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In fraganti

Confidentes policiales: ¿confunden, alertan o se salvan?

Las policías del mundo precisan fuentes humanas, las TICs son aliadas esenciales. El delito tiene informantes desde sus adentros. En Sevilla esa realidad no es diferente

Juan-Carlos Arias jcdetective /
13 jun 2020 / 04:08 h - Actualizado: 10 jun 2020 / 15:11 h.
"In fraganti"
  • Andalucía Viva
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Dashiell Hammet (1894-1961), uno de los referentes de la novela negra, basó parte de sus relatos en los bajos fondos y la corrupción policial. Antes de ser escritor y guionista de éxito, fue investigador privado en la pionera Pinkerton Detective Agency norteamericana; la que acunó al FBI.

Hammet sugería que la impunidad delictiva, entre 20s y 40s del pasado siglo en el Chinatown de San Francisco, se explicaba porque la policía no tenía allí ‘soplones’. Tras contratarlos, éstos subieron la tarifa inicial y engañaban a sus enlaces. Finalmente, la policía reclutó y formó agentes chinos criados en el barrio, antaño el más violento de la costa oeste norteamericana. La ‘mafia china’ nació allí. Los chivatos aparecieron muertos, uno tras otro: ¿Hammet desacertó al 100%?: No iba descaminado.

En Sevilla, la policía en época de la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) y IIª República (1931-39) no tenía descanso. Altercados, agresiones, atracos y robos fueron una constante. Se aclaraban -en parte- con testificales y confidencias más o menos creíbles desde focos delictivos.

La autocracia del General Franco (1939-1975) casi acabó encuadrando al confidente por ramos criminales. Atracadores, piqueros, ladrones, prostitutas o contrabandistas tenían oficiosos contactos con la policía. Esta aclaraba muchos delitos torturando, aplicaba técnicas de poli bueno & malo o miraba de reojo los delitos menores. Una anécdota refleja esa entente cordiale, ese insólito ‘equilibrio’ que dejaba claro quién tenía el mando.

En la década de los 50s del pasado siglo, un Gobernador recién nombrado llega a Sevilla semanas antes de posesionar el cargo. Decide adelantarse a su familia y conocer la ciudad como anónimo visitante. Una tarde, en un tranvía le birlan la cartera en la bulla de un vagón. Al llegar al hotel se percata del hurto y decide ir a comisaría a denunciar.

Inspectores que le atendieron testimoniaron a su jefe que aquel denunciante les ‘sonaba’ tras anotar en qué hotel e alojaba. El Comisario se percató de quién era la víctima y se puso manos a la obra.

Refirió la denuncia al Jefe Superior. La maquinaria policial se engrasó. A la consigna ‘al gobernador le han robado la cartera’ antecedía un mantra: ‘tiene que aparecer’. No era ni una denuncia, ni una víctima, normal.

Confidentes, policías y piqueros corrieron la voz del mantra. La cartera aparecería ‘intacta’. En cuestión de horas, cuando el Gobernador in péctore entraba en su habitación tras cenar, dos policías entregaron a la todopoderosa autoridad su cartera ‘entera’. Le pidieron disculpas en nombre del Jefe, que esperó días para presumir del tanto que se apuntó.

La rapidez con que la policía recuperó la cartera del Gobernador fue misma con las que los membrillos de la policía avisaron a los carteristas habituales que se ‘montaría gorda’ si no aparecía. Había males en escala: primero, redada sobre ‘fichados’; después -en calabozos- torturas por turnos. Lo siguiente era una temporada en la cárcel añadiendo delitos a la ‘ficha’, reales o no. Así eran las cosas en tiempos preconstitucionales.

Los nuevos confidentes

La democracia que trajo la Constitución de 1978 no ha regulado al confidente policial, ni conocemos normas que lo sitúen entre miles de leyes patrias. Una recomendación de definirlo, fechada en 2005, atisbó la Comisión de Investigación de los atentados terroristas del 11-M. La idea fue evitar ‘disfunciones’ que hay en toda verdad judicial y policial.

Tal Comisión fue explícita: ‘Se hace imprescindible regular legal y reglamentariamente la figura del informador policial, para definir los límites y las bases de colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con sus informadores. Esa normativa debe permitir, entre otras, la gestión centralizada de una base de datos de informadores policiales’.

La recomendación fue aprobada unánimemente por el pleno del Congreso de los Diputados el 30 de junio de 2005. Se añadió el ruego de aumentar partidas presupuestarias para retribuir a los confidentes. El empeño fue lograr ‘una más intensa aportación de información’.

El 11-M aloja muchas dudas, al igual que sus sentencias. Las intenciones políticas de un PP agónico en la poltrona de endilgarlo a la barbarie etarra chocaron con la realidad de confidentes, yihadistas radicales, espías patrios y foráneos. Alguien se preguntará aún sin respuesta: ¿Hubo conspiración?.

El delito del siglo XXI poco tiene que ver con los de siglos precedentes. Nos enfrentamos a modos y formas de criminalidad más sofisticada. El fenómeno coincide con la irrupción de una delincuencia organizada ajena a tramas conocidas. Telarañas societarias, ‘deep internet’, lobos solitarios y círculos concéntricos de bandas provocaron que las herramientas policiales y judiciales hagan aguas para aclarar las trasgresiones penales. Es inviable, muchas veces, obtener información relativa a los posibles autores y esclarecer el hecho delictivo. Por lo general se alcanzan incontables víctimas que ven impotentes cómo la impunidad se adueña de todo.

Recordemos que obtener información es un empeño esencial. Es la base sobre la que bascula las hipótesis o líneas de investigación que permitan culminar con éxito cualquier investigación criminal. Ante tan compleja delincuencia y acceder a información relevante, el empleo de confidentes o usar ‘arrepentidos’ es básico. Ofertan información privilegiada a Policía Nacional y Guardia Civil para prevenir y combatir la actividad criminal.

Esos ‘informadores’ no son talismán, no lo arreglan todo. Nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FCSE) generan críticas por usarlos más allá de lo razonable a veces. El ‘Caso UCIFA’ (Unidad Central de Investigación Fiscal y Antidroga) hizo desaparecer a ésta Unidad de la Guardia Civil. Una sentencia de Audiencia Nacional del 3.X.1997 avalada en parte por otra del Supremo -1329/1998- condena a su cúpula. UCIFA pagaba con droga incautada a los confidentes que le ofrecían información.

La denominada ‘Operación Serkan’ reveló el montaje de un confidente que ofertaba datos a la policía. Acabaron detenidos dos yihadistas. La instrucción judicial reveló que todo era inventado por el delirante soplón.

En Sevilla, una confidente de un grupo antidroga en previos de la Expo 1992 engañaba sobre descarga de alijos o puntos del menudeo. Alejaba a su clan las redadas que generaron sus chivatazos. La ‘mafia policial’ usaba a ésta señora y ella a la policía. Aquella triste historia calumnió a policías honrados e inmunizó a los mafiosos: el mundo al revés. Una película, Grupo 7 de Alberto Rodríguez, repitió la historia real: lo ficciona todo con prismas.

El testigo [protegido] nº 1 del ‘Caso Arny’ engañó hasta a su sombra manipulando y teledirigido por policías del Grume (Grupo de Menores). Su selectiva memoria señaló –vilmente- al inolvidable Magistrado Manuel Rico Lara. Lo calumniaron hasta el final del sumario, aunque fue absuelto. Después, a tal testigo lo encarcelaron por matar a un congénere. Aquel escándalo de menores prostituidos con clientes VIP en un tugurio calumnió a muchos más más inocentes en una Sevilla rancia que así resucitaba la peor Inquisición, la homófoba.

Otro confidente sevillano, categoría platino, hizo fortuna ‘receptando’ joyas que pagaba como chatarra por las prisas del ladrón. Sólo se chivaba de quien vendía a la competencia del joyero por las miserias que éste pagaba. Montó tienda, en el centro de Sevilla, con dineros del robo de muelas de oro en féretros para financiar la posguerra fratricida; muchas muelas doradas se perdían antes del balance oficial que hacía a sus jefes.

No se las gastaba peor un anticuario apodado ‘El Moro’. Logró licencia policial a cambio de delatar a proveedores que esquilmaban nichos de piezas que ansiaba comprar sin intermediarios. Datos de interrogatorios de ‘policías amigos’ o ser su cliente Doña Carmen Polo, esposa del General Franco, le hicieron intocable

¿Regular lo irregulable?

Periodistas, abogados, detectives o policías necesitan buenos confidentes, nutritivas fuentes, para un trabajo con mínimo de éxito. Esa obviedad no se sabe si exige regulación que marque terrenos y vías. Este es un terreno donde cada cual hace lo que puede hasta donde le deja su ética u operativa.

Especialmente en la policía debe haber recelo a la hora de actuar con un confidente y entregarse a sus verdades, venganzas, ajuste de cuentas o la clásica delación. A veces las confidencias están lastradas por una situación personal, otras por intereses singulares. Infiltrar a un confidente en una organización criminal debe ser proporcional a lo que se persigue reservando su identidad para proteger la integridad del colaborador/a.

Nuestro ordenamiento, sin embargo, acoge una venial Ley Orgánica de protección de testigos y peritos. Su artículo 4.3 puede asesinar el anonimato del confidente. Esa incidencia la validó el Tribunal Supremo, Sala 2ª, el 19 julio de 1999 por sentencia: ‘...La protección del anonimato del testigo viene limitada por ley hasta el acto del juicio oral....’.

La inseguridad jurídica de las fuerzas policiales que beben de los confidentes es imaginable, como el pánico de éstos a ser desvelados. La ausencia regulatoria ‘salpica’ pues a las FCSE ya que no se le dan alternativas ante desvaríos en normas con efecto contrario de lo que ansían. Pero, de otro lado, exigimos efectividad a las FCSE ante delitos complejos de aclarar.

No es menos la inseguridad, repetimos, del confidente. Él o ella se arriesgan; sobre su cuerpo caerá venganza, si es descubierto. Un personaje se añade por nuestros altos tribunales aparece en este argumento. Hablamos del ‘agente provocador’. Es un confidente o policía que invita al delincuente que actúe como tal. Es decir, un ‘narco’ que en realidad es otra cosa: es un señuelo. La jurisprudencia recalca la espontaneidad y naturalidad sobre la que debe conducirse la investigación criminal.

En la lucha terrorista, máxime con el nuevo panorama que acoge, la figura del confidente policial es polémica en ocasiones. Es también importante -si se separa la paja del grano- en asuntos de tráfico de inmigrantes, trata, narcos.... Los informadores policiales conducen los pasos que deben darse en terrenos hostiles.

Nadie niega que el mundo de los confidentes policiales sufre laguna legal. Si Policía Nacional y Guardia Civil lo protocolizan internamente lo es para evitar más afectos informativos de los debidos.

Sin embargo, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), carente de fines policiales, lo tiene claro. Sus ‘fuentes humanas’ reclutan en universidades, focos del terrorismo, delincuentes de ‘cuello blanco’, expertos y científicos, periodistas y donde haga falta estar vía ‘antenas’ que velan la seguridad española dentro y fuera de sus fronteras. Ese silencio eficaz del CNI es su mejor noticia.

La regulación del confidente sigue, pues, una senda: la jurisprudencia. No queda regulado siquiera cuál es el pago del confidente. Sólo EUROPOL recoge directrices que aúnan experiencias de sus miembros. La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) española recuerda en varios artículos la debida identificación de los denunciantes de delitos para considerar sus testificales. Los investigadores deben graduar credibilidad en las fuentes

No se obvia que muchos confidentes ansían seguir libres por las calles, permanecer en algún clan delictivo, obtener dinero fácil o imputar algún adversario o ex socio. Las víctimas del confidente, caso de no ser veraz, exigen saber quién les denuncia. Juez y fiscalía deben saberlo también.

El pasado febrero, el Ministro del Interior -y ex Magistrado de la Audiencia Nacional- Fernando Grande-Marlaska lanzó en su Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado para regular al confidente. Tras el 11-M recogía ese guante que parece quedó en un cajón ante el Covid-19. Su antecesor, el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, no encauzó lo que sugirió la comisión del 11-M en el plenario del Congreso de los Diputados.

El panorama descrito invita a modificar la LECrim mediante Ley Orgánica para introducir al confidente en nuestro ordenamiento. El proceso será complejo. Es un personaje que vive en la jungla alegal que bebe en una laguna jurídica. La supervisión judicial mediante sentencias y autos previos serán testigos, de momento, sobre qué papel endosamos a una figura presente en la realidad y en la ficción novelesca-fílmica que aporta gloria o fiascos, cobrando o no, para que el delito sea prevenido, investigado y laminado. El confidente tiene quien le escriba, sabe de sus paradojas y pánicos.


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