Los estafadores en España viven felices por varias razones. La primera es que piensan que los listos son sólo ellos. La segunda, que jamás los pillarán en sus fechorías; alguien de la abogacía les sacará del atolladero con botín a buen recaudo. Una tercera razón provendría de la levedad de penas carcelarias y multas que les alcanzarían por tan criminal proceder.
Una de las variantes del engaño que analizamos hoy es su impunidad. Las víctimas son reacias a revelar a la autoridad cómo fueron sorprendidos. Todo se basa en potenciales privilegios de quien pagaba. Creía que se lo retornarían policías, guardias civiles, inspectores de trabajo, fiscales....
Hoy toca señalar a los miles de profesionales, empresarios, autónomos que reciben agresivas y subyugantes llamadas de comerciales para invertir en espacios publicitarios. Supuestamente, pues algunas publicaciones son inexistentes, se insertan en revistas de cuerpos oficiales, sus sindicatos, fundaciones y ese largo etcétera de lo ‘institucional’.
Las víctimas del timo-estafa piensan, cuando reciben la propuesta, en una colaboración ‘interesada’ con Policía, Guardia Civil e Inspecciones oficiales. Pero todo se torna en un calvario. Tras insertarse los anuncios que se suponía avalada esas instituciones los anunciantes siguen recibiendo llamadas que les conminan a mantener su publicidad en un listado de publicaciones de variopintos títulos, siempre supuestamente vinculadas a organismos oficiales, principalmente cuerpos policiales y de Hacienda.
Los empresarios sevillanos que lo han denunciado en sus círculos, rara vez ante la Policía o los Juzgados, se consideran víctimas del ‘timo de la revista’. En pocas ocasiones la reciben físicamente. Cuando lo hacen, comprueban que su anuncio se inserta en verdaderos soportes creados casi exclusivamente para vender publicidad, siendo el texto que lo acompaña de nulo valor. La difusión es un misterio. Se avala mediante logos y cifras inventadas en el mejor de las ocasiones.
Años atrás, la Benemérita orquestó las denominada Operación ‘Quiosco’. Entre otros detuvo al sevillano Cristóbal R. T. a quien se le consideró ‘capo’ de una trama empresarial implantada en la capital española aunque su cuartel general se situaba en la capital hispalense. El fraude consistía en obtener miles de euros de empresarios incautos a cambio de publicitarse en publicaciones, repetimos, ilegales.
Los más ingenuos, recalcamos que muy renuentes a denunciar, obviaron los continuos mensajes de la Agencia Tributaria, Ministerio de Trabajo, Consejerías andaluza, Guardia Civil y Policía lanzados en las redes sociales y colgados en sus portales en internet sobre las estafas que ejecutan ‘comerciales’ vendiendo espacios publicitarios en publicaciones no oficiales, inexistentes o que carecen de la oficialidad que aventuran estos desalmados.
Hay casos muy llamativos entre los pocos denunciantes de éstas prácticas. Nos referimos a empresarios de transporte, repartidores y autónomos del ramo que reciben multas. Reciben llamadas de tan agresivos comerciales dándoles a entender que si donan a supuestos entes benéficos o compran publicidad, la Policía Local, Guardia Civil o Junta de Andalucía serás más benevolente con las infracciones. Nada más lejos de la realidad.
El Ministerio de Interior confirma que sólo existen dos revistas vinculadas oficialmente a los cuerpos policiales. Una es ‘Policía’, del Cuerpo Nacional de Policía. Otra es ‘Guardia Civil’, publicación de la Benemérita. Los agentes publicitarios de dichas publicaciones, repetimos, oficiales y avaladas por el Ministerio están debidamente acreditados para tales menesteres. Los espacios comerciales de dichas publicaciones identifican a los anunciantes y las cuentas se transparentan en auditorías oficiales. No constan publicaciones oficiales periódicas del Ministerio de Hacienda, Trabajo u otros organismos autonómicos o locales que vendan publicidad por canales llamémosle atípicos.
La detención de Cristóbal R. T. destapó que la publicación del sindicato policial minoritario UFP la publicaba su trama editora mediante convenio. Su responsable en Sevilla años atrás admitió que hay ‘fraude’ tras no negar que hay comerciales que no trabajan para la revista, pero que invocan sus siglas y logos para vender publicidad en nombre de la Policía, lo que entrañaría un presunto delito de usurpación de funciones.
Hablaríamos pues de publicaciones ‘paralelas’ sobre las oficiales de sindicatos policiales que se usan para cometer este fraude. Un tanto parecido pasa con otros entes sindicales de la Policía Local, Guardia Civil y colectivos de Bomberos destacados en misiones humanitarias. Durante los últimos tiempos se observa el fenómeno de comerciales que venden espacios para la inexistente revista de la Brigada de Rescate Minero, los héroes que hallaron al pequeño Julen meses atrás.
Otras revistas no oficiales que se usan para captar miles de euros en publicidad se llaman ‘Tesoro Público’, ‘Veteranos de la Guardia Civil’, ‘Ciudadanos y Policías’, ‘Policía Sindical Española’. Como vemos los títulos de las publicaciones inducen al engaño al no ser oficiales.
