Tras negar durante más de seis meses que exista un documento que vincule económicamente a la Junta de Andalucía con el ERE firmado en Mercasevilla en 2007 e investigado por el Juzgado de Instrucción 6, ayer el comité de empresa reveló al menos un escrito que desmiente esta versión. El 29 de abril de 2008 la Consejería de Empleo avaló el pago de 1,9 millones de euros a ocho de los prejubilados. Según los sindicatos, existen al menos otros tres documentos por otros tantos pagos similares que avalaron la póliza de Vitalicio Seguros y que ascienden en total a unos nueve millones de euros. La Consejería de Empleo negó ayer oficialmente la legalidad de esta autorización e incidió en que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social que aparece como firmante no tenía competencias para autorizar estos pagos. Si es así, Francisco Javier Guerrero Benítez habría adquirido un compromiso de pago con el Vitalicio de forma irregular y, conscientemente, sin los avales jurídicos necesarios. Las fechas enrevesan aún más la historia: autorizó este pago de 1,8 millones de euros el mismo día que se firmó el decreto de su cese.
Es la segunda vez que el nombre de este ex alto cargo de la Consejería de Empleo aparece vinculado al caso Mercasevilla. La primera fue el pasado 8 de marzo cuando el responsable de Larena 98 declaró ante el Juzgado que los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, junto a un directivo de la Junta le ofrecieron la concesión de una ITV a cambio de renunciar al derecho de concesión que tenía sobre las naves del mercado de abastos y que luego recaería en Sando, lo que facilitó la adquisición de los terrenos en una operación de 105 millones de euros investigada por la juez. Posteriormente, la Policía Judicial en un informe señala a Francisco Javier Guerrero como el alto cargo que participó en esa reunión.
Más de cinco años después de esta supuesta cita, Guerrero firmó el documento revelado ayer por el comité y negado durante más de seis meses por la Consejería y ese mismo día se firmó el decreto de su cese, según aparece publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 2 de mayo de 2008. Aunque Empleo insiste en que no tiene validez jurídica ninguna y en que nunca se ha abonado cantidad alguna, este escrito deja en evidencia la postura mantenida por la Consejería de Empleo y avala las tesis defendidas por la empresa de mercados, por los trabajadores y por el PP: la Junta se comprometió a participar económicamente en el ERE y posteriormente, una vez que estalló el escándalo y que adquirió protagonismo este expediente, intentó desvincularse del mismo.
La postura de la Junta, ratificada públicamente en repetidas ocasiones por el ex consejero Antonio Fernández y por su sucesor Manuel Recio -la última vez ayer mismo-, provocó que los 40 trabajadores que se acogieron a este expediente tuvieran retrasos en los pagos en varias mensualidades hasta que la propia empresa se comprometió a abonarlos a través de préstamos. Esto dejó en Mercasevilla un agujero de más de nueve millones de euros. "Se ha demostrado claramente que la Junta ha mentido", subrayó el presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez.
El comité explicó que tuvo acceso a este documento hace alrededor de un mes y que se lo presentó tanto a la Consejería de Empleo como al secretario general del PSOE de Sevilla, José Antonio Viera. Según el relato de los trabajadores, en ambos casos sus interlocutores les aseguraron que estudiarían el documento pero no lo desmintieron. De hecho, ayer mismo, el consejero de Empleo volvió a negar que exista un documento válido que acredite compromisos de pago de la Junta con este ERE. El PP pedirá una comparecencia urgente de Manuel Recio en el Parlamento para aclarar este escrito.
El INEM deniega subsidios
Las irregularidades y el secretismo que rodean al ERE firmado en 2007 por Fernando Mellet y el comité de empresa dejan ahora a los 40 prejubilados que se acogieron al expediente ante otro laberinto jurídico. Según denunció ayer el comité de empresa, el INEM está denegando la prestación de desempleo a algunos de los trabajadores que se acogieron al plan. Esta medida se debe a que no reciben el dinero directamente de la póliza del ERE sino a través de un préstamo que realiza Mercasevilla para evitar que dejen de percibir el dinero pactado. Si en algún momento se demuestra que la Junta debe pagar, deberán devolver estas cantidades.
El problema es que Merca sólo abona la diferencia entre la prestación por desempleo o el subsidio -una vez que hayan transcurrido dos años- y el dinero que le corresponde a los ex empleados por este acuerdo. Si se retira la prestación, se reducen sensiblemente los ingresos. El caso de José es el más avanzado. Está a un paso de llegar a los tribunales. Debía percibir 1.900 euros y, sin embargo, sólo recibe los 1.400 que le da Mercasevilla y debe abonar 500 a la Seguridad Social.
