas semanas, se funda con el único objetivo de asesorar, solventar dudas, orientar y aclarar procedimientos a seguir por parte de las comunidades, «aunque la formalización de las acciones a emprender será responsabilidad de los propios vecinos y comuneros, encargados de emprender las medidas oportunas previa atención del servicio», especificaron fuentes del colegio de profesionales.
El turno de administradores estará integrado por profesionales cualificados y con una experiencia mínima de diez años «en el efectivo ejercicio de la profesión». Los presidentes, secretarios o comuneros de las comunidades, a las que se atenderán de forma totalmene gratuita, serán atendidas en la sede del colegio, en la calle Carlos Cañal.
Además, las solicitudes de atención a los vecinos, que serán resueltas en un plazo máximo de 15 días, también se podrán realizar a través de internet.
Esta nueva apuesta del Colegio profesional, que se pone al servicio de las comunidades con dificultades, contó en su presentación con el apoyo de numerosos presidentes y decanos de otros colegios profesionales, además de con el de la directora del área de Vivienda del Defensor del Pueblo, Amparo Arguisjuela, quienes no dudaron en destacar la utilidad de una iniciativa que servirá para la solución de conflictos en las comunidades de vecinos de la ciudad.
