El día D marcado por el Gobierno para desatascar la reforma laboral ha llegado y sin acuerdo. Aunque el Ejecutivo ha intentado acelerar este fin de semana las negociaciones, las partes se reunieron el sábado sin avanzar en ningún punto.
Eso a pesar de que la presión exterior para tomar una decisión en este sentido es cada vez mayor y que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha marcado el asunto como una cuestión casi personal.
No en vano, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, acudió a la reunión del sábado con la intención de desbloquear las negociaciones, aunque según las fuentes que informaron sobre el encuentro, el cierre en banda por parte de la patronal dificultaron que se acelerara el proceso.
En cualquier caso, y aunque el plazo finalizaba hoy, el Gobierno ha mantenido en los últimos días que ampliará el margen para llegar a un acuerdo consensuado, aunque el ministro de Fomento, José Blanco, insistió este fin de semana en que si las cosas no salen bien, el Ejecutivo tendrá que tomar una decisión para que el proceso siga su curso.
Un proceso que viene de lejos y que se enmarca dentro de la parálisis que vive el diálogo social desde el pasado mes de julio, cuando el presidente del Ejecutivo dio por rotas las negociaciones por las posturas mantenidas por la patronal.
Pero desde entonces, muchas cosas han cambiado. Sobre todo en lo que a la postura del Gobierno se refiere. A pesar de que el discurso mantenido por el PSOE durante sus dos mandatos ha sido el de primar las cuestiones sociales en un entorno de crisis, la presión internacional y las dudas que se han instalado en torno a la economía española le han hecho tomar medidas drásticas para reducir el déficit, entre las que se encuentran la congelación de las pensiones, la bajada del sueldo de los funcionarios o la eliminación del cheque bebé.
Durante los últimos meses, muchos han sido los frentes que han defendido la reforma del mercado laboral. Voces como la del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no han dejado de repetir la necesidad de acometerla para hacer frente a la crisis.
En este tiempo, varios han sido los intentos del Gobierno por perfilar la reforma que defiende. La presentación de su propuesta, el pasado abril, dejó menos contentos a los que precisamente siempre se habían mostrado del lado del Ejecutivo, los sindicatos, y de hecho, en esos días, varios fueron los ministros que tuvieron que salir a la palestra para defender que la iniciativa planteada no suponía un abaratamiento del despido.
¿Por qué hay muchos que dudan en este punto? UGT y CCOO denunciaron que la propuesta no es acertada y que la ampliación del contrato de fomento del empleo -que conlleva una indemnización de 33 días por año trabajado, frente a los 45 que supone el contrato indefinido- al colectivo de entre 30 y 45 años supone "precarizar" el mercado de trabajo. Y ésta era sólo una de las medidas.
Precisamente si por algo persigue con ahínco el Ejecutivo que se llegue a un acuerdo es para evitar la conflictividad social que pudiera derivarse de las decisiones que tuviera que tomar. Por ahora, ya tiene que enfrentarse a una huelga el próximo 8 de junio de funcionarios y pensionistas, pero la huelga general, que hace apenas unas semanas se veía lejana, está más cerca que nunca, y su celebración o no va a tener mucho que ver con lo que se decida en torno a la reforma del mercado laboral.
Aunque hoy previsiblemente habrá otra reunión, y a pesar de que todas las partes están por la labor de llegar a un acuerdo, hay poco optimismo en este asunto. En cualquier caso, será una cuestión que tendrá que desatascarse en un periodo de tiempo breve porque está dentro de la lista de urgentes del Ejecutivo.
