Alrededor de un centenar de personas convocadas por la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA) se concentraron en la Plaza de España de Zaragoza en un gesto de apoyo al juez Baltasar Garzón, suspendido cautelarmente tras ser acusado de prevaricación por investigar los crímenes del franquismo.
"Pedimos a la justicia española que deje de perseguir al único juez que ha defendido la necesidad de investigar los crímenes del franquismo, rompiendo con su sempiterna impunidad, y nos diga de una vez a quién tenemos que acudir los ciudadanos de este país para resolver los asesinatos aquí cometidos", señaló el presidente de la asociación, Enrique Gómez.
Además, reclamó "que no se escuden en una ley de amnistía, a todas luces indigna, que liberaba de sus cargos penales a quienes no debían tenerlos y exoneraba de sus actos delictivos a quienes nunca habían sido juzgados por ellos". Gómez solicitó al Gobierno de Aragón y a las Cortes "que den un paso adelante y atiendan a los familiares realizando las exhumaciones y financiándolas, investigando los casos que estos les presenten, rehabilitando a nuestros conciudadanos represaliados y dignificando las fosas".
"El Gobierno de la Comunidad Autónoma es Estado y es además el más cercano al ciudadano, es su obligación legal, por tanto, dar cumplimiento a unas exigencias que vienen determinadas por la asunción de las actuales autoridades de las responsabilidades nunca resueltas por el Gobierno del régimen franquista", aseveró.
Gómez consideró que la suspensión del juez es "una bofetada en la cara de Garzón a miles de familiares de víctimas del franquismo y así queremos manifestarlo". "Asistimos a una nueva vuelta de tuerca de la judicatura española en el caso de las desapariciones forzosas que diversas asociaciones memorialistas presentamos hace ya varios años para su investigación ante la Audiencia Nacional", indicó.
Además dijo que "los ciudadanos no entendemos que por diversas triquiñuelas legales y enfrentamientos internos en el seno de esta misma familia judicial española se use el caso de casi 150.000 personas asesinadas como arma arrojadiza".
"Los defensores de los derechos de las víctimas del franquismo exigimos que el Gobierno central modifique y desarrolle la ley llamada de Memoria Histórica para satisfacer las justas demandas de los familiares de los asesinados, dándoles por fin, verdad, justicia y reparación no sólo a ellos y a los asesinados olvidados, sino a una sociedad española que solo podrá reclamarse verdaderamente democrática cuando lo lleve a cabo", concluyó.
