A finales de noviembre el Partido Popular centró su estrategia de oposición en Andalucía en torno a la figura del consejero de Economía de la Junta, José Antonio Griñán, a quien acusaban de especular con los excedentes de liquidez de los que dispone la Junta gracias a las transferencias estatales. El PP sostenía que la Junta se dedicaba a prestarle el dinero a los bancos mientras que se quedaba impávida ante las miles de empresas y familias asifixiadas por la crisis. Por esa razón, exigió que se le diera el dinero al Banco de España para que fuera esta entidad quien gestionara el dinero y evitara la supuesta especulación. Griñán advirtió que ese dinero se cede habitualmente a través de subastas a las cajas andaluzas con dos propósitos: 1) inyectarles la liquidez necesaria para su funcionamiento en el día a día y 2) aprovechar la rentabilidad que se saca de estas operaciones para acometer más inversiones públicas. Pues bien, el PP siguió a lo suyo y cargó contra la Junta bajo el argumento de que el PSOE es el partido de los banqueros y que había que acabar con esa práctica. En aras de la transparencia, la Junta aceptó la solicitud. ¿Y qué pasó? pues que el Banco de España se quedó con el dinero que se iba a subastar -1.800 millones de euros- y lo repartió por otras entidades financieras no andaluzas para que puedan tener liquidez. Es decir, que el dinero se ha ido a otra parte. Ahora, las cajas andaluzas, incluidos sus consejeros del PP, se han quejado con amargura y han solicitado a la Consejería de Economía que reanude las subastas, vitales en estos tiempos de penuria crediticia. En suma, la realidad del mercado financiero, que entiende poco de soflamas demagógicas, ha echado por tierra unos argumentos tan endebles y partidistas como los que empleó el PP, cuya irresponsabilidad en este punto han terminado por pagar las entidades financieras andaluzas y quienes confían en ellas para sacar adelante sus negocios y sus familias.
