Por Isabel Campanario y Nicol Jiménez «Un pintor vino a casa a hacer un trabajo. Al terminar me dijo, sin saber quién era yo, esto vale tanto más el IVA, pero si lo hacemos sin factura nos repartimos el IVA usted y yo». No, el pintor no sabía que hablaba con un catedrático de Derecho Financiero y Tributario y pinchó en hueso. El objetivo es llenar una piscina. Hay quien echa su cubo y quien no. Y si no se hace, o la piscina no se llena o alguien tiene que echar dos cubos. «Si yo quiero que todo el mundo eche agua tengo que tener la responsabilidad de decir no, yo quiero pagar el IVA porque así me garantizo que ese pintor abone el 35 por ciento del impuesto de sociedades o de la renta si es una persona física».
Esta anécdota de Francisco Escribano, sin embargo, no es lo habitual. Sí es práctica común no pedir factura o atender al clásico «¿con IVA o sin IVA?». Ahí se esconde una parte de la economía sumergida, ésa que, sumada al colchón familiar y al sistema de protección pública, sostiene un país que de otro modo ya habría tenido que resetearse.
Dicen los expertos que es en épocas de calor económico cuando más germinan las prácticas irregulares frente a la idea de que con la crisis hay más inmersión de actividad, si bien no todas son igual de dañinas para el sistema ni para los trabajadores que lo integran. Cabe aquí la primera diferenciación.
No es lo mismo la economía sumergida aquella que realiza una actividad legal pero que no paga sus impuestos que el empleo irregular, paraguas bajo el que se guarecen algunos empresarios que buscan exprimir hasta el último céntimo en su beneficio a costa del trabajador.
Si la primera busca defraudar a Hacienda, el segundo pretende hacer lo propio con la Seguridad Social, causando graves perjuicios tanto en términos de competencia desleal respecto de aquellos que sí cumplen religiosamente como provocando mermas de ingresos públicos que tienen su traslación en las políticas que fijan los gobiernos y cuyos efectos notamos todos.
Si se pagan menos impuestos, se resienten los servicios públicos como la educación, la sanidad, la dependencia y otros avances sociales con cargo a las arcas públicas. Con ello, se da pie a justificar políticas de recortes.
Del otro lado, el de la Seguridad Social, se tambalea el pilar que sustenta el mayor gasto público. Pensiones y prestaciones por desempleo dependen directamente de las cotizaciones de las empresas, los autónomos y asalariados. El elevado ritmo de destrucción de empleo no ha hecho sino aumentar la brecha entre quienes perciben rentas del Estado y quienes hacen que aquéllos pensionistas y desempleados puedan percibirlas.
La crisis, desgraciadamente, tapa bocas y resta ganas de denunciar ante una Inspección de Trabajo que la realidad indica que no funciona como debería. La otra labor inspectora, la de Hacienda, pretende aflorar actividades irregulares, luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. Aquí, un inspector relatará qué hay en el backstage de una institución vedada a ojos del contribuyente y algunos aspectos manifiestamente mejorables.
Los prismas. La economía sumergida tiene muchas definiciones. Para la OCDE es aquella «actividad económica que es productiva, pero que de forma deliberada se esconde a la Administración para evitar el pago de impuestos, el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, cumplir las normas laborales y de otro tipo y evitar algunos procedimientos administrativos». Pero para algunos de los que la practican es su supervivencia, para los autónomos y empresas que pagan sus impuestos una competencia desleal, para la Administración una importante merma de ingresos y para todos una realidad muy próxima, tanto que no supone un motivo que nos haga llevarnos las manos a la cabeza. ¿Por qué? ¿Es algo inherente a nuestra cultura como país, como región? ¿Es tonto el que cumple? ¿Todos somos legales? ¿En qué grado defraudamos? ¿Por qué lo hacemos?
Los expertos justifican, junto a una generalizada ausencia de conciencia cívica, la relación de la inmersión económica en función del grado de corrupción y de debilidad de sus instituciones. Tampoco ayuda a aflorar actividades irregulares la política fiscal del Gobierno, que todas las fuentes consultadas coinciden en que se caracteriza por «un desequilibrio extraordinario, con muchas rentas opacas y muchos agujeros en la legislación tributaria» que permiten solo a algunos aquellos bien asesorados jurídica, económica y financieramente encontrar vías de escape.
De hecho, no todos han podido afrontar la subida de impuestos indiscriminada como el IVA con la que la Administración pretendía contener el déficit. En esa asimetría tan pronunciada entre la presión a la que está sometido el asalariado y el funcionario frente a los profesionales liberales y las grandes empresas hay que buscar una de las grandes justificaciones sobre la que se asienta esa aceptación del fraude a pequeña escala, el de subsistencia. «La tributación no es equilibrada» y eso pesa al ver el abuso que se hace en el impuesto sobre la renta, en el que los profesionales liberales declaran lo que quieren, no lo que ingresan. «Nadie sabe lo que gana un médico, un abogado, un arquitecto... Y los demás, no es que sean mejores personas, no defraudan porque no tienen posibilidad de hacerlo».
Como su propio nombre indica es muy complicado poner cifras a la realidad de la economía sumergida. Hay informes, como el que elabora el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), que apuntan a que este fenómeno oculta 40.500 millones en Andalucía el 29,2 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB), es decir, uno de cada tres euros que mueve su economía no están declarados a Hacienda. En el caso de Sevilla la tasa de actividad en negro alcanzó el 27 por ciento de su PIB. Hablamos de 2012.
El delegado especial de la Agencia Tributaria en Andalucía, Alberto García Valera, pone el acento en que «la lucha contra el fraude no es solo cuestión de incrementar las actuaciones a realizar, sino que requiere de una mejor y más precisa detección de los nichos de fraude, lo que pasa necesariamente por el aumento de las fuentes de información». En este sentido, destaca que desde comienzos de este año, ya están en manos de la Agencia las nuevas declaraciones informativas y la cesión de datos no tributarios obtenidos de la Junta de Andalucía y de la Tesorería de la Seguridad Social. «Estas nuevas fuentes han permitido poner en marcha nuevas líneas de investigación hasta ahora poco accesibles» y permitirán en próximos ejercicios «un sustancial incremento de las actuaciones» para erradicar el fraude.
Así, rompe una lanza en contra de la «habitual consideración» de que el foco se coloca en los rendimientos sometidos a mayor control fiscal vía retenciones, y señala a que las prioridades del Plan de Control tributario de 2013 apuntaban a los fraudes asociados a la fiscalidad internacional y las tramas organizadas vinculadas a paraísos fiscales.
Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, pone el acento en que «cuando se estudia el PIB ahí está incluida toda la riqueza creada, tanto la que genera la economía regular como la que mueve la irregular». Por ello, lo que es más difícil es determinar cuántos trabajadores sufren alguna de las variantes del empleo irregular. «Se tiende a simplificar entre blanco y negro, pero hay muchos grises, esas situaciones intermedias son las más abundantes» porque a las empresas no les interesa arriesgarse a las consecuencias ante el supuesto, por ejemplo, de un accidente.
Les vendrán muchos nombres conocidos a la cabeza en estas situaciones: un trabajador tiene contrato en regla y está cotizando pero se le obliga a hacer horas extraordinarias que no le pagan; o una persona que consta que trabaja dos horas al día pero en realidad hace jornada completa; o un becario que no ejerce como tal; o aquel que gana un salario de 600 euros pero en la nómina aparece que son 400 y el resto se abona en negro para pagar menos cotizaciones; o el falso autónomo o freelance que a todos los efectos es un asalariado pero tiene que pagar su cuota; pero también empresas ficticias que ofrecen el derecho a cobrar prestación y hasta para lograr el tercer grado penitenciario... Casuísticas, las que se quieran. La crítica más repetida es la «inoperancia» de la Inspección de Trabajo, que en muchos casos se ve dificultada por el tipo de estructura empresarial «micro» del tejido productivo español. En las siguientes páginas intentaremos recoger algunas razones por las que este fenómeno está tan arraigado, las prácticas más frecuentes, su impacto sobre la economía, los sectores más castigados y, tras hablar con expertos, patronales, autónomos y algunos de sus protagonistas, plantear enfoques que podrían amortiguar su práctica. Al menos, sirvan para promover una reflexión.
