Lo cierto es que las indemnizaciones a Sacyr y las pérdidas económicas por la paralización de la obra seguramente superen los 30 millones de euros que necesita el constructor para acabar el proyecto, con un presupuesto inicial de 51,2 millones y un coste final de, por ahora, 89,7 millones.
Además, el Consistorio se escuda en una frase del dictamen del Consultivo para justificar que las obras no paren: "Es el órgano de contratación -la Gerencia de Urbanismo- el que debe tomar las determinaciones pertinentes, considerando que el dictamen de este Consejo Consultivo no es vinculante". No obstante, el secretario municipal emitirá un informe sobre la legalidad de seguir con la obra.
El máximo órgano jurídico de la Junta admite que su dictamen se ha hecho en base a las valoraciones técnicas, jurídicas y económicas del expediente y que los "órganos informantes" afirman que la "continuación del contrato modificado es la solución más conveniente para el interés público en estos momentos". En este "interés público" se escudará el Gobierno local pasa desoír al Consultivo, cuyos dictámenes (no vinculantes) son acatados en el 95% de los casos.
Precisamente, el secretario municipal ya señaló en su informe del pasado 17 de mayo su apoyo a continuar la obra por "interés público", desaconsejando "la resolución del contrato y sí su continuación una vez modificado" porque "el interés público requiere que sea la propia empresa que ha encontrado la solución la que ejecute el proyecto".
Eso sí, de seguir adelante, el Consistorio tendrá que lidiar con posibles denuncias judiciales de particulares u organizaciones que, con el informe del Consultivo en la mano, pidan la paralización del proyecto del arquitecto alemán Jürgen Mayer. El Ayuntamiento convocará un consejo extraordinario de la Gerencia tras el que comunicará al Consultivo su decisión en quince días.
Según el expediente del Consultivo, el primer modificado del proyecto fue de 8 millones de euros (un 16%) y el segundo, solicitado en diciembre de 2009, de 29,9 millones (50,2%).
El dictamen incluye que los propios técnicos de Urbanismo admiten que se detectaron errores en la estructura, por lo que su ejecución se hacía "inviable técnicamente", y que el propio informe del secretario municipal dice que debió paralizarse en 2007, cuando se determinó que no era "realizable".
Consejo Consultivo: No hubo imprevistos, sino «un proyecto no ejecutable»
El Consejo Consultivo asegura que no puede utilizarse un modificado presupuestario del contrato con Sacyr para "ocultar" errores del proyecto original, que era "inejecutable", ante lo que pide más "rigor" en la elaboración de los proyectos que deben contener "todas las previsiones necesarias". Los cambios solicitados no están justificados, según el Consultivo, porque no son fruto de imprevistos o necesidades surgidas. La norma legal que suele aplicar el máximo órgano jurídico de la Junta señala que los encarecimientos de obras por encima del 20% del coste inicial obligan a resolver el contrato vigente y a plantear un nuevo concurso, ya que las previsiones originales de la obra se alteraron. El Consejo suele validar la subida de los presupuestos si se produce por circunstancias objetivas de fuerza mayor o razones sobrevenidas. En este caso, asegura que no hubo imponderables.
Urbanismo: «La continuación es la solución más conveniente»
Urbanismo respondió ayer al Consultivo con una nota en la que señala que este órgano de la Junta "reconoce las valoraciones técnicas, jurídicas y económicas incluidas en el expediente a la hora de considerar que la continuación del contrato modificado es la solución más conveniente para el interés público en estos momentos". Pero lo cierto es que ésta es la opinión que reza en uno de los informes municipales que se incluyen en el expediente analizado por el Consultivo, no es la opinión de éste órgano, que se limita a emitir un dictamen desfavorable. Urbanismo añade que, oído el informe, será elevado a la Gerencia, "que valorará la oportunidad por interés público de continuar con la ejecución prevista del modificado". "La propuesta que se presente en el Consejo tomará en consideración como criterios de interés público, entre otros, si la resolución del contrato supondría un coste mayor que terminar la obra".