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Sheriffs y jueces

El Tribunal Supremo nos ha dado una alegría de las de calado, de las que conforman pueblos ya entrados en años democráticos. Por fin, la utilización de cámaras ocultas al servicio de las shares de ciertos medios de comunicación se considera incompatible con el derecho fundamental a la intimidad.

el 15 sep 2009 / 20:09 h.

El Tribunal Supremo nos ha dado una alegría de las de calado, de las que conforman pueblos ya entrados en años democráticos. Por fin, la utilización de cámaras ocultas al servicio de las shares de ciertos medios de comunicación se considera incompatible con el derecho fundamental a la intimidad. Algunos de ellos han puesto el grito en el cielo clamando por su papel en el ejercicio de la libertad de expresión, pero, que estén tranquilos, la aportación a la fortaleza de la democracia de la prensa libre no tiene por qué ser embozada, basta con que haya cámaras y lleven a los ciudadanos su testimonio.

Las cámaras han recogido las declaraciones del juez decano de Córdoba. Ha dicho muchas cosas, luego matizadas, algunas inquietantes. Sus palabras se han combinado con lo que transmiten sus imágenes, produciendo un cocimiento que, al menos a mí, me han provocado ansiedad democrática.

Si alguna vez se ha preguntado cómo son los jueces, esos que imparten justicia en nombre suyo, con sus impuestos; los miembros del tercer poder del Estado, el único que no elegimos y, por consiguiente, a mi parecer, el que debería autocontrolarse más, teniendo en cuenta que les concedemos el privilegio constitucional de la inamovilidad -ellos lo entienden así y no como una garantía-: así son, al menos muchos. Aunque la intuición ciudadana lo huele y ya en el CIS figuran como el colectivo peor valorado y espero que, tras sus continuas algaradas, pulsos corporativos y agitaciones de togas, no sea también el más temido.

No me sorprenden estas actitudes recientes procedentes de donde nunca llegó la reforma democrática pero sí la actitud de la oposición española y andaluza. Que el PP diga, y lo diga bien alto, como hace, que la justicia necesita más recursos, como la salud o la educación, es lo que toca, pero su razón y legitimidad pierde crédito cuando se asocia con la respuesta inconstitucional de los titulares de este poder del Estado. No es el papel del PP, creo, ponerse al lado de jueces ultras, sino de los ciudadanos.

Licenciado en Derecho y Antropología

aroca.javier@gmail.com

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