La tradicional imagen de los espetos de sardinas en las playas de la costa andaluza podría reducirse drásticamente este verano si se acaba estableciendo la limitación que ha propuesto el Gobierno, que rebaja a menos de la cuarta parte las toneladas que se podrían pescar alegando escasez en los caladeros y que ha suscitado el rechazo del sector y de la Junta de Andalucía.
La consejería rechazó ayer la propuesta de establecer un Total Admisible de Captura (TAC) del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, después de reunirse con representantes del sector en el Golfo de Cádiz que, a su vez, han pedido que se ponga en marcha «una estrategia a nivel andaluz» para evitar la «destrucción» del sector. El límite que plantea el Gobierno supondría rebajar la cantidad de este pescado azul que podría capturarse en Andalucía de las 8.400 toneladas actuales a una horquilla de entre 1.800 y 2.000 toneladas.
Calificando de «insuficiente» e «inaceptable» la cifra propuesta, porque atentaría contra la «viabilidad» de la flota, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, mostró ayer el «rechazo unánime» de las cofradías de pescadores y otras entidades vinculadas a la pesca de la sardina, uno de los pescados más tradicionales del verano andaluz. «Con esa cuantía tan insuficiente qué salen a pescar, siete días al año? ¿Vale la pena?», se preguntó la consejera.
La flota la componen unos 86 barcos de cerco, con base en los puertos onubenses de Punta Umbría e Isla Cristina y los gaditanos de Sanlúcar de Barrameda y Barbate, que permanecen amarradas a puerto en señal de protesta por una intencion de limitar las cuotas que «no se sabe a qué criterios responde», según se quejó a Europa Press el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Isla Cristina, Mariano García, antes del encuentro con la consejera.
Es la primera vez que se intenta fijar un límite a la captura de este pescado azul, recordó Víboras, que hizo hincapié en que la Unión Europea nunca ha establecido cuotas para esta especie, por lo que lamentó que el Ministerio haya elaborado un proyecto de orden que fija un máximo para la sardina en todas las aguas ibéricas, que incluyen a España y Portugal. La consejera señaló que la Junta siempre ha estado «a favor de una gestión sostenible de los recursos pesqueros», pero esa gestión tiene que ser «compatible con la sostenibilidad económica y social del sector y no a costa de ella».
Según los cálculos realizados por los técnicos de la consejería, «el Total Admisible de Captura que podría aprobar el Ministerio rondaría las 21.000 toneladas, teniendo en cuenta la regla de explotación propuesta por el Gobierno y los datos de asesoramiento científico de la especie». Eso dejaría a Andalucía con una cuota máxima de 2.000 toneladas.
Ante este eventual reparto de la cuota de sardina, Víboras aseguró que la administración andaluza va a defender las capturas históricas que esta flota ha realizado y que se tienen contabilizadas desde 1985. Así, la media de capturas de sardina por la flota de arrastre del Golfo de Cádiz en los últimos diez años se sitúa en torno a las 8.400 toneladas.
Añadió que el sector «ha cumplido todas las normativas» europeas, cuando se le ha solicitado permanecer amarrado para recuperar caladeros, eliminar barcos o respetar horarios de pesca, por lo que confió en que ahora se atienda su petición.
Por su parte, el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Isla Cristina, que señaló que con las cifras que pretende el Ministerio la actividad no sería rentable, insitió en la arbitrariedad de la medida al asegurar que «no hay estudio alguno» que establezca que existe un peligro para la sardina.
García afirmó que la propuesta afectaría de forma «muy negativa y grave» a la captura de la sardina e insistió en que sería un «reparto injusto del que Isla Cristina sale muy perjudicada» ya que el Golfo de Cádiz se quedaría con 1.910 kilos mientras que en Isla Cristina, de los 3.000 kilos por barco y día, se pasaría a «20 kilos por barco».
García anunció que el próximo día 21 mantendrán una reunión en Madrid con responsables de la Secretaría General de Pesca en la que confió en que se dé una solución a la actual coyuntura. La consejera también reclamó que, en ese encuentro, lo que parece «un mal sueño» se transforme en una propuesta «seria, rigurosa y realista».
La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) ya mostró días atrás su rechazo al límite de capturas y anunció que la entidad realizará alegaciones contra el documento del Gobierno en representación de los distintos puertos pesqueros afectados.
