La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se sentó ayer en el plató de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), en una entrevista en directo en La 2 Noticias y trató de nuevo de zanjar la posibilidad de un adelanto electoral. Díaz aseguró no entender «el nerviosismo» de PP e IU con unas posibles elecciones este otoño. «La estabilidad política la da un presupuesto y si no lo hay tendrán que hablar los andaluces. El nerviosismo de otros, allá otros», zanjó, asegurando que en su gobierno hay «estabilidad» y que se siente «cómoda» con IU. Aunque ante otra pregunta no ocultó que su objetivo es gobernar con mayoría absoluta y sin alianzas con otros partidos. Ante la oferta de diálogo del PP, simplemento ironizó sobre los «volantazos» de la oposición. Descartó una crisis de Gobierno y sobre quienes dicen que está cómoda porque nadie le hace sombra dijo que es «una maldad». Díaz encara un curso político difícil, no solo por las dificultades de negociar un Presupuesto que cuenta con 600 millones de euros menos, sino también por los escándalos de corrupción que salpican la gestión de los socialistas, con el caso de los EREen el Supremo o las causas abiertas por presunto fraude en los fondos de formación. La dirigente socialista insistió en gobernar «abriendo ventanas», aunque admitió que «cuando las cosas no se han hecho bien, esto puede dar algún disgusto». Preguntada sobre por qué fallaron los controles se limitó a decir: «Mire, yo no estaba». Su discurso insiste en dar garantías de que su Gobierno ha puesto los controles para que no vuelva a ocurrir y en marcar distancias con el pasado. Solo defendió la gestión de sus antecesores directos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, pero de ninguno otro de los siete exconsejeros que el Supremo deberá decidir si imputa. Sobre su futuro político, la presidenta se declaró «feliz» en Andalucía. Se descartó para las primarias del PSOE. El mayor guiño fue para los empleados públicos. Se reafirmó en su compromiso de devolver la extra a los funcionarios y avanzó que «a lo largo de 2015» los 8.000 empleados de la sanidad pública recuperarán sus derechos.
