Los ingresos propios de Tussam durante 2009, 45 millones de euros, no alcanzaron a cubrir ni un 75% de los gastos de personal, que superaron los 61 millones. Este dato, que refleja una tendencia que se mantiene desde los últimos ejercicios y que ha dejado a la empresa al borde de la quiebra, fue empleado ayer por la dirección de la sociedad municipal -en manos del PSOE- en el consejo de administración para dar oficialmente vía libre al borrador del plan de estabilidad para la compañía, que implica la privatización de una decena de líneas -el planteamiento inicial afecta a las nocturnas, a las B3, B4 y B5; y a las 5 y 36, que se prestarían como concesiones dependientes del Consorcio Metropolitano de Transportes- y recortes de personal, como la no renovación de los contratos temporales.
No hizo falta ni someterlo a votación. Las medidas deben ahora ser negociadas con todas las partes. IU expresó su rechazo a algunos de estos apartados, y su voto contrario a privatizar líneas; el comité de empresa censuró cualquier recorte injustificado y sin negociar con los trabajadores, y los consumidores instaron a no subir las tarifas. El PP guardó silencio. Ni ha presentado propuestas por escrito ni expresó su apoyo o rechazo a las allí planteadas, actitud censurada por IU.
La dirección de la empresa tiene ahora vía libre para negociar con un documento base: el borrador de trabajo al que se han incorporado las propuestas de IU -entre ellas generar nuevas fuentes de ingresos, crear figuras como una ecotasa, y renegociar la deuda con la banca pública- y las planteadas por la Unión de Consumidores, que defendía no incrementar las tarifas. Éste será el punto de partida de un trabajo que pilotará el vicepresidente de la empresa, Guillermo Gutiérrez, y su presidente, Francisco Fernández, y que tendrá como su principal reto hacer partícipe de la situación de la empresa a la Consejería de Obras Públicas. Se quiere planificar las transferencias que se reciban para los próximos años del Ayuntamiento -en 2008 fueron 80 millones de euros, y volverá a subir- y habilitar una línea de colaboración de la Junta de Andalucía, una petición en la que coincidieron ayer todos los consejeros.
Los dos socios de gobierno subrayaron ayer que el objetivo es hallar una solución a medio y largo plazo, y de ahí que el objetivo sea una nueva estructura más vinculada al Consorcio y con un sensible recorte de los gastos de personal. Para ello se plantean los recortes de líneas prestadas desde la propia empresa -pasar a la gestión privada las que se consideren menos rentables y con un carácter más metropolitano- y una reducción de los gastos de personal, que pasa por la renegociación del convenio, la no renovación de los contratos temporales y el recorte de prestaciones como las lanzaderas para la plantilla. Precisamente la aplicación de esta medida sin una previa negociación fue denunciada ayer por el comité de empresa en la reunión y es una de las bases de las protestas que se iniciarán la próxima semana.
