La atención a los dependientes en Andalucía «acumula un deterioro grave del sistema a partir de mediados de 2012 que se ha frenado en el segundo semestre de 2014 invirtiendo la pauta». Es el dictamen sobre la aplicación de este derecho en la comunidad de la Asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales que, a través del llamado Observatorio de la Dependencia, evalúa cada año el funcionamiento del sistema a nivel estatal y por comunidades teniendo en cuenta indicadores como las solicitudes presentadas, las valoradas, las personas reconocidas como beneficiarias, las que perciben su prestación, el equilibrio entre servicios y ayudas económicas, el gasto público, la integración en la red de servicios sociales básicos, la innovación o la sistematización en la recogida y puesta a disposición de los datos.
En base a todo ello, Andalucía obtiene una nota de 7,1, solo superada por el 10 de Castilla y León y el 7,5 del País Vasco, muy por encima de la media estatal que no llega al aprobado (4,79) y recuperando un notable que no obtenía desde 2012, precisamente el año en el que los recortes estatales y autonómicos frenaron el despliegue de la ley retrasando el acceso al sistema de los dependientes moderados, los criterios de baremación se endurecieron y los ajustes presupuestarios ralentizaron las valoraciones y concesiones de prestaciones.
En el caso andaluz, el informe habla de un despegue a partir del segundo semestre de 2014 tras dos años de parón. De hecho, pese a bajar un 4,1 por ciento las solicitudes presentadas en 2014 frente a 2013, aumentaron un 2,5 por ciento los dependientes valorados. Eso sí, aunque levemente, sigue creciendo la lista de espera de quienes, tras su valoración, son reconocidos con el grado y nivel al que corresponde una prestación pero aún no la perciben. En este «limbo» había, a 30 de noviembre de 2014 (último dato usado en el informe) 53.957 personas, 256 más que a final de 2013. Suponen el 25,1 por ciento del total de beneficiarios con el derecho reconocido (en 2013 eran el 24 por ciento). La población realmente atendida (que percibe su servicio o ayuda) ha bajado un 5,4 por ciento (por encima de la caída media nacional).
Recortes estatales El informe se centra especialmente en el hachazo económico que ha sufrido el sistema, principalmente por el recorte de la aportación estatal y la rebaja en la cuantía de las prestaciones económicas por cuidados familiares (el Estado eliminó la cotización por estos cuidadores). La Junta ha denunciado insistentemente este recorte estatal sacando pecho de su sobreesfuerzo para mantener el sistema. Según el estudio, «Andalucía es la comunidad autónoma más perjudicada por los recortes en la financiación del sistema de Dependencia por parte del Gobierno central» al haber dejado de percibir en los últimos tres años 342 millones de euros. Esta cantidad, según el estudio, «hubiera permitido en la práctica atender a todas las personas que actualmente están pendientes de recibir prestaciones o servicios».
El sistema de atención a la dependencia en Andalucía costó el año pasado 1.236 millones, de los que la Junta aportó el 61,4 por ciento, el Gobierno central 20,4 por ciento y los usuarios el 18,2 por ciento (mediante el copago de los servicios según su nivel de renta, un aspecto que precisamente ahora las asociaciones de personas con discapacidad luchan por rebajar). El gasto público anual por habitante es de 120,34 euros, por encima de la media estatal (104,49 por ciento) y los retornos (por las cotizaciones de los trabajadores del sistema y los impuestos de las personas físicas y entidades del mismo) superaron los 346 millones. Con todo, en el último año, se han perdido más de un millar de empleos en el llamado tercer sector al pasar de 28.100 a 27.000 pese a que han aumentado las plazas en residencias (1.675), centros de día (961) y ayuda a domicilio (234), los tres servicios ofertados (además de la teleasistencia que es gratuita para todos y compatible con el resto).
Y es que, las prestaciones económicas que la Junta siempre ha peleado por reducir, no solo siguen siendo mayoritarias sino que representan más de la mitad del total de ayudas concedidas (51,3 por ciento). Aunque los técnicos que valoran al dependiente proponen el recurso más adecuado, decide la familia y en época de crisis, esta especie de sueldo por cuidar al dependiente puede convertirse en un ingreso muy necesario en la unidad familiar. En los peores años de la crisis los directores de los centros llegaron a alertar de que había familias que sacaban a los dependientes de las residencias para cambiarlo por la ayuda económica.
