185 síes, 26 noes y siete abstenciones. Éste es el respaldo que obtuvo en el Claustro el Reglamento General de Estudiantes que ahora trae de cabeza a la Universidad de Sevilla. En su artículo 13 y 14 regula las condiciones necesarias para convocar un paro académico, una medida muy fuerte de presión y pensada, según reconocen los que participaron en su redacción, para casos de "agresión externa" a la institución. Y los recortes en educación han entendido los estudiantes que lo son.
Este texto y la regulación en sí misma de la figura de un paro académico han levantado ahora ampollas entre un nutrido grupo de profesores. Incluso el rector, Antonio Ramírez de Arellano, que cuando se elaboró el reglamento formaba parte del equipo de Gobierno, ha anunciado ya su intención de revisarlo una vez que pase el paro académico. Será el curso que viene. Pero, con los datos arriba citados, cabe hacerse una pregunta: ¿se leen los señores claustrales los reglamentos antes de darles su visto bueno? Solo así se podría explicar que, dos años después de su aprobación, el reglamento haya levantado tamaña polvareda.
Ramírez de Arellano está atado de pies y manos: tiene que cumplir el reglamento a rajatabla aun sabiendo que las consecuencias en "la imagen y el prestigio" de la Universidad pueden verse seriamente dañados. Sobre el descrédito al que puede verse sometida la institución hay un precedente muy cercano en el tiempo. En enero de 2010, el Consejo de Gobierno decidió aular el artículo 20 de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas cuya redacción fue interpretada como una puerta abierta a que el estudiante siguiera haciendo un examen aunque fuera sorprendido copiando. Estos dos ejemplos, el del Reglamento de Estudiantes y la norma de evaluación, se enmarcan dentro de la fiebre reglamentaria en la que se sumió la Universidad de Sevilla en el mandato anterior y que respondía a un compromiso electoral de Joaquín Luque. En su programa prometía aprobar dentro de sus cuatro años de gobierno nada menos que nueve reglamentos. Tal relevancia se le confirió a la promesa que incluso se creó un cargo académico para dirigir todo este proceso. El entonces rector quería con ello despejar dudas normativas y dejar atada la mayoría de los cabos sueltos originados por los cambios constantes en las directrices dadas por el Gobierno de la nación. La intención fue loable, obligada por el cargo de rector y, a tenor de los resultados, con alguna sombra de consideración. Errar es de humanos, que dirían algunos.
Con el Reglamento de Estudiantes se ha cumplido la Ley de Murphy por la que "si algo puede salir mal, saldrá mal". En los pasillos del Rectorado y en círculos próximos al ala noble no son pocos los que afirman que era impensable en 2009, cuando se aprobó el texto, que los estudiantes convocaran un paro académico de dos semanas con posibilidad de que se prolongue indefinidamente. Con un movimiento estudiantil completamente deslavazado, desarticulado y érratico por momentos, nadie creía posible que los estudiantes pudieran conseguir primero el apoyo de las asambleas al paro y después la ratificación por las dos terceras partes del Pleno del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla. Pues esto ocurrió el pasado 18 de mayo. Los recortes impuestos por el Gobierno del Partido Popular, que supondrán subida de tasas y revisión de los criterios de concesión de becas, han despertado a los estudiantes. El espíritu de movimientos como el 15-M ha hecho el resto. Y ahora es la Universidad de Sevilla la que vuelve a tener que lidiar con un momento que el rector califica de "histórico" por no llamarlo delicado y conferirle así una carga de dramatismo que en nada contribuiría a destensar la situación. La solución está dentro de la propia casa, que tendrá que volver sobre sus pasos.
