La comisión ejecutiva de Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, resolvió ayer, merced al estudio elaborado por sus servicios jurídicos, emprender las “acciones legales” a su alcance al objeto de hacer efectivo el cumplimiento de los “compromisos de pago” que rodean al expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros. Esta cantidad es la mayor losa financiera que pesa sobre la empresa, toda vez que la Consejería de Empleo se desligó de la financiación del procedimiento, por lo que al final será un juez el que determine si la Administración autonómica tiene que asumir este pago o no.
Fuentes municipales informaron a Europa Press de que, en la reunión de ayer, la comisión ejecutiva analizó el estudio elaborado por los servicios jurídicos de la empresa en cuanto al conflicto del expediente de regulación de empleo de 2007, al que se adhirieron unos 40 trabajadores. En la actualidad, el colectivo de prejubilados del ERE de 2007 cobra sus nóminas a través de contratos de préstamo librados mensualmente por la sociedad mixta con la renuncia expresa a todos los derechos por parte de los beneficiarios.
Por ello, la comisión ejecutiva ha acordado “iniciar las acciones judiciales que asistan” a la compañía para “hacer cumplir los compromisos de pago” de dicho procedimiento, lo que se traduce en la interposición de “un procedimiento civil de diligencias preliminares a fin de preparar un futuro procedimiento judicial”.
Ya el pasado 2 de junio, el comité de empresa hizo público un documento firmado el 29 de abril de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, por el que se comprometía a abonar 1,89 millones de euros en el marco de una póliza para ocho ex trabajadores de esta compañía. La Junta alega que dicho documento carece de validez porque el director general carecía de competencias para asumir este compromiso, y de hecho fue cesado ese mismo día.
