El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Rey (PSOE), manifestó hoy su "respeto" a la petición elevada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la Asociación para la Defensa del Patrimonio (Adepa), en cuanto a la ejecución provisional, en las obras del complejo urbanístico 'Metropol Parasol', de la sentencia previa que confirmaba la suspensión cautelar de varios artículos del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) sobre cuatro sectores del Conjunto Histórico Artístico, lo que implicaría la paralización de estos trabajos adjudicados a 'Sacyr'.
En declaraciones a los medios de comunicación, Rey dijo "respetar cualquier posición", en alusión a la maniobra de la organización conservacionista. Adepa, en concreto, ha solicitado a la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA la ejecución provisional, pero parcial, de la sentencia previa del Alto tribunal andaluz que confirmaba la suspensión cautelar de varios artículos del PGOU de 2006 sobre cuatro sectores del Conjunto Histórico Artístico que carecen de plan especial de protección.
Mediante tal demanda de ejecución provisional, la organización reclama expresamente que se consume dicha anulación sobre las obras promovidas en el sector Encarnación-Magdalena para construir el complejo fungiforme diseñado por el arquitecto alemán Jürgen Mayer. Dado el caso, Manuel Rey admitió el "legítimo derecho" de Adepa a promover las acciones judiciales que considere oportuna, pero dejó "absolutamente claro" el empeño del Ayuntamiento por "sacar adelante este proyecto", al tratarse de "una gran oportunidad para el casco histórico y para Sevilla".
"Vamos a seguir trabajando", zanjó Manuel Rey, quien apostó por "culminar este gran proyecto" cuyo coste alcanza ya los 89,6 millones de euros según un documento de la propia Secretaría General del Ayuntamiento hispalense.
LA PETICION DE ADEPA EN TERMINOS EXACTOS
En concreto, la organización ha elevado a la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA una "demanda de ejecución provisional" que parte de la sentencia que, el 1 de octubre de 2009, emitía la Sección Segunda de dicha de dicha sala ante los recursos de súplica promovidos por la Gerencia de Urbanismo y la Consejería de Obras Públicas y Transportes contra la suspensión ya dictada en cuanto a la aplicación de 16 artículos del planeamiento urbano en los sectores del Conjunto Histórico Artístico que carecieran de planes especiales de protección.
Dicha resolución desestimaba el recurso de la consejería en cuanto al procedimiento utilizado para dictar la suspensión cautelar de dichos artículos, pero admitía parcialmente el de la Gerencia, lo que desencadenó la exención de la suspensión sobre cuatro de los artículos al asumir o convalidar el nuevo planeamiento el Plan Especial del Conjunto Histórico de 1995 o las protecciones dictadas por el PGOU de 1987.
SUSPENSION CONFIRMADA
Dado el caso, el Alto tribunal andaluz confirmaba entonces la suspensión cautelar de 12 artículos del PGOU de 2006 sobre los sectores Santa Catalina-Santiago, Catedral, Encarnación-Magdalena y La Calzada-Fábrica de Artillería del Conjunto Histórico Artístico.
A tal efecto, esta demanda de ejecución provisional de la sentencia dictada el 1 de octubre de 2009, recogida por Europa Press, se dirige "exclusivamente" hacia la anulación de estos artículos en relación al sector Encarnación-Magdalena y, más expresamente, a toda "conexión directa" con las obras promovidas por la Gerencia de Urbanismo para transformar el antiguo solar del mercado de abastos de La Encarnación en un rupturista complejo urbanístico bautizado como 'Metropol Parasol' y diseñado por el teutón Jürgen Mayer.
OBRAS "ILEGALES"
Adepa entiende que la propia sentencia del 1 de octubre de 2009 convierte en "ilegales" las obras al implicar tales trabajos "una modificación de las alineaciones preexistentes", por lo que reclama expresamente la ejecución provisional de la sentencia en lo que concierne a este proyecto que actualmente ejecuta la constructora 'Sacyr'.
La organización conservacionista, así, ampara su solicitud en la protección del Conjunto Histórico Artístico declarado en 1964 y advierte de que la no ejecución provisional de este fallo, que devendría en la supuesta ilegalidad de las obras, podría implicar "perjuicios de difícil o imposible reparación con irreparables perjuicios al Conjunto Histórico por modificaciones en sus alineaciones y una evidente transformación del mismo de forma contraria a la legalidad establecida".
