Nuestro Ministerio de Justicia español tiene historia. Desde 1812 hasta 1931 se denominó de Gracia y Justicia. La IIª República (1931-39) concluyó que la Justicia no emana del trono de dios como pensó la estirpe borbónica. El paréntesis democrático del franquismo (1939-1975) otorgó ese poder, que arrebató a la IIª República, a un Generalísimo que ejerció la autocracia ‘por la gracia de Dios’. Lo recordaba hasta en las pesetas.
La fuerza, poder y autoridad de la Justicia patria sufren incontables incidencias que la hacen flaquear. Gran parte de sus cientos de miles de sentencias y autos al año son recurridos. Ciudadanos y abogados disconformes invocan derechos o aportan pruebas, o caduca la decisión judicial por dilaciones demasiado frecuentes. La aduana más marcada suele estar en el ingreso en la cárcel, superar esos dos años de franquicia que hay para los trasgresores condenados.
La gracia mayor, el indulto, es potestad del gobierno. El ejecutivo puede librar de la cárcel a cualquiera. Emite una tarjeta, que se singulariza en los consejos de ministros, como la del Monopoly (antiguo Palé). Libra del trullo a quien debería pisar la cárcel tras respetarse todos los derechos y garantías legales aplicables.
Cualquier gobierno de los que sesionaron en el palacio de Buenavista (IIª República), el palacete de Castellana (franquismo y transición) y Moncloa (ejecutivos post Constitucionales) esgrimieron para sus amigos, poderosos, condenados con abogados de fuste o justiciables clamorosos esa varita mágica del indulto. Ningún gobierno explicó por qué indultó, apela a lo sumo a que se cumplían requisitos cuya aplicación se ve que es selectiva, no equitativa y potestativa del ministro o lobby que tenga más fuerza. El frenesí del indulto, y esto es un fenómeno no exclusivamente español, siempre se da cuando el gobierno está a punto de dejar de serlo. Es decir, cuando se pierden elecciones, se dimite o finaliza un mandato los indultos se amontonan, de rondón, en el BOE y con textos telegráficos.
Perro no come perro
Dice una máxima que los bomberos, ante la emergencia de sofocar un incendio, no se pisan entre sí las mangueras. La urgencia de salvar vidas o minimizar daños hace lo propio. Pues estimados lectores, con los indultos pasa igual. Políticos o ministros que se pelean en el Congreso con la oposición cuando se turnan al poder ayudan al otro. Un ejemplo clarificador es que el PP indultó a la cúpula correcta de Interior del PSOE (Vera, Barrionuevo, etc...). El perdón del gobierno es tributario no sólo del bipartidismo que intentaron fuera historia Ciudadanos, Podemos o está en ello Vox. Además, el 'qué hay de lo mío’ no distingue ideologías o pagos electorales a policías torturadores, corruptos, defraudadores, estafadores, pederastas, violadores....
La indignación popular es la punta del iceberg de lo que cuecen los indultos. La imprescindible periodista Eva Belmonte en su obra Españópoly (Ariel, 2015) y en su actualizado Indultómetro que patrocina la Fundación Civio trasparenta al lector y navegante respectivamente el panorama de la gracia gubernamental sobre trasgresores con la ’suerte’ de no pisar la cárcel.
En el inédito manual de procedimiento de la ayuda fraternal estaría en el podio lo que pasó en 1998. Un Ministro, apellidado Arias-Salgado Montalvo, logró indultar a su propio hermano Gabriel tras ser condenado por delitos de falsedad documental continuada en documento mercantil. Le libró de prisión y rebajó hasta lo ínfimo una multa cuya cifra quita el sueño El escándalo subsiguiente de la oposición socialista al peor PP de Aznar se calló porque lo ‘suyo’, es decir, evadir la cárcel de los Barrionuevo etc... estaba en camino. Lo dicho, aquel quilombo fue una tormenta en vaso de agua.
Luis Aldecoa, colaborador de este periódico decano hispalense, se indigna con razón ante los indultos que merodean las condenas por el procés catalán pero el interés mayor del gobierno actual ya sabemos dónde está. Necesitan apoyos parlamentarios para subsistir en Moncloa.
Según Belmonte publica en CIVIO, entre 1996 y 2020, los sucesivos gobiernos usaron el indulto en 10.652 ocasiones. Durante 2020, el Gobierno de Sánchez concedió 30 indultos pese al parón administrativo por la crisis sanitaria del Covid. La cifra es menor que en 2019 (cuando crecieron por primera vez desde 2013), pero superior a años anteriores. En 2012, el Gobierno de Rajoy concedió 500 perdones a sentencias firmes.
Los delitos medioambientales, cometidos por funcionarios (contra la libertad, prevaricación y malversación) suman los porcentajes más altos de indultos por condenados. Tres de esos cuatro delitos tienen que ver, directamente, con el ejercicio de un cargo o sustracción de dinero de las arcas públicas. La efímera IIª República (1931-39) sólo concedió indultos, que avaló el Tribunal Supremo por unanimidad, en casos excepcionales y casi todos relativos a penas de muerte. La democracia que nació con la Constitución de 1978 multiplicó los indultos para que los/as agraciados/as no perdieran la libertad ni un minuto. El franquismo (1939-1975), no sólo tuvo sombras. Una luz brilló sobre el indulto: informaba en el BOE de mucho más que los gobiernos democráticos que le sucedieron.
Rebelión judicial
Ante todo lo escrito anteriormente, es imaginable la cara de póker que tendrían los jueces que condenaron ante el indulto de sus reos que se dicta por sus jefes y se publica en el BOE. El colmo de la indignación judicial llegó poco después de 2012. Un primer indulto del gobierno de Rajoy (PP) a unos Mossos trasgresores (obligaron, pistola en boca delante de su mujer embarazada, tras apalearlo a confesar un delito a un inocente) paralizó el ingreso en prisión de estos sheriffs de pacotilla. Un segundo indulto no solo les rebajó penas y multas si no que lo dejó todo en una multa a pagar en cómodos plazos.
Más de doscientos jueces, de todos los niveles jurisdiccionales, se rebelaron ante el gobierno tildando la chapuza gubernamental de ‘afrenta al poder judicial’ por ningunear hasta el paroxismo el precio a pagar por torturas, lesiones, allanamiento de domicilio, detención ilegal y maltrato. En Catalunya, entre Mossos y el procés actual parece existir un Fuero que les exporta el estado español. Los sevillanos y andaluces estamos huérfanos de tales privilegios. Otra vida nos tocará ser tocados por esa varita mágica.
Ya los independentistas catalanes condenados casi tienen asegurado el indulto con la obvia oposición del Supremo y Fiscalía. Pero los votos catalanes son precisos para que el Presidente lo siga siendo.
Es llamativo el debate jurídico que se anuncia tras indultar a los penados por el procès catalán. La mayoría de agraciados/as son cargos electos y líderes de partidos cuyos votos son imprescindibles para sustentar el gobierno de Pedro Sánchez. Indultar a aliados que te mantienen en el cargo es causa de abstención para el Consejo de Ministros. Pero nos tememos que la poltrona manda más que el clamor popular que existe contra indultos que burlan la justicia.
Algo llamativo es que el CGPJ excluye, entre los datos sobre la corrupción, las sentencias por delitos de prevaricación y contra la administración de Justicia que cometen los propios jueces. CIVIO reitera aquí que esto de la dieta perruna no incluye carne de congéneres. Es decir, los jueces trasgresores no existen ni en las estadísticas de ellos mismos.
La Sevilla del indulto
La tarjeta gubernamental que te libra de la cárcel, el indulto, es una medida totalmente excepcional. Queda claro por el número de condenas comparado con el de agraciados. Pero se ha convertido en el último refugio de esperanza para condenados, sus abogados y familiares. En Sevilla, durante los últimos años. sobre 150/200 sevillanos/as condenados piden indulto al Gobierno. La Fiscalía Provincial informa desfavorablemente en un 99,9 % de los casos. Seguridad vial, tráfico de drogas y violencia de género son los delitos más concurrentes que se barajan en ésta puerta trasera de la Justicia. Antes era peor. En 2013,por ejemplo, se registraron 447 peticiones de indulto en Sevilla
¿Quiénes pidieron indulto? Encontramos de todo, desde condenados por menudeo de drogas que pusieron proa al delito con familia y trabajo, hasta el Ex Presidente sevillista José María del Nido, el torero José Ortega Cano o el hijo de un notario fallecido, apellidado Monedero, que estafó.
Uno de los casos que más vaivenes registró fue el de María Salmerón. Fue indultada, se anuló el acuerdo del Consejo de Ministros y nuevamente está pendiente de indulto. A Salmerón la condenaron por negar visitas al padre de su hija que fue previamente condenado por maltrato.
Es tan prosaico solicitar un indulto que el mismo Ministerio de Justicia explica en la red cómo procesar la petición. Indudablemente se busca amontonar peticiones para explicar después que sólo una ínfima parte se conceden. La conciencia de dar vacunas ante la Justicia que actúa conforme dicta la Constitución tiene esas cosas.
Un militar que presidió Venezuela, Marcos Pérez Jiménez (1914–2001), y acabo exiliado en Madrid es recordado en su país natal por su obra pública, no ser demasiado sanguinario con los opositores a su dictadura y dejar huella en el poder. A una orden detención que se dictó contra él 1972 por un asesinato que no cometió refirió a la prensa desde la puerta de su casa ‘No he solicitado, ni solicitaré indulto, porque mi caso no es de indulto’. Pérez Jiménez pasó a la historia por su firmeza. Lo admiraba hasta Hugo Chávez, que le invitó a su primera toma de posesión presidencial. Y nunca pidió indulto, ni falta que lo hizo. España es muy diferente. Ahí queda eso.