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El buque ‘Louisa’ interceptado por la Guardia Civil. / El Correo
La resolución 24/19 de Audiencia de Cádiz-Sección 4ª notificada el 8 de Abril resuelve la verdad judicial del llamado ‘caso Bahía II’ según prensa; el ‘I’ destapó a trama corrupta. Ese sumario desmanteló una ‘-peligrosa y sofisticada- banda de cazatesoros submarinos’ a principios de 2006, según el Coronel Antonio Dichas Gómez (hoy jubilado, tras ascender a General)
El buque ‘Louisa’ fue abordado en el muelle comercial del Puerto de Santa María (Cádiz) por efectivos de la Guardia Civil-UCO desde tierra, mar y un helicóptero. El operativo detuvo a tres tripulantes. Semanas después, a diecisiete encartados más. Entre ellos, un agente de la Benemérita por presunta ‘revelación de secretos’ según mantuvo Fiscalía hasta última hora.
Los cargos que afrontó la banda del ‘Louisa’ fueron depósito de armas y daños al patrimonio arqueológico. A bordo del buque sólo se encontró un trozo de madera, parte de una vasija fenicia, anclas de piedra y bolas de cañón oxidadas. Lo incautado se tasó judicialmente en apenas 400 euros . Un armero, que reventó la Benemérita, escondía 5 fusiles de asalto. Eran legales en el país del fletador del buque -Estados Unidos- y en aguas internacionales, desde donde atracó el navío al muelle portuense.
La sentencia de la Audiencia gaditana oculta, llamativamente, la denuncia que inició el sumario y sustanció tal esperpento. La hizo ante el SEPRONA el onubense Claudio Lozano Guerra-Librero. Este buzo y Doctor en historia, tras esa y otras denuncias que activó, se ligó a ODYSSEY MARITIME EXPLORATION (OME). Hablamos de una multinacional, cotiza hasta en bolsa. OME fue condenada -en Estados Unidos- en 2009 a devolver a España un tesoro de más de medio millón de monedas de plata y restos arqueológicos saqueados de un buque español hundido valorado en más de 500 millones de euros tras una dura -y costosa- batalla legal.
Objetivo Bonifacio
Lo incautado a bordo del ‘Louisa’ no fue el tesoro esperado. La UCO siguió -con escuchas, rastreos y vigilancias- a personas y empresas vinculadas al buque ‘cazatesoros’. Claudio Bonifacio fue uno de los objetivos. Este historiador y escritor italiano afincado en Sevilla asesora a gobiernos, universidades y empresas para identificar y reflotar tesoros, submarinos y subterráneos. Tan singular oficio existe desde el medievo
Bonifacio documenta rutas y fletes de los casi 3.000 barcos hundidos en los cinco continentes. Prácticamente vivía en el Archivo de Indias de Sevilla y denunció a los piratas de Odyssey, incluida su investigadora hispalense, de origen norteamericano.
Tras ser detenido Bonifacio, en marzo de 2006, por la Benemérita allanaron su vivienda en Triana por orden judicial. Le requisaron toda una vida de trabajo: fichas de navíos hundidos, copia de cartas náuticas, manifiestos de carga, informes y estudios que plasmó, en todo o parte, en libros que ha publicado en distintos países.
Una rueda de prensa en Montequinto a posteriori exhibió todo eso más su mochila personal. A esta se etiquetó ingeniosamente como ‘kit del expoliador’ ante sorprendidos informadores. Trece años después, aquel decomiso sigue sin retornar a su dueño. La valiosa información estaría en manos de piratas del siglo XXI. Pero, oficialmente, se custodia en almacenes judiciales.
La sentencia de la Audiencia de Cádiz condena a los finalmente imputados, 10 sobre 17 encartados, sólo al pago de una multa de 540 euros. La suma es acorde a supuestos daños al patrimonio. La arqueóloga Mercedes Gallardo sólo dictaminó en la sala judicial, no peritó nada; como obligan las normas.
La sentencia absuelve al acusado del depósito de armas, Roberto A, porque –según Audiencia de Cádiz- ‘no podemos considerar probado, ni mediante prueba directa ni con indicios, que Avella tuviera acceso a las armas....con lo cual no se le puede imputar este delito’.
También, al guardia civil acusado por ‘revelar secreto’ Francisco Javier G. M. La Audiencia sostuvo que ‘la información que da el denunciado es irrelevante y que no se ha probado ni causado daño a la causa pública, de manera que no se dan los elementos del delito y por tanto el acusado ha de ser absuelto’. Suponemos que este servidor público pedirá explicaciones tras cuestionarse su honra profesional, inexplicablemente, durante 13 años. Chirría que la Justicia absuelva del dedo de fiscalía y Benemérita a uno de los suyos. El Duque de Ahumada se removerá en la tumba.
Demanda Internacional
El operativo que allanó el ‘Louisa’ registró más fiascos, además de reportarlo al desguace. El fletador del buque, John Foster -representante de SAGE MARITIME-, demandó al estado español ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, adscrito a la ONU, con sede en Hamburgo (Alemania). Reclamó treinta millones de dólares por abordaje ilegal, no reintegrarle el buque tras seis meses de precinto y lucro cesante.
La demanda fue finalmente desestimada en 2013 al carecer de jurisdicción dicho Tribunal para dilucidar el pleito planteado. En su fallo repartió los gastos judiciales –un millón de euros- entre los dos litigantes, España y San Vicente-Granadinas, archipiélago caribeño que abanderó al ‘Louisa’.
Los contribuyentes españoles pagamos, además, varios millones de euros más para sufragar minutas, viajes y dietas a Hamburgo de un equipo de juristas que tuvo crudo defender el desvarío que se cocinó en el ‘Bahía II’.
Debe aclararse que quienes fletaron el ‘Louisa’ eran dos compañías texanas. Tenían licencia de las autoridades españolas para muestrear fondos marinos, buscar reservas de combustibles fósiles y cartografiar el lecho de aguas jurisdiccionales en el estrecho de gibraltar.
Frame Up
En 2013, seis años antes de sentenciarse el ‘Caso Bahía II’ por la Audiencia gaditana, Claudio Bonifacio notificó presencialmente al Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz (órgano que gestionó el sumario) un informe de ADAS Detectives, El dossier documenta que la persona que dio pie a la intervención policial sobre el ‘Louisa’ era un español que tenía fijado entonces su domicilio en la sede de Odyssey, en Tampa (Florida-USA). El caso estaría ‘contaminado’ desde sus primeros pasos, aunque la maquinaria parecía engrasada ‘a priori’
Los distintos juzgadores que instruyeron la causa no contemplaron tal Informe, acaso ‘desaparecido’ de la causa por extemporáneo o ‘políticamente incorrecto’. El daño ya estaba sustanciado. Igual sucedería con la denuncia de Lozano en la sentencia de la Audiencia gaditana.
Un minucioso reportaje del periodista Jesús García Calero evidencia la ‘larga mano’ de Odyssey para manipular un sumario judicial que le inculpaba en La Línea (Cádiz), para aplazar y esquivar sus graves responsabilidades expoliadoras a finales del pasado siglo y principios del presente. Saqueó tesoros que pertenecen al estado español, como ya sentenció el Tribunal Supremo norteamericano.
Pipe Sarmiento, un irredento quijote que documentó cómo se las gastó Odyssey en alta mar repite que, lo rapiñado por ésta multinacional ‘cazatesoros’, sigue escondido en la colonia británica de Gibraltar
Las simbólicas condenas y absoluciones en ’Caso Bahía II’ por la Audiencia gaditana revelan que el sumario a lo largo de casi catorce años ha navegado a la deriva. Nos preguntamos: ¿Es la cortina de humo perfecta de Odyssey cuando le cercaban sus fechorías en alta mar sobre barcos españoles?.
La Audiencia gaditana minimiza el reproche penal acudiendo a la lentitud de nuestra Justicia. Proclama como ‘....hecho indiscutido y evidente, dado el larguísimo tiempo de tramitación de la causa, la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada del art 21.6 del Código Penal....’.
Así justifican las Magistradas Mª Isabel Domínguez Álvarez, Mª Inmaculada Montesinos Pidal y Juan Sebastián Coloma Palacios la inconcebible tardanza de sus colegas instructores. Este ’caso’ costó –repetimos- al contribuyente español bastantes millones de euros. Se zanja con multas ridículas que evitan un archivo penal. Así se fundamentaría lo difícil de justificar.
Las andanzas más reprobables de Odyssey sobre propiedades españolas submarinas resplandecieron cuando el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) pilotaba negociaciones sobre la cosoberanía de Gibraltar con su Canciller Moratinos
Cuando se activa la segunda entrega del ‘Caso Bahía’, Odyssey tenía literalmente el agua al cuello. Sus buques cambiaron rumbos y puertos (desde Sotogrande, atracaron en Gibraltar y, posteriormente, en Tánger) al perseguirle ciertas autoridades españolas.
Otras autoridades patrias se subordinaron al ‘lobby’ -vestido de buenismo multilateral sobre Gibraltar- que pagó espléndidamente Odyssey. Acaso orquestaron ‘Bahía II’ hábilmente para desviar el foco, anular a un molesto competidor que merodeaba su ‘zona operativa’.
La técnica anglosajona del ‘frame up’, pues, parece abrirse paso. Consiste en denunciar vía testaferro ante prensa o autoridad algo para calumniar a un objetivo. Podríamos hispanizar tal proceder como ‘montaje’. Un ilustrativo libro de Sarmiento, ‘Expediente Odyssey’ (Cultiva Libros, Madrid 2012) insinúa que Odyssey en sus operaciones ibéricas tuvo muchos padrinos, dentro y fuera de España.
Esta firma norteamericana, OME, logró licencia del Almirantazgo británico para recuperar el ‘supuesto’ tesoro que albergaba el navío de guerra HMS Sussex en aguas territoriales de Gibraltar
aunque -descaradamente- se adentraba en las españolas como habitúan los contrabandistas día sí, día también. Entonces ¿Por qué permitieron a Odyssey navegar, y expoliar impune, en aguas españolas tantos años?
Otros apoyos los tendría Odyssey en la inteligencia y ejércitos británico y estadounidense. Sus buques frecuentaban la base hispano-norteamericana de Rota. Al parecer, colaboraron en misiones secretas. Discretamente, ésta se hicieron desde sus navíos como mandan los cánones del espionaje, según declaró en 2012 Sarmiento quien, en vez de ser condecorado por su patriotismo, fue acusado -como tantos otros- que denunciaron la operativa de Odyssey
Lagunas y pagar deuda soberana
Los misterios que no despeja lo sentenciado del ‘Caso Bahía II’ siguen intactos, aunque resueltos desde el punto de vista judicial. La sentencia de la Audiencia de Cádiz apunta a ser firme tras la conformidad de los condenados a multas de 540€ cada uno y otros 3000€ de pago solidario a la Junta de Andalucía. El poder autonómico no planteó acusación, ni se personó en la causa, ni tasó daños al patrimonio arqueológico de su competencia por el que -sin embargo- cobrará. Llamativo.
Expertos que analizaron el tesoro devuelto por Odyssey al estado español no niegan que sería menos de un 10% de lo expoliado. Además, un 60% de las piezas son irrecuperables. Su valor no va más allá de la chatarra o de la plata al peso.
El capítulo ‘Bahía II’ no debe entrañar un triste epílogo. Invita a reflexionar sobre cómo reflotar los tesoros hundidos en aguas españolas. Una propuesta sería hacerlo desde buques de la Marina, por ejemplo. Los millones de joyas, monedas y tesoros de la arqueología submarina podrían pagar la totalidad de la deuda española, que ya supera el billón de euros. No es algo baladí
Lo demostraba con números y entusiasmo un sabio, desafortunadamente desaparecido. Nadie le hizo caso, pues confluyen demasiados intereses. Aflorarían miles de toneladas de oro al parqué bursátil. Habría un cataclismo en el mercado mundial de dicho metal precioso, al bajar su cotización. El sabio al que nos referimos fue el Profesor de Historia de la Universidad de Extremadura Fernando Serrano Mangas (1954-2015)
Publicó estudios en los que situaba los tesoros de la España submarina de barcos hundidos. La tecnología para recuperarlos hace el resto, respetando la ecología marina, la honra póstuma a naufragados y enriqueciendo una historia que aún sigue inédita. ‘Quien corresponda’ tendrá que decidirlo. ‘Bahía II’, mientras, integra una historia de piratas sin botín. Otros se lo llevaron y lo repartieron éntrelos mejores postores. Todo, desde España.