Telefónica ha contratado al despacho de abogados holandés Brauw Blackstone Westbroek, que asesoró a la operadora y a Portugal Telecom en la creación de Brasilcel -la sociedad conjunta que controla la brasileña Vivo-, para avanzar en su disolución, según dijeron a Efe fuentes conocedoras de la operación.
Tras extinguirse el pasado viernes la oferta de compra que presentó por la participación de Portugal Telecom en la compañía de móviles Vivo, Telefónica ha puesto en marcha su estrategia jurídica para seguir peleando por hacerse con el control de la firma brasileña.
Para empezar, la empresa presidida por César Alierta ha contratado los servicios de este importante despacho de abogados, con sedes en Ámsterdam, Londres, Nueva York y Pekín, que asesoró a las dos empresas en la creación de Brasilcel en 2001, con el objetivo de disolver esta sociedad holandesa, que las dos compañías controlan a partes iguales y que es propietaria del 60% de Vivo.
Dentro de esta estrategia, el primer paso será acudir al Tribunal de Arbitraje de La Haya para intentar acabar con la unión de las dos operadoras en esta sociedad, precisaron las mismas fuentes.
Mientras tanto, Portugal Telecom y el Gobierno luso barajaban ayer solicitar a Telefónica que reanude las negociaciones encaminadas a resolver de forma definitiva la venta de Vivo, informaron a Europa Press fuentes cercanas a los equipos negociadores.
La multinacional española comunicó en la madrugada del viernes al sábado el fin del plazo dado a Portugal Telecom para comprarle su 30% de Vivo, con una oferta sobre la mesa de 7.150 millones, que el Gobierno luso consideró insuficiente, pese a que Telefónica había incrementado dos veces la propuesta inicial de 5.700 millones.
La operación de compra del 30% de las acciones de la operadora brasileña Vivo arrancó en mayo, cuando Telefónica ofertó 5.700 millones, una suma que PT consideró y que su consejo de administración rechazó. Entonces subió la oferta a 6.500 millones el 1 de junio, y poco antes de la junta de accionistas del 30 de ese mes la compañía española volvió a aumentarla a 7.150 millones, cantidad que fue del agrado del 73,9% de los accionistas de PT, pero no del Gobierno portugués, que ejerció el veto mediante su acción de oro.
El Ejecutivo de José Sócrates justificó su decisión en la defensa del interés nacional de que PT siga en Brasil, donde tiene su principal fuente de ingresos y crecimiento, y rehusó dar marcha atrás en el veto cuando el Tribunal de Justicia de la UE declaró ilegal, el pasado día 8, la acción de oro ejercida por Lisboa.
Telefónica amplió entonces el plazo de extinción de la oferta del 2 al 16 de julio, a la espera de que se flexibilizara la negociación, sobre todo tras la decisión del tribunal europeo. El viernes, fin del plazo del oferta, se evidenció que no habría acuerdo de compra al mantener el Gobierno portugués su negativa a aprobar la operación si no se mejoraba la oferta de Telefónica. Desde la compañía española, que no aceptó prorrogar las negociaciones hasta el próximo día 28, reiteraron ayer que la oferta está "extinguida".
El Gobierno español descartó ayer su mediación en el conflicto, según señaló el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros.
La ruptura de la operación hizo caer las acciones de la operadora lusa un 4,3% al inicio de la sesión, aunque cerraron un 0,34% a la baja, mientras que Telefónica se dejó un 0,25%.
