Vídeo: Telesevilla Ni debate sobre los despidos ni sobre el futuro de Mercasevilla. El Pleno que encarriló el que será el tercer ERE que padecerá la lonja en 10 años y que supondrá el despido de cien trabajadores quedó eclipsado por el exceso verbal de un empleado que deseó la muerte a la hija de los ediles del PP Beltrán Pérez y Evelia Rincón, justo después de que el Gobierno local se valiera de su mayoría para liberar una partida de tres millones de euros que servirá para pagar los despidos. Tal descalificación, así como otra de connotación sexual contra la concejal de Cultura y Deportes, María del Mar Sánchez Estrella, recibieron la reprobación de los tres grupos políticos y hasta del comité de empresa, que se desligó de tales exhabruptos aunque matizando que la verdadera víctima del ERE es la plantilla. El relato de los hechos se empezó a gestar en el propio pleno, al que asistió un grupo de unos 40 trabajadores de la lonja que, a diferencia de sesiones anteriores, sí que aguantaron prácticamente hasta el final del debate. Aunque hubo alguna advertencia del presdiente del Pleno, Javier Landa, no fue hasta la última intervención del delegado de Economía y Empleo y también presidente de Mercasevilla, Gregorio Serrano, cuando mostraron pancartas tildando de farsante y embustero al alcalde, Juan Ignacio Zoido, y profirieron gritos y abucheos contra la bancada del PP, por lo que fueron desalojados por la Policía. Minutos después, el Pleno fue interrumpido por otro trabajador, que alzó la voz para emitir una pregunta: ¿Qué culpa tienen los trabajadores?, manifestó justo antes de abandonar el salón de plenos. La tensión se disparó tras aprobarse la modificación presupuestaria con el voto en contra de PSOE e IU. A ver si se muere tu hija y sufrís en vida lo que sufrimos nosotros, gritó un manifestante al ver cómo salían del Ayuntamiento Beltrán Pérez con su mujer, Evelia Rincón. Lo hizo en presencia del portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, que en ese instante estaba hablando con la plantilla y que no tardó en condenar esa descalificación con la misma firmeza que el proceso de privatización de Mercasevilla. El segundo improperio, el que recibió Sánchez Estrella, llegó minutos después en un bar cercano donde estaba desayunando con otros ediles como Juan García Camacho, Carmen Ríos o Juan Belmonte y al que se acercaron varios de los trabajadores. Tal polémica llenó de razones a Serrano, que se apresuró en afirmar que ni insultos ni gritos impedirán que se cumpla su responsabilidad con Mercasevilla. Y es que hubo mucho ruido y pocas nueces. El alboroto eclipsó el Pleno donde se dirimía sí se dispondría el dinero para poner en marcha el ERE en la lonja. Algo que se daba por hecho desde que se anunció hace un año el proceso de liberalización de varias servicios. La única novedad llegó después del Pleno, cuando la plantilla anunció una batalla judicial similar a la que perdió recientemente el Ayuntamiento con los despidos de Sevilla Global. Más allá de eso, PSOE e IU volvieron a exigir a Zoido que no se valiera de excusas y admitiera que todo era fruto de una decisión política y no obligada por un expediente abierto por la UE ni por el informe, emitido hace un mes, que alerta de que la empresa podía entrar en causa de disolución en el tercer trimestre del año. Algo de lo que dudan ya que en la junta de accionistas de abril se indicó que no había tal peligro en 2013. Por ello, Torrijos (IU) defendió que el argumento que le quedaba al Gobierno local es que se ha plegado a las presiones del lobby de los mayoristas de pescado. También se mostró crítico el portavoz local del PSOE, Juan Espadas, que recriminó que se justifique tal maniobra con alusiones a los EREs del anterior gobierno o el expediente de la UE. Sobre lo segundo, Espadas señaló que aún había margen para rebatir ese expediente y no aplicar con prisas un ERE que convierte al alcalde del empleo en el empleador que más ha despedido, contando también los casos de Sevilla Global, Giralda TV. Por contra, Serrano defendió que, de no aplicarse el ERE, Mercasevilla podría ser multado con hasta 600.000 euros por la UE, a la par que reiteró que el actual gobierno se topó con una empresa en causa de disolución y corrupta hasta el tuétano, para lo cual reiteró las irregularidades detectadas en la gestión de la lonja durante el mandato anterior.
