-
Cuadro de la epidemia de peste donde se muestra la multitud delante del Hospital de la Sangre. / El Correo
Volvamos a Sevilla en esta serie de artículos centrados en el más grave brote de Listeriosis acaecido en España en los últimos tiempos. Sevilla es una capital cuya vecindad la acarician desde tiempos remotos. Ubicada en el tramo bajo del Guadalquivir muchos pueblos y culturas optaron por establecer en una zona donde hay bondades climáticas, fértiles tierras y el agua dulce (el desparecido Lago Ligustinus, Río Guadalquivir y afluentes) y salada (marismas y el Atlántico) le quedan ‘a la mano’.
Los vestigios prehistóricos, los restos iberos (Aljarafe), fenicios (Ispal), tartesios, romanos (Híspalis e Itálica), musulmanes (Isbiliya) y los presentes cristianos dan fe del interés de pueblos, culturas y religiones por estar cerca de una Sevilla perseguida históricamente por las epidemias.
Los registros de los historiadores sitúan en 1649 la epidemia de peste más letal que ha padecido Sevilla. Supuso la muerte de más de 60.000 personas, lo que representaba el 46 % de la población de la ciudad en aquellos años.
La epidemia de 1649 fue por peste bubónica procedente de África que trasmiten las ratas. Se habría originado en puertos cercanos a Sevilla y fue más virulenta en Valencia en 1647 para extenderse por el resto de Andalucía, Aragón y Murcia.
Aquella primavera de 1646 fue lluviosa en Sevilla. Se inundaron barrios enteros, en especial la Alameda de Hércules por la que no era la primera vez que se navegaba. Las riadas del Guadalquivir limitaron el suministro de Sevilla. El desabastecimiento encareció precios y especulación.
Apareció el hambre. Diego Ortiz de Zúñiga, Caldera Heredia o en Memorias de Sevilla transcritas por Morales Padrón relatan que miles de personas morían cada día. La peste abarcó toda la ciudad, siendo más letal en barrios pobres como Triana.
Para enterrar los cadáveres se abrieron ‘carneros’ (fosas). El experto en lo insólito José Manuel García Bautista retrata también con detalle cómo y por qué fue esta epidemia. Antes, Sevilla padeció otros brotes epidémicos de peste en 1302, 1350 y 1362 contagiados por pulgas. En 1852 hubo un brote de tifus.
Legionella macarena
En el verano de 2009, justo hace diez años, hubo otro brote patológico aunque el número de afectados redujo el tema sobre el concepto de epidemia. Las consecuencias, eso sí, fueron trágicas. Fallecieron 4 personas y existieron 14 afectados.
Como parece que no aprendemos la lección en parte porque muchas enfermedades graves comparten síntomas y engaña sobre sus causas, este brote de Legionella fundió muchos plomos institucionales, de una multinacional hotelera y de expertos en esquivar responsabilidades.
La Legionella, o legionelosis, es una patología grave causada por ’Legionella pneumophila’. Es una bacteria que adopta dos formas de presentación: infección pulmonar (enfermedad del legionario), por neumonía con fiebre alta y la fiebre de Pontiac, fiebres muy agudas. La evolución más letal de la Legionelosis provoca la muerte por falta de aire en los pulmones, conmoción y fallo multiorgánico. El contagio de la Legionelosis se produce por contacto con vapor de agua contaminada o mezclas de tierra para macetas. El vapor infectado proviene del hogar, bañeras, duchas calientes o climatizadores de edificios. El contagio no se trasmite entre personas.
El brote sevillano de Leginoelosis se originó en las torres de refrigeración ubicadas en la azotea del Hotel Macarena. Hasta dar con el origen del brote hubo toda clase de obstáculos para que se dictaminaran las responsabilidades. La cadena Meliá, líder hotelera española, en el caribe y latino américa que cotiza en bolsa era en 2009 la gestora del Macarena.
Las investigaciones judiciales imputaron al Director del Hotel Macarena, técnicos de mantenimiento de la cadena, contratas de climatización de Meliá y a un laboratorio que analizó pruebas. Los cargos fueron por homicidio por negligencia graves de los fallecidos y por los lesionados de daños. La batalla legal duró casi seis años y la protagonizó el bufete Trajano XXV, a cuyo frente está el jurista Ramón Escudero Espín. Ese despacho defendió a un gran número de víctimas, aunque el Letrado Francisco Tejado defendió a los familiares de un fallecido.
El Juzgado de Instrucción nº 15 de Sevilla fijó fianzas para los encartados. Estos fueron irredentos negando responsabilidades frente a las graves consecuencias del foco patológico.
Las negligencias se extendieron sigilosamente hacia inspecciones oficiales (sanidad, laboral, ayuntamiento, urbanismo...) pero el escándalo quedó en la tormenta que se cierne sobre un vaso de agua. Las fianzas de los imputados fueron abonadas por Mapfre Seguros de Empresas, Banco Vitalicio, Sol Meliá y Sick Building Syndrome Lab. Globalizaron 1,9 millones de euros.
La realidad informó que las dos torres de refrigeración del Macarena ni eran controladas, ni revisadas, ni había planes de ejecutar obligaciones oficiales. Nadie adoptó medidas para evitar una alerta sanitaria, repetimos, de trágicas consecuencias.
Finalmente, el Juzgado Penal nº 3 de Sevilla multó a los encartados con 2.700 euros tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía los acusados, para los que la misma fiscalía ‘pactista’ pedía 4 años de cárcel. Eso sí, los deudos de los fallecidos cobraron sumas que triplicaban lo normal en estos tristes casos y los lesionados cobraron hasta 60.000 euros según las patologías y secuelas acreditadas.
La historia de este brote no terminó con el malditismo del Hotel Macarena. Rápidamente lo vendió Meliá y ha conocido ya numerosos dueños y gestores desde que abriera sus puertas al público. Hay leyendas sobre sucedidos en habitaciones, celebraciones, fiestas, el antiguo piano-bar y su proximidad con el antiguo Hospital de la Sangre (antiguo Hospital Central, de la Cinco Llagas, hoy Parlamento de Andalucía) y las murallas donde asesinaron -entre julio y agosto de 1936- a incontables sevillanos.
Pinceladas sobre Magrudis SL
Antes de abordar en sí el brote epidémico de Listeriosis de Sevilla cuya responsabilidad apunta a Magrudis SL, conviene que se sepa más sobre esta sociedad limitada con capital social de 3.000 euros, el mínimo legal. Se ubica en una nave alquilada y sus responsables no tendrían bienes inscritos en Registro, según repite el portavoz de FACUA.
Estamos ante un ubicuo y ágil colectivo consumerista que ocupa el papel que debería ejercer la Justicia, la Junta, el Ayuntamiento y esa sociedad civil anestesiada por la comodidad de que la ‘cosa pública’ nos resuelva el problema.
El Administrador y responsable legal de MAGRUDIS SL es Sandro José Marín Rodríguez. Cuando se creó la empresa tenía 21 años y era estudiante; disfrutó del programa Erasmus en Polonia tras estudiar en el Colegio Claret sevillano. Su padre, José Antonio Marín Ponce, lleva años relacionado al sector cárnico. No hay noticia sobre si tiene estudios superiores, formación bromatológica o alimentaria.
Previas aventuras empresariales fallidas (regentó empresas sobre las que se decretaron ‘cobros imposibles’ cuando sus empleados intentaron cobrar deudas) le habrían invitado a ceder oficialmente su función de ‘factótum’ a su hijo, también responsable legal a todos los efectos que le esperan en juzgados.
Es decir, MAGRUDIS SL tiene un capital social simbólico a pesar de facturar casi 700.000 euros según sus últimas cuentas presentadas al Registro mercantil. Se desconocen las sumas que manejarían al margen de la legalidad fiscal y social. Varias referencias apuntan a que parte de las ventas de MAGRUDIS se cobran en efectivo y que tendría muchos colaboradores sin relación laboral con esta empresa cárnica.
La plantilla de MAGRUDIS SL es un misterio. Testimonios de competidores, vecinos de nave que ocupan en un polígono sevillano, proveedores y clientes no invitan a pensar que tenga a más de 5 empleados desconociéndose si están bajo contrato las horas que trabajan. Al parecer, el canal comercial de sus productos está en minoristas de alimentación, hostelería, pequeñas empresas y particulares.
Las ventas alcanzan la provincia sevillana y limítrofes. Hablamos, pues, de una pyme que sobrevive como puede y que justifica -el Sr. Marín padre- su higiene en un considerable ‘gasto en lejía’ rebatiendo como ‘mentiras’ las evidencias que le señalan como origen del brote de Listeriosis. No aporta réplica alguna.
La catarata de demandas y denuncias judiciales que le espera a MAGRUDIS SL nos interroga sobre si ‘quien corresponda’ puede permitir que la empresa que factura decenas o cientos de miles de euros, jugaría con la salud pública y la seguridad alimentaria, sólo respondería con 3.000€.
Presentarse como insolventes sus familiares propietarios y no enseñar la pólìza de responsabilidad civil que deberá amparar a los cientos de afectados es de nota, o de ampliar diligencias judiciales. Se calcula que serán varios millones de euros las responsabilidades pecuniarias. Además de la seguridad alimentaria quebrada hay otra, la jurídica, que parece volatizarse. ‘Quien corresponde’ deberá tomar nota de esta inseguridad jurìdica que puede afectarle a cualquiera.
Los sistemas de autocontrol de MAGRUDIS SL, como se intuye, han sido nulos ante la presencia de la bacteria que generó el brote tras conocerse meses antes de la alerta sanitaria del pasado 15 de agosto. La ‘declaración responsable’ que MAGRUDIS SL y cualquiera que abra un negocio en España ha resultado ser un coladero para los que no tiene la buena fe como norte empresarial.
Ese terreno invita a pensar que la ‘declaración responsable’ representa una confianza ciega de la autoridad que no contempla el fraude como elemento operativo. ¿Inspecciones aleatorias serían la solución? Pagarán justos por pecadores y se programaran campañas inquisitoriales. Tiempo al tiempo.
No es de recibo que MAGRUDIS SL se ‘legalice’ ante el Ayuntamiento de Sevilla años después de su apertura. Es difícil entender que no exista control efectivo sobre las ‘declaraciones responsables’ que sustituyen a las antiguas licencias de apertura municipales.
No se entiende cómo la inspectora municipal que tiene asignado a MAGRUDIS SL rebaje, presuntamente, el riesgo sanitario sin cotejar otros parámetros más allá de la declaración unilateral, acaso bondadosa, de los responsables de la cárnica. El ‘caso MAGRUDIS SL’ debe hacer reflexionar a tan ‘preparada’ y minuciosa inspección para no repetir errores.
El Ayuntamiento de Sevilla ha informado que Magrudis se dio de alta en el Registro General Sanitario de empresas alimentarias y alimentos de la Junta de Andalucía en el año 2015 ‘sin contar con la documentación correspondiente y necesaria por parte del Ayuntamiento de Sevilla’. Sobran más comentarios.