Pregunte a un agricultor qué opina de tal o cual supermercado o hipermercado. Pregúntele cuánto le pagan por sus cosechas y a cuánto se venden éstas al consumidor. Seguro que echa pestes. Pero, por último, pregúntele si quiere altibajos en los precios o una relación estable con quienes les compran. La mayoría optará por la segunda opción, y la minoría se decantará por ese riesgo de unas veces cobrar mucho y otra veces, poco.
Sempiterna ha sido la tensión entre productores y distribuidores. Pero ya afloran cauces de diálogo que hace unos años ni tan siquiera existían, aunque los problemas, sostienen en Asaja, lejos de desaparecer, se han agravado no en general pero sí en productos básicos como la leche, el aceite de oliva y la naranja, tradicionales reclamos o ganchos para atraer a los clientes. De hecho, la semana pasada las tiendas habían entrado en Sevilla en una espiral de agresivas ofertas en esos saquitos de malla roja que contienen kilos y kilos de naranjas y que parecían pregonar: qué poco vale el trabajo del campo.
Existe una Ley de la Cadena Alimentaria. Cumple un año y está en pleno proceso de desarrollo normativo. Lo más reciente, el Código de Buenas Prácticas Comerciales, que trata de conciliar intereses generando estabilidad y seguridad a las relaciones entre arado y carro, así como un Registro Nacional al que apuntarse y que, además de una cuestión de imagen, en el futuro servirá también para puntuar más al repartir ayudas y subvenciones oficiales. Eso sí, todo voluntario.
Emilio Vieira, de los Servicios Jurídicos de Asaja de Sevilla, admite que el Código de Buenas Prácticas es una herramienta que ayuda, sí, aunque su carácter voluntario restringe su alcance: es una figura jurídica muy limitada, y además antigua, porque este tipo de códigos, explica, son más viejos que el andar hacia adelante. «Que una de las partes no pueda romper unilateralmente un pacto procede del Romano (Derecho)», ironiza. La cuestión estriba, pues, en si a quien lo hace le multan con tanta vehemencia como para que, después, se le quiten las ganas de repetirlo. ¿Pasa eso? «No», responde tajante.
Grandilocuente pero etéreo y mucho blablá son las expresiones a las que recurre el letrado para definir el conjunto de una ley cuyo Código, advierte, corre el riesgo de convertirse en mera cuestión de imagen para las cadenas comerciales: qué buenas somos. «La legislación comercial estadounidense presupone la buena fe de las partes en una negociación por muy dura que ésta sea, y si no la hay, se pena administrativamente. Aquí, en cambio, los recelos priman sobre la buena fe».
En opinión de Emilio Vieira, el Ministerio de Agricultura tenía la franca voluntad de ordenar toda la cadena alimentaria, pero al final quedó constreñido por las leyes de la Competencia tanto españolas como comunitarias. No caben los pactos de precios, ni tan siquiera las organizaciones agrarias pueden recomendar ni sugerir a sus propios socios qué cotización colocar a sus cosechas, ni tampoco negociar con las empresas de distribución en nombre de los agricultores a los que representan.
Pero bueno, agrega este abogado de Asaja, pensemos en positivo. Más que el Código de Buenas Prácticas Comerciales, «que ahí está, hay que aprovecharlo y, por supuesto, así lo haremos», la mejor arma actual de la Ley de la Cadena Alimentaria es la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios), porque allí cabe denunciar los abusos y sancionarlos.Mientras esto comenta, sonríe hojeando la respuesta del abogado de un distribuidor de naranjas al requerimiento enviado por un agricultor tras el impago de 16.000 euros. «No pensamos pagarle. El precio acordado era 22 céntimos por kilo pero aproximadamente, abierto a resultas (es decir, no pactado previamente en contrato y dependiendo de los resultados de la venta o incluso de la real gana del intermediario)», reseña la carta. «Pues señor mío, se ha hecho usted el haraquiri por escrito», se le oye susurrar a Vieira. Nunca tan pocas líneas en una misiva revelaron tanto abuso comercial.
El sevillano Vicente Rodríguez, del despacho especializado en Derecho Agroalimentario Legal Agrifood y una auténtica referencia europea en la materia, considera que, pese a sus múltiples carencias, la Ley de la Cadena Alimentaria y su Código de Buenas Prácticas Comerciales pueden contribuir a corregir «la desproporción económica y de poder» que emerge de las relaciones entre distribuidores y empresas productoras de alimentos, y en estas últimas incluye tanto al campo como a su agroindustria.
¿Carencias? Sí, responde. Por un lado, ni está bien definido ni completo el listado de prácticas abusivas. Y por el otro, las sanciones, si existen, son de escasa envergadura, no realmente disuasorias. Pero el principal problema aduce Rodríguez es el temor del agricultor al denunciar. «Se lo piensa muchísimo antes de acudir a los tribunales por la sencilla razón de que la represalias del distribuidor comercial le harán perder una parte sustancial de sus ventas. ¿Por qué? Porque el cliente ya no cuenta más con él. De hecho, ni siquiera compensa una posible indemnización: el cliente está perdido. Eso es así. Lo echa del supermercado o hipermercado. En mi despacho han sido numerosos los casos», asegura.
Vicente Rodríguez, quien también preside la Asociación Europea de Derecho Alimentario, considera que la cadena es, a la vez, juez y parte al determinar en solitario si un producto es o no de calidad conforme a sus propias normas internas y aplicar las sanciones que estime oportunas para todos aquellos que, a su entender, no se ajustan, sin que quepan informes externos alternativos. «O te echa», reitera. Eso sí, hace una precisión. «El desequilibrio de poder no quiere decir que las compañías sean abusadoras per se, pero sí que, al surgir conflictos de intereses, aquel es tan grande que impone según su conveniencia sin que el productor pueda defenderse razonablemente». ¿Y ahora afloran más o menos conflictos que antes? No hay más pero sí se visualizan más judicialmente, detalla.
Complejo el problema, compleja la solución. ¿Qué queda por hacer? Primero, que el remedio o sea mejor que la enfermedad, dice éste abogado al referirse a que una batalla judicial y una sanción que duela no acarreen la pérdida del negocio «no es pedir la luna», responde a la pregunta del periodista. Segundo, una intervención más activa de las autoridades de la Competencia con multas disuasorias de verdad, y no expedientes abiertos cuya resolución se eternizan «por ejemplo, una venta a pérdida (por debajo de coste, algo prohibido) es difícil de demostrar, sí, pero no imposible», apostilla. Y tercero, cambios en la legislación que permitan la confluencia de las vías Mercantil y Civil, para que así las prácticas abusivas se puedan acumular.
Y vayamos a la industria. Habla Víctor Yuste, director general del Foro Interalimentario, conformado por una treintena de grandes empresas de transformación y distribución de alimentos y bebidas, y cuyo fin fundacional es promover vínculos estables en el conjunto de la cadena: desde el campo hasta la tienda.
«El Código de Buenas Prácticas Comerciales puede ser un magnífico punto de partida para mejorar las relaciones, la seguridad jurídica y la transparencia entre los eslabones de la cadena agroalimentaria, buscando más lo que les une que lo que les separa. Todos esos eslabones forman la cadena. Por tanto, todos deben contribuir al desarrollo del sector».
Para Yuste, hay que ir a la búsqueda de un modelo donde todos los actores ganen y sean sostenibles por sí mismos. Suena grandilocuente, pero al fin y al cabo la reflexión no es otra cosa que un modelo donde haya beneficios para todos, y no para unos a costa de los otros. «Esto garantizará no sólo la pervivencia del sector primario, sino que fortalecerá y permitirá a la industria y a la distribución el desarrollo de su actividad con mayor seguridad y mayor tranquilidad. ¿Por qué? Al tener asegurado el suministro estable de excelentes productos agrarios. Y tal relación permite, además, la creación de escenarios de confianza para realizar inversiones en expansión, mejora de la producción y en I+D+I con garantías». Es lo que esta agrupación de empresas dirigida por Víctor Yuste denomina Cadena Agroalimentaria Sostenible.
Todo esto está muy bien, pero el Código de Buenas Prácticas Comerciales no es obligatorio. Yuste dice ser consciente, sí, pero matiza: «Al ser voluntaria su adhesión, sería una excelente noticia que todas las partes se sumen a él y asuman también los deberes y obligaciones que conlleve». En suma, apela a las voluntades, y a tomar conciencia de que «el histórico enfrentamiento entre productores y distribuidores tan sólo ha traído debilidad». «Existe un cambio de paradigma y la interlocución y buena fe con todos los eslabones es una gran necesidad si queremos fortalecer e impulsar nuestro tejido agroalimentario».
Víctor Yuste, sin embargo, discrepa de los letrados con respecto a las limitaciones que las normas de la Competencia imponen a la cobertura de la Ley de la Cadena Alimentaria. Ni el conjunto de ésta ni sus diversos eslabones pueden abstraerse a la libertad comercial y la empresarial que rigen para cualquier actividad económica.
Quedaría una última pata de la cadena donde preguntar, y allí encaminamos los pasos. Asedas es la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados. Su director general es Ignacio García Magarzo. «No hay que olvidar que el Código de Buenas Prácticas Comerciales está todavía en desarrollo, y en este proceso, créame, trabajaremos todos para que realmente nos sirva a todos», enfatiza.
García Magarzo tiene asimilado que el dedo acusador siempre apunta hacia las cadenas comerciales, si bien quiere precisar que, junto con el apoyo que se preste a los agricultores, ganaderos y pescadores «y estamos dispuestos a darlo» , éstos también deben ser conscientes de sus «costes innecesarios y de sus problemas de flexibilidad, eficacia y eficiencia». Han de trabajar en serio para minimizarlos. «La Ley de la Cadena Alimentaria es para todos, no va contra nadie. Al contrario, facilita instrumentos para conferir estabilidad a las relaciones. Estabilidad, insisto, no es una legislación de gestión de crisis».
Sí, de unos años para acá, las relaciones entre productores y distribuidores han mejorado, sentencia el directivo de Asedas. Pero Ignacio García Magarzo no quiere concluir sin hacer hincapié en la urgencia de generalizar los contratos por escrito en el campo. «Por escrito», recalca. Porque aún hoy en día, un año después de la entrada en vigor de la Ley de la Cadena Alimentaria, estampar las firmas en un documento es de una lógica tan aplastante como aplastante es también su grado de cumplimiento en cultivos clave del campo andaluz como las frutas y hortalizas y los cítricos. «Y eso, sencillamente, debe desaparecer».
