Primero fue el debate de crisis sí, crisis no. Cuando los números no dejaron lugar a dudas, llegaron las medidas para sobrellevarla. Las primeras surgieron en plena batalla electoral -nunca un número, el 400, fue tan popular- y las últimas se han ido decidiendo según se ha ido complicando la situación, hasta asumir la llegada, de la mano del nuevo año, de la temida recesión.
Grosso modo, y euro arriba o abajo, el Gobierno, con los cinco paquetes de medidas presentados, más algunas iniciativas salpicadas en el tiempo, ha puesto sobre la mesa en los últimos ocho meses un colchón que supera los 170.000 millones, algunos detallados en acciones concretas y otros cuya finalidad es dar seguridad al sistema. Un despliegue que persigue tres claros objetivos: aportar liquidez, esto es, dinero para que fluya a familias y empresas; promover inversión para luchar contra el paro y reanimar la actividad y una política de ahorro y contención del gasto.
Las familias. Las principales víctimas.
Fue el anuncio estrella de la campaña electoral del PSOE y causó el impacto esperado. La devolución de los ya famosos 400 euros fue la primera de una batería de medidas que pretendían colocar algo más de dinero en los maltrechos bolsillos de los ciudadanos y, de paso, animar a un consumo alicaído. El coste para las arcas públicas, 6.000 millones.
Ampliar dos años más el plazo de amortización de la hipoteca con el fin de reducir la cuota mensual -aunque sin tener en cuenta el coste de las comisiones- fue otro anuncio, junto con una ayuda extra durante tres meses de 350 euros para los desempleados. Corría el mes de abril y lo peor, en el paro, estaba por llegar. Ya en junio, llegó la propuesta para reducir en un 20% los gastos de notarios y registradores.
Pero una de las decisiones que más tranquilidad aportó fue el aumento de la garantía de los ahorros que los españoles tienen en sus cuentas bancarias. De los 20.000 euros asegurados en caso de quiebra de una entidad, el Ejecutivo español aumentó esa cifra hasta los 100.000. Bastante tenía el sector financiero con lo suyo como para afrontar una masiva huida de depósitos que, por otro lado, hubiera sido insostenible.
Con noviembre llegaron nuevas necesidades, para las que Zapatero planteó, ante la avalancha de parados, medidas específicas para este colectivo. Entre ellas, la moratoria durante dos años para rebajar hasta la mitad la cuota mensual de la hipoteca, hasta un máximo de 500 euros. Y para aquellos otros no parados pero también con su carga hipotecaria, la posibilidad de obtener a través de la nómina, la desgravación por vivienda, habitual en la declaración de la renta. Y más facilidades. Desde prorrogar dos años más el periodo de vigencia de las cuentas ahorro vivienda, por eso del parón inmobiliario, aunque sin ventajas fiscales, hasta ampliar otros dos años el plazo que tienen quienes compran un inmueble para vender el anterior.
La banca. El sector más auxiliado.
Bajo la premisa de que si cae el sector financiero, cae todo lo demás, el Gobierno no tuvo más remedio que articular un plan de salvamento que no permitirá la caída de ninguna entidad y que establece diversos mecanismos de ayuda en los que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Tesoro Público asumen buena parte del protagonismo.
Las primeras medidas llegaron en forma de avales (2.000 millones más) para convertir en emisiones de deuda préstamos hipotecarios de vivienda protegida, con la idea de facilitar el acceso a la financiación de VPO. El mayor alivio para el sector financiero llegó en octubre por varias vías y con un objetivo: liquidez y más liquidez. Un fondo público dotado con 30.000 millones, ampliables a 50.000, para comprar activos, eso sí, de calidad y no tóxicos (como las subprime de EEUU), así como otros 100.000 millones para avalar operaciones (como emisiones de pagarés, bonos y obligaciones) e incluso la apertura de una puerta, que parecía cerrada hasta entonces, que permitiría la eventual entrada del Estado en el capital de un banco.
Empresas. A la caza de liquidez
La principal dificultad para las empresas ha sido en este tiempo la falta de liquidez, el cierre del grifo del sector financiero. El Gobierno amplió en 2.000 millones (hasta los 3.000) los avales que concede el Estado para la emisión de deuda de los créditos a pymes. Esto, que se conoce como titulización, es convertir los préstamos en activos que los bancos pueden colocar en el mercado. Ganan, pues, ambas partes.
La supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y la devolución mensual del IVA a partir de 2009, junto a líneas de financiación del ICO de 35.000 millones y un incentivo de 1.500 euros a quienes contraten parados con cargas familiares, completan la oferta. El automóvil, una de las víctimas de la crisis, tendrá su plan específico en enero.
