Elecciones anticipadas. Esas fueron ayer (de nuevo) las dos palabras de la jornada tras la votación que el Gobierno ganó de penalti injusto y en el último minuto -o lo que es lo mismo, sin apoyos parlamentarios- el pasado jueves en el Congreso durante el debate del decreto ley que recoge el ajuste del gasto público.
El primero en responder ayer a la batería de peticiones de adelanto electoral que se sucedieron en el Pleno del jueves fue el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, José Antonio Alonso, quien se mostró convencido de que no habrá elecciones anticipadas y defendió que se agote la legislatura porque eso dota al sistema económico y político de "estabilidad". En declaraciones a RNE, recogidas por Efe, Alonso añadió que el Gobierno de Rodríguez Zapatero fue elegido para gobernar durante cuatro años y estará, por ello, "a las duras y a las maduras".
En la misma línea se pronunció su compañera de partido y ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, que subrayó que el Ejecutivo no se plantea "en absoluto" convocar elecciones anticipadas ni "sustituir" a su presidente. "Lo último que se nos ocurriría en momentos difíciles sería abandonar", manifestó. En declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, Jiménez argumentó que los ciudadanos dieron a los socialistas mandato de gobernar, y que eso es lo que hacen, "tomar decisiones", con "responsabilidad" aunque las medidas sean "impopulares".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, fue, como siempre, la más contundente de todos los socialistas y aseveró que se-ría "una irresponsabilidad" adelantar las elecciones generales y recalcó que Zapatero se siente "acompañado "por los ciudadanos y que su proyecto "está más vivo que nunca". De la Vega hizo estas afirmaciones en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, en la que respondió a reiteradas preguntas sobre la posibilidad de un adelanto electoral después de que el Gobierno se viera el jueves sin apoyos parlamentarios en el Congreso de los Diputados.
Fernández de la Vega centró sus críticas en la "irresponsabilidad" del PP como principal partido de la oposición y no en el resto de grupos parlamentarios que, al igual que el popular, votaron en contra del plan de ajuste, que fue aprobado gracias a la abstención de CiU, CC, y UPN. "Lo vamos a hacer con el apoyo y el aliento de muchos ciudadanos, que tienen mucho más sentido de la responsabilidad que los dirigentes del PP", agregó la vicepresidenta que descartó así un adelanto electoral e, incluso, la presentación de una cuestión de confianza en el Congreso.
Mientras tanto, el presidente del PP, Mariano Rajoy, reprochó ayer a CiU que su abstención en el Congreso haya provocado que se perdiese la "oportunidad" de decidir si el presidente del Gobierno abandonaba el Gobierno o seguía al frente, y sostuvo que, con su decisión, la federación "sólo alarga la agonía".
Rajoy criticó que CiU justifique su decisión diciendo que España corría riesgo de ser intervenida, hecho que desmintió, y aseguró que el verdadero sentido de Estado era votar contra la medida y evidenciar al presidente del Gobierno que no creen en él. Lo dijo durante su intervención ante un foro de empresarios catalanes en la XXVI Reunión del Círculo de Economía, que se celebra estos días en Sitges bajo el lema Para que la economía vuelva a funcionar. En cambio, el líder del PP sí se mostró partidario de la idea de emular a Grecia y recortar el número de municipios en España, porque hay "demasiados", con el objetivo de adelgazar el peso de la administración, a la vez que abogó por abrir la puerta a la privatización de las televisiones autonómicas. Recordó que en España hay más de 8.000 municipios, algunos que viven de pura subsistencia. El Parlamento griego decidió reducir su número de ayuntamientos para ahorrar 1.000 millones anuales.
Además, ayer fuentes gubernamentales informaron de que Zapatero habló varias veces por teléfono con Rajoy, antes de la sesión parlamentaria del jueves, para hablar del decreto ley de recorte del gasto. El presidente le habló a Rajoy de la situación económica y de la importancia de las medidas contenidas en el decreto ley. Sin embargo, el PP negó anoche la versión del Gobierno.