El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, no renuncia al dragado del río, que entiende como la piedra angular para reactivar la economía local. No en vano, el PP lo plasmó hace meses en su propuesta de plan de empleo, con una previsión de 20.000 nuevos puestos de trabajo que dependen de una obra que permitía el acceso de buques de mayor calado al Puerto de Sevilla. Pero, a diferencia de otras ocasiones, Zoido ya no habla con la urgencia que le hizo abanderar frente a la Junta un proyecto por el que suspiran empresarios y sindicatos. El alcalde rectificó ayer y relegó a un segundo plano todo lo vinculado con el dragado. La prioridad es que exista una protección medioambiental de un entorno tan sensible como el cauce del río. O mejor dicho, Doñana y la zona de arrozales que es fuente de riqueza de cientos de agricultores.
Hay que preservar el estuario del río, haya dragado o no, con la protección de la ribera y la modernización de los regadíos, manifestó, solicitando inversiones en ese aspecto y marcando así prioridades de acción, diferentes a las del pleno de mayo, donde la moción presentada precisamente por el PP buscaba una unidad para exigir el dragado al Estado edulcorado bajo la coletilla de siempre que se acredite su sostenibilidad ambiental para contentar la tesis de regantes, arroceros y ecologistas. La versión de ayer, en cambio, es más contundente a favor de los argumentos de estos últimos. Después de salvaguardar el estuario, hágase el dragado, recalcó ayer, por si había algún tipo de duda, durante un punto del debate plenario que nada tenía que ver con el debate en torno al río, como la petición a la Junta de las competencias en materia urbanística en varias zonas del casco histórico.
Ese cambio en el orden de prioridades, al igual que ocurrió con la torre Pelli, se produce tras el tirón de orejas de la Unesco, que mostró su rotundo rechazo al dragado del Guadalquivir proyectado por el Puerto porque implica un impacto negativo en la dinámica, morfología y biodiversidad en el estuario, que daría lugar a impactos directos sobre el Parque Nacional de Doñana. Tal resolución fue la puntilla después de que, semanas atrás, fuera el ministro de Agricultura, Arias Cañete, el que rebajara las pretensiones respecto al dragado, que estaba sujeto a condiciones. En concreto, todo quedaba a expensas de que la Autoridad Portuaria pusiera en marcha las medidas correctoras recogidas en la Declaración de Impacto Ambiental de hace 10 años y acredite su cumplimiento. Muchos argumentos en contra en un mes y pocos a favor, aunque con la fuerza de un frente común en defensa del dragado en el que, entre otros, está la Cámara de Comercio de Sevilla, la patronal (CES) o los sindicatos CCOO y UGT.
En ese pulso se coló ayer el Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS), que emitió una declaración de urgencia a favor del dragado para evitar la fuga de empresas, entre ellas Renault, Airbus, Portland o Siderúrgica que, según el documento, habían condicionado sus planes de expansión y hasta su continuidad a la mejora de la navegabilidad de la Eurovía del Guadalquivir. De la recomendación de la Unesco no aparece ni una mención. Se ciñe más a criterios económicos y urge a las administraciones públicas a apostar por el proyecto y dejar de enzarzarse en luchas políticas que no benefician a nadie.
El dictamen del CESS es consultivo y, por tanto, no influye en las decisiones futuras. Ahí figuran como ejemplos los presupuestos y las ordenanzas municipales de 2013. Pero su opinión suele sentar cátedra, ya que es un organismo en el que conviven agentes sociales, políticos y económicos. Y, al menos en la revitalización del río, la votación deja poco margen para dudas: 35 votos a favor, con solo una abstención (PSOE) y un voto en contra (IU). La coalición de izquierdas trató de incorporar una serie de alegaciones que daban un giro de 180º a la resolución indicaban que el dragado no era recomendable actualmente, que ni siquiera fueron atendidas.
El pleno del CESS, aunque aglutina a un gran espectro social, no tiene entre sus filas a los agricultores, que ayer se rasgaban las vestiduras por esta resolución. Asaja Sevilla también mostró su rechazo, ya que no ha contado para la redacción del documento con la opinión de agricultores, ganaderos, usuarios del río y participantes activos en su gestión.
