El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, ha expresado su "profunda preocupación" por las consecuencias finales que puedan acarrear los planes de ajuste a los ayuntamientos, ya que en el modelo que el Ministerio de Hacienda ha elaborado para presentarlos se "vislumbra ya la posibilidad de una fuerte subida de tasas locales y el recorte en gastos de personal".
Ante esa situación, Villalobos ha mantenido una ronda de contactos con alcaldes de la provincia, en la que éstos trasladaron la situación de "callejón sin salida" a la que les aboca el decreto de pago a proveedores, ya que "hipoteca las cuentas municipales y, con ello, forzará la subida de impuestos y hará peligrar servicios básicos para la ciudadanía ante la falta de presupuesto para mantener al personal que los presta".
Villalobos, junto a estos alcaldes, ha dejado claro que está a favor del pago a proveedores, advierte de que ello "no debería traducirse en una nueva subida de tasas locales y en una merma de los servicios a los vecinos".
"DESVESTIR UN SANTO PARA VESTIR OTRO"
"Lo contradictorio en todo es que lo que está proponiendo el Ministerio de Hacienda es desvestir un santo para vestir otro, ya que para que el pago a proveedores ordena unos planes de ajuste que, para ser cumplidos, conducirán a los ayuntamientos a decisiones dramáticas en muchos casos, como el recorte de sueldos y el despido de efectivos de sus plantillas municipales, o la subida y creación de nuevos impuestos que agravarán aún más las economías domésticas de sus convecinos", añade.
Asimismo, el presidente se ha hecho eco de otra "preocupación" que le han trasladado los alcaldes como es "el escaso tiempo, sólo quince días, que estamos teniendo para plantear unos planes de ajuste tendrán después una vigencia de diez años".
Asegura que ese "apretón" en los plazos está conduciendo a "desbordar" los servicios de intervención en los ayuntamientos y, además, reclaman "planes de ajuste realistas mientras que es el propio Ministerio el que aún no nos ha dicho cuánto serán las transferencias de la Participación de Ingresos del Estado (PIE) que lleguen a las arcas locales en 2012".
"Puede ocurrir la paradoja de que un ayuntamiento que tenga en manos privadas un servicio elemental como la recogida de basura y, por estar gestionado de forma privada, éste tenga asegurado sus pagos mediante el decreto. A la vez, un Ayuntamiento que gestione desde lo público ese mismo servicio verá cómo su recogida de basuras sufre los recortes de los planes de ajuste e incluso puede ver afectada la plantilla y el parque móvil destinado para ello", sentencia.
En definitiva, Villalobos subraya que "ese ejemplo resulta más que ilustrador de cómo el decreto de pago a proveedores representa una agresión sin precedentes a la autonomía local por parte del gobierno del PP y una forma encubierta de proponer subida de impuestos y despidos en la escala de gobierno municipal".
