El diputado socialista en el Congreso y exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, entre los aforados que la jueza Mercedes Alaya ha pedido al Supremo que sea investigado por su posible participación en la trama de los ERE, rompió ayer su silencio para defender su inocencia y que desconocía el supuesto fraude. Viera eligió una entrevista en la SER para sostener que no participó en ninguna acción «de tipo ilegal y mucho menos inmoral». En su defensa aseguró que mientras que fue consejero de Empleo, de 2000 a 2004, no recibió ningún aviso ni alerta de la Intervención de la Junta sobre el sistema ideado para otorgar estas ayudas. La jueza Alaya considera el sistema «ilegal» y maquinado para beneficiar intencionadamente a militantes y afines a altos cargos socialistas. La jueza ha cifrado en 855 millones el fraude.
El exdirigente socialista sostuvo que durante tres años, desde que fue señalado por la Guardia Civil en la instrucción por su «papel esencial» en la supuesta trama, se ha sentido en una «indefensión absoluta».Al estar aforado, no ha sido llamado a declarar en los tribunales. Dijo haber sentido una «muerte civil» y lamentó «el serial penal» sobre sus actuaciones que ha podido leer en la prensa. Asimismo aseguró tener el respaldo expreso del actual secretario general y líder del PSOE, Pedro Sánchez, al que situó en una posición incómoda.
El propio Sánchez aprovechó unas declaraciones ayer tarde en Ibiza para dejar claro su respaldo a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, sobre quien también la jueza Alaya ha pedido al Supremo que investigue sus supuestas responsabilidades penales por conocer supuestamente el fraude. Sánchez defendió la «honestidad y honorabilidad» de los expresidentes, informa Efe. Tras días en los que el PP ha pedido a Sánchez que exija a Susana Díaz que dé la cara y adopte medidas contra los dirigentes socialistas señalados, el líder del PSOE salió ayer al paso para dejar claro que desde su partido «no condenarán a inocentes ni defenderán a culpables» y para dar un respaldo cerrado a las medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz tras estallar el escándalo. «La presidenta de la Junta ha actuado con contundencia», defendió. Sobre Viera fue mucho más cauto, después de que el diputado socialista lo hubiera puesto en un brete asegurando públicamente que tenía su respaldo. Aseguró que lo conoce personalmente y ha conversado con él en varias ocasiones, añadiendo: «No es que confié en él, solo espero que sea inocente». Viera hilvanó un relato en el que trató a toda costa de desligarse de la trama de los ERE, a pesar de que la jueza Alaya señala que fue bajo su responsabilidad cuando se fraguó el sistema para sacar las subvenciones del canal tradicional para el reparto de ayudas en 2001 y la Guardia Civil no deja dudas sobre su «papel esencial» en la trama. En un informe sobre las ayudas concedidas en la Sierra Norte de Sevilla, área de influencia política de Viera que copó la mayoría de las ayudas repartidas, señaló el reparto «discrecional» de 32,6 millones de euros en ayudas a empresas pertenecientes a los empresarios y exconcejales socialistas José Enrique Rosendo y José María Sayago, donde trabajó la propia hija de Viera, Sonia. El socialista aseguró ayer no conocer a estos empresarios con quienes lo vincula la investigación policial y dijo que no sabía que su hija trabajaba para ellos.
Por otro lado, los vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han expresado su preocupación por la filtración del contenido de la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo por la jueza Mercedes Alaya en relación con el caso de los ERE irregulares en Andalucía. Consideran que se ha causado «indefensión» a los aforados y se plantean encargar una investigación disciplinaria al respecto.
