No creo que Javier Arenas termine salpicado por el escándalo Special Events. De hecho, puede enorgullecerse como secretario general del Partido Popular, entre 1999 y 2003, recortó las encomiendas a dicha empresa, hasta que Mariano Rajoy interrumpiera la fecunda colaboración con el partido que mantenían las sociedades creadas por Francisco Correa, el amigo del yernísimo de José María Aznar, Alejandro Agag. Arenas, en todo caso, tal vez pase cierto apuro a la hora de explicar por qué otra sociedad de esa misma firma, Rialgreen, no aportó información alguna a la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre la facturación realizada al PP en las elecciones andaluzas de 2004.
Con sólo echarle un vistazo a la página virtual de la Cámara, puede comprobarse que ni dicha firma, con un cargo de 520.491,43 euros ni Meydis Servicios S.A., con una imputación de 46.582,99, informaron a dicho organismo en su condición de proveedores de una formación política que concurrió a dichas elecciones.
Claro que tampoco lo hicieron varias empresas relacionadas con IU ni otras tres vinculadas al PA. A la luz de dicho informe, sólo las que trabajaron para el PSOE cumplieron dicho requisito, quizá porque el partido de gobierno fuera el que más tuviese que perder con el más mínimo escándalo. Lo curioso de este asunto es que se conocía desde 2005 y que, salvo denuncias periodísticas, nadie movió un dedo para esclarecer dicho desaguisado burocrático que también cargaba las tintas sobre otras irregularidades meramente formales de los conservadores andaluces.
Una de las pistas de la investigación que ahora sigue Baltasar Garzón y que ya arroja cinco detenciones, incluyendo a dos antiguos altos cargos del partido, tiene que ver con Rialgreen, esa empresa surgida de otra anterior, Smart Link, domiciliada en la Avenida Diagonal de Barcelona y no en Madrid como la mayoría del grupo y que inicialmente se dedicaba, mire usted por dónde, al estudio y promoción de inversiones inmobiliarias.
El comportamiento opaco que tuvo Rialgreen ante la Cámara de Cuentas fue similar al que había mantenido respecto a las elecciones autonómicas de mayo de 2003 en Madrid; y en las autonómicas de 1999 y 2003 en la Comunidad Valenciana. Siendo así, ¿por qué el PP de Andalucía la contrató? Ésa será la mayor incógnita, probablemente, que tenga que despejar Arenas en todo este lío. Sin embargo, da que pensar lo que dicha formación y su entorno, a lo largo de los últimos años, ha largado de sus adversarios políticos con muchos menos argumentos de cargo.
