El endurecimiento de la legislación para evitar que partidos o agrupaciones afines a Batasuna concurran a las próximas elecciones municipales vascas, proceso que ya han comenzado Gobierno y PP, tiene visos de convertirse en uno de los pocos acuerdos que logren socialistas y populares en esta legislatura.
Fuentes conocedoras de las conversaciones a este respecto entre el Ejecutivo y el Partido Popular destacan "la buena disposición" de las partes para pactar esta reforma, que en teoría revisaría algunos puntos de la Ley de Partidos y de la Ley Electoral.
En declaraciones a Efe, las mismas fuentes inciden en que el objetivo del Gobierno y del PP es el mismo: impedir que el entorno de Batasuna esté presente en las listas de los comicios municipales vascos del año que viene.
Es posible que dicho asunto recaiga en la subcomisión para la reforma electoral constituida en el Congreso, apuntan las fuentes consultadas antes de puntualizar que aún es pronto para precisar los términos de un hipotético acuerdo y la vía de tramitación parlamentaria.
En cualquier caso, las conversaciones entre Gobierno y PP reúnen todos los elementos para augurar que habrá acuerdo, subrayan las mismas fuentes.
De confirmarse estas perspectivas, socialistas y populares conseguirían rubricar uno de los pocos pactos alcanzados en la presente legislatura, y podría ser de los pocos que formalicen de aquí a la convocatoria de las próximas elecciones generales.
Hasta ahora, el PSOE y el PP han podido acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), empezando por su presidente, Carlos Dívar, y la aprobación de un fondo de ayuda a las entidades bancarias.
Ambos acuerdos surgieron como consecuencia de sendas reuniones en el Palacio de La Moncloa entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, una en julio de 2008 y la otra tres meses más tarde.
También de una entrevista -la última, hace un mes- en la residencia del presidente del Gobierno resultaron dos pactos: una nueva Ley de Cajas y la agilización del proceso de reestructuración bancaria.
No obstante, y a pesar de que ya ha tenido que intervenir el FROB y se ha consumado una fusión, el PP ha denunciado en varias ocasiones que sobre ambos asuntos no ha habido diálogo.
De las demás cuestiones de Estado que en algún momento requirieron el acuerdo entre los dos grandes partidos, no ha habido buenas noticias, como en la renovación del Tribunal Constitucional, donde reina el desacuerdo entre el PSOE y el PP.
Sin pacto en educación. Además, el Gobierno y el Partido Popular han roto la negociación para un pacto educativo, cuestión prioritaria para las dos partes, y unos meses antes dejaron claras sus diferencias respecto del nuevo modelo de financiación autonómica, en cuya aprobación no participó la formación de Rajoy.
Las asperezas marcaron igualmente las negociaciones para la reforma del Código Penal, de cuyo acuerdo en el Congreso se apartó el PP, y para la puesta en marcha de una nueva ley del aborto, norma que los populares han recurrido ante el Constitucional.
Otro de los asuntos por cuyo acuerdo lucharon en vano PSOE y PP fue la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha.
Asimismo, hay negociaciones estancadas entre populares y socialistas, como las que afectan a la lucha contra la corrupción, cuya materialización no será posible antes del verano, como deseaba el PP, y a la reforma de la financiación local, en compás de espera.
Dentro del ámbito económico se ha estancado la puesta en común de un nuevo modelo energético. Precisamente, en la gestión contra la crisis, la distancia parece insuperable, y aunque ha habido puntuales acercamientos en las ayudas a los bancos o en el rescate financiero de Grecia, el Gobierno y el PP plasmaron sus visiones antagónicas en la aprobación del decreto-ley para reducir el gasto público. Sin salir de la economía, el Ejecutivo y el PP también se han caracterizado por ofrecer pactos que no se concretan nunca: Zapatero propuso crear una mesa de diálogo para analizar reformas estructurales necesarias y Rajoy invitó al presidente a pactar la reducción del déficit mediante el adelgazamiento de la administración. Ambas ofertas han quedado en nada.
