El curso escolar ya está en marcha pero la batalla entre la aplicación con o sin paliativos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), también conocida como ley Wert, lejos de quedar atrás, promete no dar tregua hasta bien entrado el mes de septiembre. Ayer, en un nuevo capítulo de esta contienda política entre la Junta y el Gobierno central, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, dejó claro que la Alta Inspección Educativa del Estado se asegurará de que el desarrollo de la Lomce se cumpla tal y como fue concebida por el Gobierno popular. De no ser así, Wert aseveró, en declaraciones a Onda Cero, que «se recurrirá a todas las herramientas de que dispone el ministerio, empezando por el requerimiento a la administración [autonómica] de que se trate». Esta alusión directa a la Junta se produce después de que el pasado martes compareciera para presentar el curso escolar el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, quien confirmó que, como ya se anunció hace meses, el Gobierno andaluz implantará la ley Wert pero con algunas modificaciones respecto a otras comunidades, al menos durante este año, ya que hasta enero de 2015 no comenzará a aplicarse el decreto que regula la Lomce en Andalucía y no será hasta septiembre del próximo año cuando se aplique la nueva ley de manera estricta. Este curso será de transición. Según Alonso, se aplicará la reforma de la forma menos lesiva posible, «por imperativo legal», ya que el Supremo rechazó suspender cautelarmente la aplicación de la nueva norma educativa, tal y como solicitaron Andalucía y Cataluña. Por ello, y pese al empeño de la Junta en «minimizar» el impacto de la ley Wert, la Administración se ha visto obligada a implantarla, pero lo hará solo a medias. Así, en Andalucía se pondrá en marcha únicamente en aspectos curriculares, para no crear «incertidumbre» a las familias, destacó Alonso. Sin embargo, su homólogo en el Gobierno central ya ha advertido que «quienes rechazan la Lomce conseguirán que sus alumnos estén en peores condiciones que los de otras comunidades autónomas». Además, el ministro se mostró confiado en que la resistencia a aplicar la reforma responda más a «un gesto político que a una realidad», ya que las «competencias en educación están razonablemente claras en la Constitución». Para Wert resulta «especialmente llamativo» que una comunidad en referencia a Andalucía que tiene la inversión por alumno más baja de todas y «unos resultados educativos que están a la cola del conjunto de comunidades autónomas ponga pegas a una ley que se dirige a superar aquellas debilidades que se manifiestan de forma especial». Este reproche del ministro provocó la reacción de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, quien denunció ayer que «no es normal» que el ministro que quiere «segregar en edades tempranas», aumentar la ratio de alumnos por aula y «dañar» la igualdad de oportunidades, se permita hacer estas declaraciones. Además, se lamentó de que a Wert no se le ocurriera decir que Andalucía es la «única comunidad» donde los libros son gratuitos o que casi el 50% de las becas al comedor en esta comunidad cubren la totalidad de las necesidades de las familias. Liquidación. Por otra parte, la Junta liquidará «en breve» los retrasos en el pago de gastos de los centros escolares a finales del curso pasado. Una vez abonados 83 millones correspondientes al año 2013-2014, y a la espera de pagar los retrasos en este mes, Alonso destacó que el inicio del curso «no ha presentado incidencias».