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In fraganti

El caso del piloto ‘estrellado’

Como toda historia fría en papeles judiciales, la demanda causante de la condena a quien la artificia tiene efecto boomerang

Juan-Carlos Arias jcdetective /
19 oct 2019 / 10:02 h - Actualizado: 19 oct 2019 / 11:02 h.
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  • El caso del piloto ‘estrellado’

Los juzgados de Familia sevillanos acumulan anualmente miles de historias de mujeres y hombres maltratados, parejas rotas, menores alienados y huérfanos precoces en vida de sus progenitores. La mejor Justicia, la de analizar el fondo del conflicto, dilucidarlo, tener reflejos y aplicar talento en sus decisiones filtra la picaresca. Hay quienes ansían hacer negocio o proyectar su caradura amparados en los recovecos de las normas y las sombras de ese mal derecho que pretenden los desalmados en la Justicia.

Las pensiones que generan la fragmentación de la pareja suelen ser de dos tipos: alimenticias para hijos menores o no emancipados y compensatorias. Aquí la parte de la pareja más desequilibrada tras la ruptura cobra de la más pudiente una paga temporal que antaño era vitalicia, sobre el porcentaje de nóminas e ingresos o confiscatoria. Obviamente, las madres y mujeres son quienes cobran más esta última pensión. La mayoría cede tiempo, y cercanía, a criar hijos renunciando a su trabajo o su carrera profesional en gran número de casos.

Esta página disecciona un caso que ventiló con sentencia firme el Juzgado de Familia nº 7 a finales del 2014. La firmó la Magistrada Antonia Roncero y fue insólita. Condenó en costas procesales al demandante. Se incluyó en la misma los honorarios de un detective.

Esta historia real vista en juzgados podría integrar doctrina de la jurisprudencia aunque no llegara al Supremo la osadía del demandante. Fue recogida por la prensa. La conexión social de la noticia aloja a padres que intentan disminuir, con trampas o fingiendo insolvencia y desempleo, pensiones alimenticias a hijos con ex parejas. Por lo general, menores huérfanos en vida del imprescindible sustento económico del progenitor.

Normalmente, la jurisdicción familiar raramente se pronuncia sobre quién paga los gastos generados por el pleito (minutas de abogado, procurador, peritos, traductor, psicólogos, etc...) al amparo del Artículo 241.1º de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil. Mucho más insólito es que, en tales gastos, se incluya la factura de un investigador privado. En el caso que nos ocupa, sustanció la sentencia que se dio en este triste asunto.

Tacañería de millonario

Como toda historia fría en papeles judiciales, la demanda causante de la condena a quien la artificia tiene efecto boomerang. La activa un piloto de aeronaves jubilado que sus colegas noveles sitúan entre lo ‘brahmanes’. Es decir, quienes disfrutaron sueldazos, privilegios agraviantes (billetes gratis a cualquier destino del mundo para el piloto, su núcleo familiar y pareja vigente, aparcamiento aeroportuario y hoteles 5* sin coste con plazo vi-ta-li-cio) y fueron antes oficiales militares por lo que su formación la pagamos entre todos los contribuyentes españoles.

El hombre, divorciado, invoca en su demanda judicial que al cumplir 65 años disminuyen sus ingresos por acogerse a la pensión máxima que paga la seguridad Social, poco más de los 2.500 euros/mes. Lo relata y documenta al Juzgado con la idea de rebajar un 50% la pensión alimenticia del último hijo de su última pareja, pues el piloto condujo más que aviones en su intensa vida con amistades en la cúpula.

La demandada estaba temerosa por la iniciativa del padre de su hijo ya que tenía amistades en la pomada hispalense, incluyendo familiares Catedráticos de universidad, magistrados, políticos relevantes... Temía que nadie la defendiera de las mentiras en el sufrido texto donde se escribía. Sabía bien que era irreal cuanto se decía ahí. Algo común tras el desamor.

En realidad, aquella madre escondía una mujer coraje con criterio propio a la que pisotearía un millonario caprichoso, avaro y soberbio que apenas empatizaba con su sombra. No quería que su hijo, recién estrenada la mayoría de edad, quedara huérfano de formación universitaria de altura acorde con su valía acreditada tras brillante bachillerato. El futuro del chaval quedaría limitado si prosperaba la pretensión de quizá un mal padre, cuya conducta ya le alejó de otros hijos y parejas.

El detective actúa

La demandada por quien fuera piloto tuvo visión al contratar un detective. Era escéptica, pero decidida a que no triunfara la sinrazón. El investigador privado desentrañó en su Informe los ingresos del piloto mientras antaño cobraba casi 35.000 euros mensuales, que se redujeron a 8.000 prejubilado y los mentados casi 2.500 euros cuando se jubiló.

Descubrió que, a base de huelgas salvajes que convocaba el SEPLA y sufrieron décadas millones de pasajeros, el piloto atesoró un plan de pensiones que superó los 500.000 euros. Lo administraba el Montepío de Loreto, en honor a la patrona de los aviadores. Esa institución pagaba al piloto casi 3.800 euros netos extras a la pensión de jubilado empobrecido y hasta más allá de los 80 años. El resto se lo repartirán sus herederos.

Los activos del piloto no se quedaban ahí. Sus exitosas inversiones mientras hizo negocios y cobró como piloto lo que no se debe contar aquí le hacía millonario en propiedades: casi diez pisos, dos casas, varias naves con rentas. La flota del jubilado alcanzaba coches y motos sobrepasando la decena. Vivía sólo, pero –al parecer- con mayordomo y asistenta, en lujosa casa con miles de metros cuadrados de jardín, piscina, garaje, etc.....

El detective descubrió, también, que tenía en cuentas bancarias incontables inversiones millonarias que no pudo cuantificar gracias al secreto bancario. La Justicia no quiso indagar más allá de lo ya descubierto, especialmente tras desvelarse la pensión ‘extra’ que ocultó el piloto. El Informe de ADAS Detectives no se consideró necesario ratificar en la vista oral de la causa ya que la defensa del piloto tuvo crudo replicarlo y no querría agravar más una situación que le pintaba adversa. Tiró la toalla al descubrirse las vergüenzas de una probable mala fe en formato demanda.

La sentencia

La Magistrada Roncero fue taxativa. No dio rodeos en una sentencia que no registró recurso, ni réplica: ‘....Se imponen las costas procesales al actor [piloto] pues la ocultación de datos económicos en la demanda es patente generando en la demandada unos gastos procesales innecesarios.....’.

En el trámite de ejecución de sentencia de las costas procesales, el piloto sí se opuso pues no estaban justificados, según criterio de su defensa, los gastos que le suponía la aventura de poner una demanda atípica. No se descarta que parte de su filosofía, como en tantas ocasiones, entrañaría un maltrato económico para causar daño en una madre y mujer ya blindada por el desvarío del personaje. Estas son las pesadillas que acarrea toda ruptura de pareja. La parte económica es la que más chirría.

La entonces Secretaria Judicial (hoy Letrada de la Administración de Justicia-LAJ) Ana Isabel Monreal Luque fue tan firme como la Magistrada Roncero en su decisión. Incluyó la Minuta del detective en las costas judiciales. La fedataria judicial se opuso a las pretensiones de eludir facturas a quien pleitea ocultando los datos que desmontan tesis que parecen razonables. Las que sólo sustenta el sufrido escrito que lo aguanta todo. Debe decirse que en juzgados se tramita ya en digital, vía Lexnet

Desconocemos la moraleja que trajo esta sentencia, pero formalizar un pleito, denuncia, querella sin tener la verdad repartida en la tinta de las palabras entraña doble riesgo. El primero viene de la mano de una Justicia, policía, guardia civil, forenses, etc... muy profesionales y poco tontos. El otro peligro está en que sale muy caro pagar el fiasco.

Nunca es barato desafiar a la verdad y la Justicia con mayúscula, con letra grande. Ni siquiera para los millonarios que creen comprarlo todo con sus billetes y fajos. Al cabo, son unas pobres personas: sólo tienen dinero. El último vuelo del piloto acabó estrellado, la tripulación –su ex pareja- saltó en paracaídas antes y sobrevive con dignidad a las mentiras que soportan en formato papel algunas demandas judiciales.


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