A partir de septiembre, la delegación de Hacienda va a iniciar una campaña para sustituir las placas de vado ilegales por el modelo que ya aprobó el Ayuntamiento en mayo. Ahora sólo son legales las que tienen grabado un número de serie. El plan de acción pasa por aplicar un mecanismo para identificar las placas ilegales, de forma que sus propietarios no puedan llamar a la grúa en caso de que un vehículo haya aparcado delante de su puerta.
Los cálculos de la delegación cifran provisionalmente en 9.000 los vados que no cumplen la normativa del Código de Circulación, aunque prevén que, cuando se abra el proceso para sustituirlos, aparecerán bastantes más.
Dicho proceso comenzará en apenas un mes. Primero, se establecerán de dos a tres meses de período voluntario para que los ciudadanos puedan solicitar el cambio. Después, los que no lo hayan hecho dispondrán de seis meses donde será obligatorio que todos los vados ilegales desaparezcan. La delegada de Hacienda, Nieves Hernández, señaló ayer que se pretende "garantizar el tráfico y la seguridad jurídica". Apuntó también que la mayoría de las placas se habrán eliminado "en el último tramo del año".
¿Qué va a ocurrir hasta entonces? "Lo mismo que está ocurriendo ahora", señaló el presidente del Colegio de Administradores de Fincas, Rafael del Olmo. "Los vados que se siguen rigiendo por el artículo 45 [del Código de Circulación, ya derogado], no son válidos". Es decir, como la placa no es legal, al propietario no se le puede aplicar una sanción. Si esto ocurre, el sancionado tiene derecho a recurrirla. Y tiene todas las de ganar.
En el momento del cambio de placas, los administradores de fincas que pertenezcan al Colegio van a tener cierta ventaja. Ayer, su presidente y Nieves Hernández firmaron un convenio para agilizar el proceso de regularización de los vados en estas fincas, donde Hacienda ya ha encontrado dos placas ilegales.
El problema no es una novedad. La norma que regía hasta ahora este asunto establece que los propietarios de una plaza de garaje o de una zona de carga y descarga, si querían protegerla del aparcamiento de vehículos, tenían que adquirir una placa por su cuenta y validarla en la sede del distrito, lo que suponía, a efectos prácticos, sellarla con el símbolo del Ayuntamiento. El precio que debían abonar era de 7 a 14 euros.
Pero, hecha la ley, hecha la trampa. La picaresca popular se manifestó en forma de placas que viajaban de los bazares a los garajes, sin pasar el trámite de validación, o bien de manera algo más artística, con una frase amenazante pintada con brocha gorda, "No aparcar".
El pasado mes de mayo, la delegada de Hacienda cifraba en 5.000 los propietarios de vados ilegales, lo que suponía un fraude del 20% en el pago de las tasas. Ahora, los datos que maneja los elevan a 9.000, por lo que, cuando termine el proceso, puede que la cifra inicial se haya duplicado y con ella el nivel de fraude al Ayuntamiento, que tiene una previsión de ingresos por esta tasa de 120.000 euros. Tal fue la determinación del Consistorio que contempló hasta considerar delito falsificar una placa.
El objetivo, a fin de cuentas, es que en toda Sevilla haya un modelo de placa uniforme, con un diseño que ya aprobó el Ayuntamiento, al mismo tiempo que cada una sea única con un número propio de identificación. El coste será cero para quienes las adquirieran a partir de 2003 y de 45 euros para quienes las compraran en años anteriores. A ello se suma la tasa semestral, que se mantiene entre los 7 y los 14 euros. Desde el pasado año, las comunidades de propietarios se benefician de un descuento del 10%.
Hernández recordó que se trata de un proceso administrativo que se realizará durante varios meses "para no generar colas". Y ella misma lo resumió en una frase: "Ya no se podrán comprar las placas en los chinos".
