Hace un año que la Ley de Memoria Histórica entró en vigor pero por inercia, por temor o por dejadez poco se ha movido desde 2007. Las asociaciones de represaliados siguen sin arrancar a la tierra los cuerpos de los suyos, no llegan las reparaciones morales a los condenados y la ágil consulta de los archivos es aún una quimera. Mucho trabajo por delante.
Cada cual hace el balance que más le cuadra. Dicen las administraciones públicas que, sencillamente, cuesta hacer arrancar una maquinaria, la de la memoria y la justicia, que lleva 70 años parada, en un país al que nunca le ha gustado echar la vista atrás. Los allegados de los represaliados en la Guerra Civil (1936-1939) y en los 40 años posteriores de dictadura, en cambio, sostienen que la norma supuso la atención formal de los políticos a sus reclamaciones, pero que de la voluntad al voluntarismo va un trecho enorme.
Ése es el marco general en toda España, pero en Andalucía, en Sevilla, no han ido mucho mejor las cosas. 2008 se cierra con pequeños pasos adelante que, prometen desde el Gobierno y la Junta, serán grandes zancadas en el 2009 que estrenamos. El nuevo comisario para la Memoria Histórica, el ex alcalde de Montellano Francisco Salazar, sostiene que aquí vamos "un paso por delante" en la dignificación de las víctimas. Es así, dice, porque se está elaborando el mapa de fosas más "preciso" de España, con ayuda de las asociaciones y las universidades, un estudio que estará listo "en los primeros meses" del nuevo año y que sólo en la provincia de Sevilla ha localizado 168 fosas comunes, con más de 12.000 cuerpos enterrados. No se ha impulsado en este tiempo más que la apertura de dos fosas, las de Puebla de Cazalla (Sevilla) y Málaga, aún por acometer.
Además, la Junta de Andalucía destaca el estudio de los tribunales de responsabilidad política que está coordinando la Universidad de Almería y en el que intervienen todos los campus de la región, con el que se trata de conocer las represalias económicas y sociales que sufrieron los partidarios de la República y sus allegados tras la Guerra Civil y que ya cifra en 50.000 los afectados en la comunidad.
Salazar defiende los convenios firmados con UGT y CCOO para indagar en la represión sindical, así como la incipiente digitalización de los archivos públicos, que desembocará en la creación del centro de documentación e investigaciones de la Memoria Histórica, con sede en la actual Consejería de Justicia y Administración Pública, en el que fue antiguo cuartel general del sublevado Gonzalo Queipo de Llano. A final de 2009, sostiene, ya será posible tener un importante volumen de información digitalizada, que agilice las investigaciones de familiares, historiadores y antropólogos.
Por encima de esos proyectos parciales, el comisario destaca una conquista aún por lograr: la aprobación del plan estratégico que catalogará como BIC (bien de interés culturas) las fosas de Andalucía y creará un comité de expertos, con antropólogos, historiadores, forenses y especialistas en ADN, para abordar con precisión las exhumaciones. Salazar confirma que dicho estará aprobado en el primer semestre de este año, y así debe ser, ya que la vigencia del plan es de 2009 a 2013. El proyecto, añade el comisario, facilitará la "apuesta política" por la memoria, la "difusión de lo ocurrido" y el "resarcimiento" a las víctimas.
Pero eso será en el 2009; el trabajo anterior, el que se ha llevado a cabo en 2008, sólo produce "decepción" entre las asociaciones de represaliados y de familiares de víctimas. El varapalo del juez Baltasar Garzón , que inició la investigación de los crímenes de lesa humanidad de aquellos años y después se declaró incompetente para juzgarlos, ha supuesto para ellos "una enorme tristeza e indignación", pero "ver que los políticos no se implican lo más mínimo no es menos doloroso", sostiene Paqui Maqueda, secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo. Asegura que tanto el trabajo de la Junta como el del Gobierno de la Nación ha "obviado" sus dos grandes reivindicaciones: "la anulación de los juicios y las exhumaciones de las fosas comunes". Ambos puntos, responde el comisario, dependen de Madrid. Para el segundo, garantiza, habrá respuesta "a primeros de año", que es para cuando el Ejecutivo central ha prometido a las autonomías que tendrá listo su protocolo de exhumaciones. "Dependemos de ellos", defiende Salazar.
Maqueda, como Cecilio Gordillo, portavoz de CGT Andalucía y responsable de la web www.todoslosnombres.org, no lo ven así. Aseguran que no ha llegado "ni un duro" para las excavaciones, salvo los 40.000 que se liberaron la pasada semana para la fosa de La Puebla. Denuncian que no se han facilitado los trabajos, que no se ha allanado el camino para pedir el resarcimiento moral y las ayudas por condenas injustas en la guerra y la dictadura, que sigue sin facilitarse el acceso y la consulta de los archivos, esenciales para dar con la pista de los desaparecidos (especialmente grave, sostienen, es el cerrojazo en los archivos de la Guardia Civil, que el ministro Rubalcaba no accede a abrir). No se han llevado a cabo expropiaciones para buscar fosas y, aunque lo dice la ley, es "complicadísimo" que se faciliten copias de documentos oficiales a las familias de las víctimas.
Sólo se han dado pasos, reconocen las asociaciones, a la hora de otorgar la nacionalidad a los exiliados por su cercanía a la República, pero eso se ha hecho hace apenas una semana, "una hermosa foto lograda en época navideña", sostienen. Gordillo reconoce que confía "poco" en las promesas del presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, que quiere reunirse con las asociaciones en breve. Pero al menos tienen su palabra. "Tendremos que agarrarnos a eso", concluye Maqueda.
