Un funcionario del juzgado penal 1 de Sevilla, que tramitó la condena al presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés, ha sido condenado a dos años de cárcel por ocultar y destruir ejecutorias judiciales debido a la sobrecarga de trabajo en dicho órgano judicial.
La sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, a la que ha tenido acceso Efe, condena al funcionario F.P.S.M. a un año y siete meses de cárcel por un delito de falsedad y otros cinco meses por infidelidad en la custodia de documentos.
Se trata de la tercera sanción impuesta en el juzgado penal 1 de Sevilla, donde el juez Rafael Tirado fue sancionado con una multa de 1.500 euros por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la secretaria judicial a seis meses de suspensión, todo ello por no ejecutar la condena impuesta a Santiago del Valle, presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés.
Debido a la paralización de la ejecutoria, Del Valle, sobre el que pesaba una condena firme de 21 meses de cárcel por abusar sexualmente de su propia hija, no había ingresado en prisión cuando presuntamente asesinó a la pequeña onubense, en febrero de 2008.
Ahora, el funcionario judicial ha reconocido los hechos y ha aceptado la condena, por lo que el juicio previsto en la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla no llegó a celebrarse.
Según los hechos que la sentencia considera probados, el funcionario, con motivo de una visita de inspección del CGPJ, alteró manualmente los Libros de Registro e informáticamente en el sistema Adriano que utilizan los juzgados andaluces para "hacer pasar por archivados no menos de 267 procedimientos".
Cuando conoció que tales hechos estaban siendo investigados, comenzó a destruir y a dejar en el contenedor de reciclaje de papel una serie de documentos que tenía pendiente de unir a diferentes causas, añade el fallo.
Una vez en marcha la investigación contra dicho funcionario, se hallaron en el citado contenedor diversos documentos destruidos, de los que se han podido reconstruir 1.404 y otros 732 no han podido ser recuperados, según la sentencia.
El fallo aplica al trabajador la atenuante de "trastorno ansioso-depresivo y de pánico" derivado, entre otras cuestiones, de "la excesiva carga de trabajo existente en el mencionado órgano judicial, que, a fecha de los hechos, determina que tuviese ampliamente disminuidas sus capacidades de comprender y actuar conforme a dicha comprensión".
