La información que obra en manos de la jueza Mercedes Alaya ya advertía de las "excesivas" comisiones que percibían las entidades mediadoras en los expedientes de regulación de empleo (ERE) que están siendo objeto de investigación por las posibles irregularidades. Ahora, un informe de un inspector del Ministerio de Economía y Competitividad llega a la misma conclusión con el ERE de González Byass, en el que estaba incluido el exconsejero de Empleo Antonio Fernández. En concreto, estaba previsto que las mediadoras percibieran 812.000 euros más de lo que estaba estipulado en el mercado.
Según dicho informe, que ayer fue notificado a las partes además de numerosa documentación recopilada por la Guardia Civil, se recoge que las comisiones previstas en la póliza eran "muy superiores a la media del mercado", pues era de un 10% cuando lo estipulado para el ejercicio de 2008 por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones era una media de un 5,65%. Esto implica que por el ERE de las bodegas jerezanas González Byass se estableció una comisión de 812.659,34 euros "superior a la media de mercado en el momento de la suscripción de la póliza".
Y es que el porcentaje establecido supondría un beneficio de 1.762.630 euros para la mediadora, que luego ascendería a 2.078.377 euros tras una refinanciación de la póliza que se llevó a cabo. No obstante, al no haberse cumplido los plazos de pagos de la prima, el documento señala que la entidad aseguradora manifiesta que hasta ahora "sólo ha cobrado" las "comisiones proporcionales a la prima cobrada". Esta cantidad se correspondería a 70.945 euros, lo que implicaría que "el pago efectivo de comisiones superiores a la media de mercado asciende por el momento a 30.871,87 euros".
Por otro lado, el secretario del Juzgado de Instrucción número 6 niega en una diligencia que Alaya "intimidara" o "gritara" en su declaración a Fernández, en prisión desde el pasado mes de abril y cuya solicitud de libertad está a punto de resolverse por la Audiencia Provincial, asegurando que fue éste "quien elevó continuamente la voz". Según el secretario, que responde a un recurso de apelación de la defensa del exconsejero indica que "no figuran recogidos en el acta", los supuestos gritos ni las intimidaciones.
