Un motorista intenta estacionar en la zona azul habilitada en el entorno de Viapol, zona afectada por la última ampliación de este sistema de aparcamiento. / J.L. Montero
Hay que derogarla y empezar de cero». Con esta premisa los distintos colectivos afectados por la ampliación de la zona azul en la capital se presentaron ayer en la Plaza Nueva para pedir, por enésima vez, que el gobierno local paralice este sistema de estacionamiento en superficie regulado por precio o zona azul por el que desde el pasado mes de junio la ciudad ha pasado de 4.112 a 7.553 plazas tras las controvertidas implantaciones en Bami, Viapol y Macarena. «La medida no resuelve los problemas de movilidad y es fruto de un proceso lleno de ilegalidades. Iremos a los tribunales si no la retiran», anunciaron tajantemente después de mantener distintas reuniones con Movilidad y los partidos de la oposición en las que no lograron arrancar un acuerdo firme para borrar la pintura azul de las calles de sus barriadas.
Encuentro de los afectados de la zona azul con el portavoz de IU. / El Correo
El encuentro tuvo lugar en la Sala de Fieles Ejecutores del Ayuntamiento. Hasta allí llegaron representantes de la Coordinadora de Sevilla, que incluye a la Plataforma contra la zona azul de Bami, la de Nervión, la Asociación por una Tasa a las Transacciones en Andalucía (Attac), CCOO, UGT, Facua y también el Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus). Los representantes mantuvieron un primer encuentro con el director del área de Movilidad. A él expusieron su «total rechazo» a la zona azul dado «los graves perjuicios» que está ocasionando, en especial en Bami, donde se ha creado una plataforma de comerciantes aquejados por la caída de las ventas. «Hemos contabilizado el cierre de unas cuatro o cinco pequeñas y medianas empresas, y la facturación ha bajado un 40 por ciento. La mayoría entra a por cambio para el parquímetro», denunció Cecilia, portavoz de los más de cien comercios de Bami.
Eso sí, todos mostraron su rechazo a las ordenanzas fiscales de 2015, aprobadas en Pleno. Según explicaron implican «una subida impositiva encubierta pero de facto» de la zona azul, pues «se modifican sustancialmente las categorías y la zona azul de muy alta rotación (MAR) experimenta subidas de hasta el 200 por ciento, mientras que la de alta rotación registraría incrementos de hasta el cien por ciento y la de baja rotación una bajada de hasta el 70 por ciento». A su juicio es «otro nuevo impuesto con fines recaudatorios sin un plan de movilidad que compense las nuevas plazas de zona azul». Es, por ello, que anunciaron que van a presentar alegaciones como dicen que les recomendó el director del área.
La ausencia de políticos del PP en este encuentro fue considerada como «un falta de deferencia» hacia los colectivos convocados. Por contra, estos sí se reunieron con los partidos de la oposición. En el PSOE, Juan Espadas criticó el «empecinamiento» de este Ayuntamiento en mantener este nuevo modelo de zona azul «que lleva un millón de euros recaudados y sin solucionar los problemas de movilidad de Bami o Viapol». A lo que el portavoz municipal de IU-CA, José Manuel García, lamentó los «perjuicios» que está ocasionando a todos, por lo que reclamó su derogación «inmediata» al haber sido concebida «sin consenso ni participación». García pidió abrir «un debate global».
A estas críticas, el delegado de Movilidad en el Ayuntamiento, Juan Bueno (PP), defendió en una nota que la nueva ampliación había contado con «el consenso vecinal» pero que ante esta situación generada «se trabaja en alternativas» a la zona azul. «Siempre hemos atendido a todos los ciudadanos y se ha tomado nota de sus reivindicaciones», subrayó mientras dijo que en el encuentro de la mañana «todos han expuesto sus inquietudes». Para recalcar de nuevo «la disposición absoluta a dialogar y buscar fórmulas para darles respuesta. Ya se han ofrecido algunas alternativas».
